Reseñas bibliográficas

doi: https://doi.org/10.26439/en.lineas.generales2025.n013.8255

La modernidad esquiva. civilismo, guerra y feminismo
(1872-1919)

María Emma Mannarelli y Margarita Zegarra
Derrama Magisterial, 2022

Adolfo Tantaleán
Universidad de Lima
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El objetivo del texto es describir las ideas, proyectos e intentos por materializar la modernidad. En la década de 1870, el Perú aún arrastraba una serie de continuidades de orden colonial, como el uso de castigos físicos para ejercer autoridad y disciplina sobre los subalternos, el racismo y la servidumbre de la población indígena a manos de los hacendados de la sierra, entre otros. Era un país con una baja densidad poblacional, donde la mayoría de la población era indígena y se concentraba principalmente en la sierra sur. Debido al analfabetismo, esta población permanecía excluida de los procesos electorales.

En aquellos años, el Perú contaba con una clase social enriquecida durante la década de 1860, gracias a la comercialización del guano en Inglaterra y otros mercados europeos, así como a los empréstitos que el Estado solicitaba recurrentemente para financiar sus actividades. Sin embargo, tras la firma del contrato Dreyfus en 1869, esta clase perdió las bases para seguir acrecentando su poder económico y decidió buscar el control político. Para ello, era necesario poner fin al militarismo, aunque no necesariamente a los militares, ya que algunos mandos, como el capitán Miguel Grau, simpatizaban con las ideas del civilismo.

Los miembros más representativos de esta clase social se organizaron en la Sociedad Independencia Electoral (SIE), cuyo liderazgo recayó en Manuel Pardo y Lavalle. Él innovó la forma de hacer política en el Perú. Durante los primeros años de la República y a lo largo del siglo xix, la política estaba ligada a reuniones familiares, en las que se fortalecían lazos, se creaban o ampliaban redes clientelares y se vinculaban los intereses comerciales particulares con las actividades del Estado. Pardo alejó la política de los espacios familiares e involucró tanto a los sectores más acomodados como a los más empobrecidos de la sociedad peruana.

La SIE participó en las elecciones presidenciales de 1872, en las que resultó vencedora. Manuel Pardo había anticipado una serie de reformas dentro del Estado, con el objetivo de convertirlo en un promotor del desarrollo económico en el Perú. Entre estas reformas destacaba la reestructuración del Ejército y del sistema de ascensos militares, lo que perjudicaba a varios altos mandos. Esta fue la razón que esgrimieron los hermanos Gutiérrez para justificar su rebelión, la cual terminó con la muerte de tres de los cuatro hermanos a manos de las turbas populares.

Cabe destacar que, en la década de 1870, las mujeres no estuvieron al margen de la campaña electoral ni de las intrigas políticas en la disputa por el poder. También jugaron un papel fundamental en la creación de nuevos espacios de sociabilidad, pues destacadas damas fundaron sociedades literarias en las que abordaron los problemas de su género y promovieron la educación como vía para su “emancipación”.

Durante el gobierno civilista (1872-1876) se tuvo que hacer frente a la quiebra económica del país. Los ingresos que el Perú debía recibir por el contrato Dreyfus estaban comprometidos en el pago de empréstitos, adelantos e intereses derivados de las inversiones estatales en la construcción de ferrocarriles. A esto se sumaron los intentos insurreccionales de Nicolás de Piérola y de otros opositores del civilismo, que agravaron aún más las dificultades del Estado.

Ante la necesidad de ingresos y el auge de la comercialización del salitre en el sur, Pardo estableció un nuevo monopolio, lo que generó una contradicción dentro del civilismo: el Estado, que debía fomentar la iniciativa privada en la economía, terminaba por intervenir en ella en lugar de incentivarla.

Durante su ejercicio presidencial, Pardo impulsó la educación, la profesionalización del Ejército y la migración extranjera. En cuanto a la educación, promovió la descentralización administrativa, estableciendo que cada departamento debía generar y administrar sus propios recursos en función de los intereses de su población. Para determinar el monto que podía recaudarse, se creó una oficina de estadística con el fin de conocer el tamaño de la población y calcular los impuestos correspondientes. Bajo esa perspectiva, los ingresos de cada departamento también debían destinarse a financiar la educación. Sin embargo, la imposición de tributos generaba descontento y fomentaba la rebelión contra el Estado, lo que llevó a que dicho proyecto quedara trunco. Otro desafío a resolver fue la educación de la mujer. El debate se redujo a dos posturas: educarla para que cumpliera con las responsabilidades impuestas por la sociedad en cuanto a su género o formarla para que pudiera ser productiva.

