LOS AÑOS DE FUJIMORI (1990-2000)
José Ragas
Instituto de Estudios Peruanos, 2022
doi: https://doi.org/10.26439/en.lineas.generales2025.n013.8257
Adolfo Tantaleán
Universidad de Lima
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Ragas describe los acontecimientos políticos, económicos y socioculturales ocurridos en el Perú durante la última década del siglo xx. La narración inicia destacando el papel de dos figuras emblemáticas en las elecciones presidenciales de 1990: Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa. El primero, hijo de migrantes japoneses, enfrentó la xenofobia hacia la colonia nipona. Estudió ingeniería agrónoma en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Años después, en su ejercicio como docente, se destacó como un profesor muy apreciado por sus estudiantes, logrando un notable porcentaje de aprobados del 95 %.
Sobre Mario Vargas Llosa, Ragas señala que estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y formó parte de círculos de izquierda, llegando a relacionarse con Isaac Humala, padre de Ollanta Humala, presidente de la República entre 2011 y 2016. Con el tiempo, Vargas Llosa se distanció de la izquierda y adoptó el liberalismo, una transformación que marcó su desarrollo como escritor e intelectual.
Fujimori y Vargas Llosa fueron convocados por los presidentes de la década de 1980, aunque con propósitos diferentes. Fernando Belaúnde invitó a la comunidad nikkei al Palacio de Gobierno para conmemorar su llegada al Perú, mientras que Alan García Pérez solicitó a Fujimori asesoramiento en temas de agricultura. Gracias a su labor como asesor, Fujimori tuvo la oportunidad de conducir el programa televisivo Concertando, lo que le permitió fortalecer tanto sus relaciones políticas como sus habilidades comunicativas.
Por su parte, Vargas Llosa fue designado por Belaunde para investigar la masacre de ocho periodistas y un comunero en Uchuraccay (26 de enero de 1983), lo que lo posicionó como una figura clave en el ámbito político, tan es así que incluso llegó a recibir la oferta para ocupar el cargo de premier. Sin embargo, la rechazó debido que no le dieron la posibilidad de realizar cambios ministeriales.
El 28 de julio de 1987, el presidente García anunció la estatización del sistema financiero y la banca. El anuncio llevó a Vargas Llosa a convertirse en un crítico de las políticas económicas de Alan García, lo cual marcó su transición hacia el liberalismo y lo perfiló como el candidato presidencial que anunciaba el futuro neoliberalismo en el Perú.
Con la fundación del movimiento político Libertad (agosto de 1987) y la formación de la alianza electoral Frente Democrático o Fredemo (febrero de 1998), su comando de campaña lo elevó a un estatus casi intocable, anulando prácticamente a sus contendientes en la carrera por la presidencia de la República.
Vargas Llosa perdería las elecciones presidenciales de 1990, en parte por no lograr proyectarse como el independiente que siempre aspiró a ser. Los compromisos políticos que había adquirido le impidieron desvincularse de las alianzas pactadas, lo que afectó su imagen ante el electorado. Finalmente, la derrota del Fredemo se interpretó como una consecuencia inevitable de su compromiso con Acción Popular, liderada por Fernando Belaúnde Terry, y el Partido Popular Cristiano, encabezado por Luis Bedoya Reyes.
Una vez concluidas las elecciones presidenciales, Alberto Fujimori, como presidente electo, viajó a los Estados Unidos acompañado de sus asesores económicos. El objetivo principal de este viaje fue garantizar el regreso del Perú a la comunidad financiera internacional. Javier Pérez de Cuellar, entonces secretario general de las Naciones Unidas, actuó como mediador en las reuniones entre Fujimori y los representantes de los organismos financieros internacionales. El resultado de ese viaje no dejó lugar a dudas: el camino económico a seguir estaba alineado con las políticas del Consenso de Washington.
En los primeros años de su gobierno, Fujimori libró varias batallas en paralelo. La primera fue contra los partidos políticos tradicionales; necesitaba desprestigiarlos con el objetivo de justificar el futuro cierre del Congreso. En esa lucha también incluyó al Poder Judicial, al Ministerio Público y a cualquier otra institución democrática que pudiera representar un obstáculo para la toma del poder.
