El Arbitraje Administrativo en la contratación pública peruana: ¿evolución o contradicción?

Resumen

Con el devenir de la modernidad han surgido relaciones comerciales de diversa índole que han derivado en nuevos tipos de conflicto y que requieren una particular atención. Este contexto ha demostrado, con meridiana claridad, que las instancias ordinarias del Derecho no tienen el expertise necesario para afrontar este tipo de problemas. Así, el Derecho moderno, al ser un fenómeno social, ha ido adaptándose a esta evolución. En ese ámbito, es donde progresivamente el arbitraje ha tomado mayor relevancia con los años. Actualmente, los estamentos legales tradicionales, como el Poder Judicial, más allá de su evidente impericia en ciertas materias, no se dan abasto para solucionar con eficiencia las controversias sometidas a su jurisdicción. En virtud de ello, el Estado peruano, dentro de su marco legal, ha dispuesto a la figura del arbitraje como un medio para evitar los tribunales judiciales nacionales a fin de resolver las disputas entre entidades gubernamentales y privados. A tal punto que el mismo Estado en su Ley de Contrataciones con el Estado del año 2008 —publicada mediante el Decreto Legislativo 1017— mencionó el concepto de arbitraje administrativo, el cual aún es usado en nuestros días sin tener una definición clara y precisa. El objeto del presente artículo pretende desarrollar esta figura partiendo del por qué de la misma y analizar si esta encuentra una razón de existir en el contexto actual de Contrataciones con el Estado o si la misma constituye una quimera jurídica aún en formación. En suma, nuestra intención en las siguientes líneas, sin ser exhaustivos, es dar una breve reflexión sobre lo que de cara al arbitraje importa la regulación del arbitraje administrativo y analizar si esta figura ya existe en el marco actual o, por el contrario, nos encontramos ante una burocratización de la figura.