Pardo comprendió que el Perú de la época era propenso a todo tipo de aventuras militares. Su objetivo no era mantener un ejército numeroso, sino plasmar sus ideas a través de obras públicas. Con esa premisa, creó una escuela militar y, para mantener a los militares ocupados y alejados de las conspiraciones o intrigas políticas, les ordenó participar en la colonización de la selva.

La migración extranjera era un tema delicado. Pardo había participado en la importación de culís, logrando cierto éxito económico, pero el negocio tuvo que ser abandonado debido a la presión de Inglaterra. En el Perú de la época, la presencia china no era considerada favorable para el desarrollo del país, ya que se les veía como una “raza degenerada”. Uno de los ejes del rechazo radicaba en el uso de hierbas medicinales. La élite, en cambio, buscaba promover la llegada de inmigrantes europeos con la intención de “blanquear” el Perú. Sin embargo, italianos en su mayoría, arribaron con el objetivo de establecer negocios, mientras que las mujeres francesas fueron insertadas en las familias de la clase alta como niñeras, en reemplazo de mujeres con ascendencia africana. Con ello se pretendía eliminar cualquier vínculo con la “barbarie” de la raza negra y transmitir los valores de la civilización occidental a las futuras generaciones del Perú.

En medio de los esfuerzos políticos por modernizar la sociedad peruana, el país se vio arrastrado a la guerra con Chile. En la década de 1870, los intereses económicos chilenos se asociaron con los de Inglaterra para la explotación del salitre boliviano. El país altiplánico prácticamente no recibía beneficios económicos por este valioso recurso, hasta que el presidente Hilarión Daza decidió imponer un impuesto. La negativa a cumplir con esta medida detonó la ocupación militar chilena de Antofagasta.

La guerra había comenzado y se resolvió rápidamente. Con la captura del monitor Huáscar en el combate de Angamos (8 de octubre de 1879), la victoria se inclinó a favor de Chile. A partir de entonces, las operaciones militares chilenas se concentraron en la ocupación del sur, lo cual permitió que el enemigo obtuviera recursos para financiar la guerra contra el Perú. Los líderes políticos peruanos demostraron su inclinación caudillista y su tendencia a la improvisación. Mariano Ignacio Prado viajó al sur para dirigir las acciones militares peruanas, pero, tras su fracaso en la batalla del Alto de la Alianza (26 mayo 1880), se retiró a Europa con el propósito de adquirir armas para continuar la lucha contra el ejército invasor. Regresaría años más tarde, solo cuando el Congreso permitió su retorno.

En plena guerra, Nicolas de Piérola lideró un exitoso golpe de Estado. Aunque el Ejército receló el hecho, terminó aceptándolo. Sin embargo, esta decisión condicionó las acciones militares peruanas. Piérola, temeroso de que el Ejército organizara un contragolpe, tomó decisiones que entorpecieron la defensa nacional, incluso en contra de los esfuerzos de Andrés A. Cáceres durante la resistencia de La Breña. El enemigo aprovechó para imponer cupos, destruir haciendas e ingenios, desmantelar ferrocarriles, hurtar libros, obras de arte y equipos de enseñanza universitaria, entre otros bienes nacionales. Con estos hechos, la supuesta “civilidad” chilena quedó en entredicho.

En relación con la mujer, la guerra tuvo dos consecuencias cruciales. En primer lugar, reafirmó su papel como auxiliares dentro del Ejército. Las rabonas se desempeñaron como enfermeras, lavanderas, cocineras e incluso espías del Ejército del centro. Gracias a la información que trasladaban a Andrés A. Cáceres, este pudo desarrollar estrategias militares más eficaces para enfrentar a los invasores chilenos. En segundo lugar, durante la ocupación chilena, en la capital se abrieron escuelas para mujeres. Aunque fueron iniciativas privadas, al finalizar la guerra, en medio de la reorganización del Estado y la reconstrucción nacional, estos esfuerzos no se abandonaron. Por el contrario, los centros de instrucción femenina se multiplicaron.

En las primeras décadas del siglo xx, los debates sobre la educación femenina se centraron en dos posturas: educar a la mujer para que desempeñara un rol protagónico en la crianza de los hijos y el cuidado del esposo, o educarla para emanciparla de la dependencia masculina. Una manera de atender esta problemática fue la creación de una comisión encargada de aplicar un conjunto de reformas en los principales colegios de educandas. Sin embargo, dichas reformas no lograron modificar la situación real: la educación femenina seguía orientada en perpetuar el rol tradicional de la mujer.