La segunda batalla fue contra la hiperinflación. Juan Carlos Hurtado Miller, en su calidad de premier y ministro de Economía y Finanzas, anunció las medidas económicas del gobierno, conocidas como el fujishock. Las consecuencias sociales fueron inmediatas: se registraron decomisos de camiones cargados de alimentos, actos de saqueo y se organizaron ferias municipales, eventos que marcaron los días que siguieron al 8 de agosto de 1990. Estos incidentes brindaron al Ejecutivo la oportunidad de utilizar la asistencia alimentaria con fines políticos, en función de sus futuros planes, entre ellos el autogolpe del 5 de abril de 1992.
La tercera batalla fue contra los movimientos sociales, específicamente el movimiento obrero y el estudiantil. La movilización obrera debía disiparse y eliminarse. La crisis económica de los años ochenta ya había avanzado en ese objetivo: el desempleo y la informalidad contribuyeron significativamente a la debilitación de los sindicatos y de las grandes organizaciones sindicales, como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) o la Confederación de Trabajadores de Perú (CTP). La reforma laboral y las nuevas leyes sobre el trabajo terminaron por desarticularlo completamente. El objetivo fue conseguido con el movimiento obrero.
En cuanto al movimiento estudiantil, la ocupación militar de las universidades públicas bajo el pretexto de combatir el terrorismo y el Decreto Legislativo 882 de 1996, que posibilitó la inversión privada en educación superior, abrieron las puertas para la desarticulación del movimiento estudiantil. Bajo la necesidad de “oxigenar” el régimen autocrático de Alberto Fujimori, se nombró como premier a Javier Valle Riestra. Él, en su mensaje al Congreso de la República del 6 de julio de 1998, anunció el retiro de las Fuerzas Armadas de los claustros universitarios. A pesar de lo acontecido, la lucha estudiantil prácticamente desapareció de la escena política.
El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori ejecutó un autogolpe respaldado por una significativa parte de la población. Como respuesta, la comunidad internacional exigió el restablecimiento de la institucionalidad democrática. Ante estas presiones, el mandatario convocó elecciones para conformar un Congreso Constituyente Democrático (CCD), en el cual presentó una nueva agrupación política: Nueva Mayoría (NM).
Una vez verificadas las elecciones, el oficialismo aseguró la mayoría en el CCD. Convencido de que la redacción de una nueva carta política garantizaría la transformación del Estado y redefiniría su relación con la sociedad, el gobierno procedió a la transferencia de activos estatales a manos privadas mediante la privatización de las empresas públicas. Los servicios, que antes eran un privilegio exclusivo de unas pocas familias, se volvieron accesibles para más personas, siempre y cuando tuvieran los recursos para costearlos. Así, los ciudadanos dejaron de ser considerados como tales para convertirse en clientes o consumidores.
La Constitución Política de 1993 fue aprobada mediante referéndum. Sin embargo, el estrecho margen entre ambas posiciones (el Sí y el No) evidenció que el autoritarismo no había logrado consolidarse plenamente entre los ciudadanos peruanos; aún debía afianzarse. En ese proceso de consolidación, las batallas libradas por Fujimori a inicios de los años noventa comenzaron a dar resultados. Los partidos políticos estaban tan desprestigiados que no lograron presentarse como una alternativa seria para desplazar a Fujimori del poder. Por otro lado, la hiperinflación se convertía en un mal recuerdo, difícil de desvincular del partido aprista y de su gestión gubernamental.
La reelección presidencial de Fujimori en 1995 se presentó como una mera formalidad. Su principal opositor, Javier Pérez de Cuéllar, no logró convencer a un electorado que percibió como perjudicial su cercanía con los políticos tradicionales. Por otro lado, los votantes eran testigos de las transformaciones logradas durante el primer quinquenio del gobierno fujimorista, lo que fortaleció su posición frente a sus contendientes.
El quinquenio 1995-2000 presentó grandes desafíos para Fujimori, quien buscaba formas de continuar gobernando el Perú más allá del año 2000. Una de sus primeras acciones en este segundo mandato fue la promulgación de una amnistía para los generales que intentaron el contragolpe de Estado y para los miembros del grupo paramilitar Colina. La mayoría parlamentaria, alineada con el oficialismo, consideró innecesario impulsar una reforma constitucional que facilitara la postulación de Fujimori para las elecciones del 2000. Este hecho llevó a posponer las reformas económicas de segunda generación, necesarias para consolidar los avances logrados durante el primer quinquenio. En este contexto, los intereses políticos se colocaron por encima de los intereses del país, evidenciando las prioridades del régimen en esta etapa.
El 23 de agosto de 1996, el Congreso aprobó la Ley 26657, destinada a interpretar “de modo auténtico" el artículo 112 de la Constitución Política de 1993. Con eso resolvió el problema de la postulación de Fujimori para las elecciones del 2000. Aunque el Tribunal Constitucional falló en contra de dicha ley, el Congreso lo desarticuló. También anuló cualquier posibilidad de que la sociedad civil impulsara un referéndum sobre la llamada interpretación auténtica.
A partir de esa fecha, los programas sociales se alinearon con el objetivo principal: asegurar la re-reelección presidencial. En los comedores populares, se organizaron “escuelitas” destinadas a instruir a las beneficiarias sobre cómo “votar bien” por Fujimori. Lo mismo ocurrió con la inauguración de obras públicas: cada evento se convirtió en una oportunidad para que diversas instituciones públicas promuevan su candidatura.
Un aspecto que el autor desarrolla en profundidad es el programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), que no fue simplemente un programa de control de natalidad, sino una política de Estado orientada a reducir la pobreza en las poblaciones más vulnerables y marginales del país. Sin embargo, el programa fue objeto de controversias y, posteriormente, dio lugar a una condena judicial contra Alberto Fujimori.
En el camino a la re-reelección, Alberto Fujimori enfrentó dos obstáculos importantes. El primero fue el intento de formar un partido político, tarea encargada a Absalón Vásquez, quien lideró los esfuerzos para que Vamos Vecino tuviera aceptación a nivel nacional. Sin embargo, los resultados de las elecciones municipales de 1998 demostraron que el apoyo a Fujimori no se trasladaba fácilmente a las agrupaciones que él promovía.
El segundo obstáculo fue el resurgimiento de una oposición que, aunque no articulada, buscaba un liderazgo y una alternativa electoral capaz de desplazar a Fujimori del poder. El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), con control sobre los medios de comunicación, empleó sus recursos para desprestigiar a figuras emergentes que amenazaban la re-reelección. Comenzaron con Alberto Andrade de Somos Perú; luego con Luis Castañeda Lossio de Solidaridad Nacional; y finalmente, cuando el SIN comenzó la “demolición” de la candidatura presidencial de Alejandro Toledo de Perú Posible, este logró su inmunidad política. El electorado favorable a la terminación del fujimorato, no se dejó convencer por los esfuerzos de los canales de televisión y de los llamados diarios “chicha” para desacreditarlo. Toledo logró consolidarse como líder de la oposición y una esperanza para poner fin al régimen de Fujimori.
El triunfo electoral de Alberto Fujimori en el 2000 no logró disipar a la oposición política. Su asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, desempeñó un papel central en la caída del régimen. Antes de la juramentación presidencial, Montesinos había negociado la compra de congresistas electos para que se unieran a la bancada de Perú 2000, como se evidenció en el famoso video Kouri-Montesinos (14 de septiembre del 2000). A partir de ese momento, el interés principal de Fujimori se centró en su huida del país.
El 29 de octubre del 2000, Montesinos intentó una fuga apresurada, la cual terminaría con su detención en Venezuela (24 de junio del 2001) y su posterior entrega a las autoridades peruanas. Considerando lo sucedido con su exasesor, Fujimori tuvo que elegir el momento más oportuno para salir del país y evadir la justicia peruana. Luego de la difusión del vladivideo Kouri-Montesinos, viajó a Estados Unidos con el propósito de convencer a los organismos internacionales que su permanencia en el poder garantizaría una transición ordenada. Sin embargo, la falta de respaldo internacional lo llevó a modificar su estrategia. Canceló salidas del Perú programadas con antelación y dispuso cambios en la representación peruana que asistiría a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Brunei. El 13 de noviembre del 2000 se produjo el allanamiento de la casa de playa de Montesinos y, en el Congreso, la censura de la mesa directiva liderada por Martha Hildebrandt. Fujimori aprovechó esta situación para salir del Perú, bajo el pretexto de asistir a la cumbre de la APEC, y así escapar de la justicia peruana.
El 19 de noviembre de ese mismo año, desde Japón, Fujimori envió su carta de renuncia a la presidencia de la República, la cual fue rechazada por el Congreso, que declaró la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Con la finalidad de fortalecer los lazos entre el imperio japonés y el Perú, Fujimori postuló, sin éxito, al Senado de ese país. Posteriormente, con miras a las elecciones presidenciales del 2006, el 6 de noviembre del 2005 abandonó la tierra de sus padres y se instaló en Chile. Allí, las autoridades ordenaron su arresto y, tras un proceso judicial, fue extraditado al Perú para enfrentar la justicia.