Retomando la ocupación chilena, era necesario ponerle fin para dar inicio a la reconstrucción nacional. El general Miguel Iglesias se proclamó presidente regenerador y firmó el Tratado de Ancón. Sin embargo, Andrés A. Cáceres, el héroe de La Breña, se opuso a su gobierno y lo enfrentó en una guerra civil, de la que resultó vencedor. Convocadas las elecciones presidenciales en 1895, el Brujo de los Andes salió triunfador. Como presidente del Perú, debía reorganizar el Estado y, para ello, era imprescindible resolver la crisis financiera. El contrato Grace, aunque ampliamente cuestionado por los opositores de Cáceres, permitió estabilizar la economía, pero también facilitó la dominación imperialista británica.

Los antiguos aliados de Cáceres, las guerrillas y montoneras indígenas, fueron considerados elementos incivilizados y, como tal, combatidos por el presidente de la República. Los debates sobre la inclusión o exclusión de los indígenas dentro de la nación peruana fueron abordados por intelectuales como Francisco García Calderón y Manuel Gonzáles Prada, entre otros. Estas discusiones se insertaron en los planes de descentralización político-administrativa y llevaron a la proyección de nuevos impuestos, cuyo cobro provocó levantamientos, como el de Atusparia. Otro eje de debate fue el protagonizado por las mujeres, quienes encontraron en la literatura y el periodismo no solo un medio para denunciar las cargas impuestas por su condición, sino también una plataforma para exponer los riesgos del matrimonio por conveniencia, los problemas relacionados con la sexualidad y la maternidad, así como para promover el feminismo.

Las reformas emprendidas por Cáceres eliminaron gran parte de las continuidades del orden colonial. Nicolás de Piérola, su sucesor, fue el forjador de un nuevo orden político, económico y social. Centró su atención en la reforma del Ejército, el sistema electoral y otros aspectos de la vida nacional. Era necesario profesionalizar el Ejército y, con ese propósito, se contrató una misión francesa que le otorgó una estructura moderna y verdaderamente profesional. Sin embargo, surgió el desafío de atraer a los jóvenes de las clases acomodadas al cuerpo de oficiales y, al mismo tiempo, lograr que la conscripción militar de la población indígena fuera percibida como un factor de civilización. Para ello, se promulgó una ley de servicio militar, la cual estableció la creación de un registro de la población en edad de prestar servicio y dispuso el acuartelamiento de los elementos necesarios. Muchos de los indígenas que cumplieron con el servicio militar regresaron a sus comunidades y se convirtieron en sus líderes.

Durante el civilismo, la educación fue un aspecto central en las aspiraciones de modernización de la élite. El aumento del presupuesto en el sector propició la creación de más escuelas y, consecuentemente, el número de maestros y maestras creció de manera proporcional. El Estado concebía la educación como un privilegio de la ciudad y, específicamente, de la costa. Su objetivo principal era la formación de ciudadanos. La educación inicial también recibió un impulso, aunque fue promovida por iniciativas privadas. Las primeras escuelas, denominadas kinder, aplicaron las ideas pedagógicas en boga. La educación inicial se redujo a los hijos de las familias adineradas de Lima.

En las zonas andinas, la escuela fiscal era prácticamente inexistente. Las pocas que existieron fueron iniciativa de particulares y enfrentaron la oposición de los poderes locales: obispos, gamonales y autoridades. El argumento que justificaba el abandono del Estado en la educación rural era la supuesta inferioridad del indígena, considerado un lastre, asociado con el analfabetismo, y que debía superarse. Un problema adicional, ampliamente conocido, era el uso de los infantes indígenas como “domésticos” de la élite capitalina y provincial, lo que los sustraía de la escuela. Las voces que surgieron en defensa de los indígenas, los indigenistas, no lograron cambiar esa situación. Sin embargo, a través de organizaciones como la Asociación Pro Indígena, impulsada por Pedro Zulen, Dora Mayer y Joaquín Capelo, consiguieron que el debate fuera prolífico. No obstante, sus ideas no se tradujeron en políticas de Estado.

Las ciudades experimentaron un proceso de modernización: la apertura de nuevas avenidas se convirtió en una constante, y estos espacios urbanos fueron ocupados por las clases altas. Las antiguas casonas señoriales, transformadas en quintas y callejones, comenzaron a ser habitadas por artesanos y obreros, quienes, con el tiempo, terminaron por tugurizarse. En las áreas urbanas, no solo los obreros emergieron como nuevos actores sociales, sino que también surgieron actividades que se integraron a la vida cotidiana. Un ejemplo de ello fue el uso de bicicletas por parte de las mujeres. Este fenómeno generó intensos debates: ¿era apropiado que la mujer se mostrara en la escena pública?, ¿era saludable para ellas el uso de la bicicleta? Estas discusiones reflejaban otro intento de las élites por encuadrar el comportamiento femenino dentro de los moldes tradicionales de género.

La economía peruana también ingresó en la ola de la modernidad. En la costa, el auge exportador del azúcar respondió a la demanda internacional, aunque este ciclo llegaría a su ocaso con el fin de la Primera Guerra Mundial. Las grandes haciendas quedaron bajo el dominio del gran capital, siendo las familias peruanas las más representativas en el sector. También floreció el cultivo de algodón, destacándose el desarrollo del algodón Tangüis, una variedad resistente a las plagas. En el sector minero, la inversión estadounidense desplazó a los pequeños empresarios peruanos. En su afán por lograr autosuficiencia, las compañías extranjeras se vieron obligadas a comprar tierras a los campesinos, como ocurrió con la Cerro de Pasco Corporation. Tanto en las haciendas azucareras como en los centros mineros, la escasez de mano de obra era un problema común, el cual se resolvió mediante el sistema de enganche. Un caso destacable fue el ingreso del capitalismo en la sierra norte, específicamente en Cajamarca, impulsado por la dinámica económica de la costa norte. Los hacendados azucareros, en su búsqueda de autosuficiencia, adquirieron o alquilaron haciendas en Cajamarca, mientras que los empresarios locales aprovecharon la oportunidad para expandir sus actividades económicas en respuesta a la creciente demanda de productos agropecuarios. Por otro lado, la selva experimentó un acelerado crecimiento económico gracias a la extracción del caucho. Sin embargo, los empresarios caucheros recurrieron a la explotación de la mano de obra nativa mediante métodos que escandalizaron a los europeos, especialmente a los ingleses, lo que llevó al Gobierno británico a enviar un comisionado para investigar las denuncias. La fiebre del caucho provocó el descenso, e incluso el exterminio, de varios grupos nativos.

Un terreno en el que el civilismo tuvo que desplegar más esfuerzos para imponer su modernización fue el de la secularización. Conforme a la Constitución Política de 1860, el Perú era un país católico. Sin embargo, a fines del xix y durante las primeras décadas del xx, el Estado buscó asumir funciones que tradicionalmente habían sido exclusivas de la Iglesia, como el registro civil de nacimientos y defunciones. La jerarquía eclesiástica obstaculizó esta intención estatal. Otro factor clave en el proceso fue la presencia de los no católicos y su influencia en la sociedad. Muchos de ellos eran dueños de colegios altamente reputados entre la élite, en los que se aplicaban los principios de la Escuela Nueva.

La ley que reconoció el matrimonio civil molestó al sumo pontífice, quién, a través de una misiva dirigida a la jerarquía eclesiástica peruana, exigió realizar todo tipo de acciones para defender el matrimonio religioso. Entre otros argumentos, se sostenía que este garantizaba el orden social y era el único ámbito legítimo para la sexualidad reproductiva. La Iglesia logró que el Congreso derogara el reconocimiento de los matrimonios de extranjeros no católicos, sin tomar en cuenta las protestas de los países europeos, que exigían una solución formal para la conyugalidad de sus connacionales. Asimismo, la Iglesia impidió que se legislara en favor de los hijos nacidos fuera del matrimonio.

Finalmente, el civilismo buscó dar solución a diversos problemas de salud pública, como la alta tasa de mortalidad femenina, la elevada mortalidad infantil, la higiene pública y las enfermedades mentales. Las instituciones sanitarias que atendían a pacientes con enfermedades mentales intentaron reformar sus tratamientos, reemplazando los métodos compulsivos (cuando no violentos) por enfoques basados en prescripciones farmacológicas. Las voces que reclamaban mejoras en la salud pública impulsaron la actualización del currículo de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos y justificaron la necesidad de que los médicos aplicaran conocimientos de psicología para evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias.

Como conclusión, podemos afirmar que las autoras sostienen que el proyecto modernizador del civilismo no consideró a la totalidad de la población peruana. En lugar de ello, se enfocó en una pequeña minoría, mientras que los sectores sociales que emergieron con la modernización, como los obreros, no fueron reconocidos como agentes del progreso.