La tragedia institucional del gasto público en Latinoamérica:
una aproximación de datos de panel
Alonso Garcia Jordan
https://orcid.org/0009-0003-7282-9192
Banco Santander, Lima, Perú
agarcia@santander.com.pe
Brenda Everett Acuña
https://orcid.org/0009-0004-6927-7945
Banco de Crédito del Perú, Lima, Perú
brendaeveretta@bcp.com.pe
Marisol Mita Rodriguez
https://orcid.org/0009-0001-9962-8804
Banco de Crédito del Perú, Lima, Perú
marisolmita@bcp.com.pe
Recibido: 30 de junio del 2023 / Aceptado: 4 de octubre del 2023
doi: https://doi.org/10.26439/ddee2024.n005.6472
RESUMEN. En el presente artículo, se analiza el impacto de los problemas institucionales —agrupados en las dimensiones de control de la corrupción, efectividad del gobierno, estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo, calidad regulatoria, rule of law y voice accountability— en el gasto público de los países latinoamericanos. Para ello, la investigación se basa en los efectos de los índices de gobernanza que presenta el Banco Mundial sobre el gasto público como porcentaje del PBI. Para el análisis, se utilizó un modelo econométrico de datos de panel, con el cual se halló que los índices de voice accountability y efectividad del gobierno aumentan el gasto público de los países debido a la creación de presupuestos participativos y mejoría en el bienestar de la población. Por el contrario, los índices de calidad regulatoria, estabilidad política, rule of law y control de corrupción disminuyen el uso del gasto público, debido a la poca colaboración de la ciudadanía respecto a las normas y leyes, además de la lamentable presencia de corrupción.
PALABRAS CLAVE: gasto público / institucionalidad / corrupción / estabilidad política / efectividad del Gobierno / gobernanza / Latinoamérica
THE INSTITUTIONAL TRAGEDY OF PUBLIC SPENDING IN LATIN AMERICA: A PANEL DATA APPROACH
ABSTRACT. This paper analyzes the impact of institutional problems on public spending in Latin American countries. The research is based on the effects of the World Bank governance indexes on public spending as a percentage of GDP. For the analysis, an econometric panel data model was used in which it turned out that the indices of Voice and Accountability and Government Effectiveness increase the public spending of the countries due to the creation of participatory budgets and improvement in the welfare of the population. On the contrary, the indexes of Regulatory Quality, Political Stability, Rule of Law and Control of Corruption reduce the public spending, that is, due to the little collaboration of the people regarding the norms and laws, in addition to the unfortunate presence of corruption.
KEYWORDS: public spending / institutionality / corruption / political stability / government effectiveness / governance / Latin America
Códigos JEL: H60, H61.
1. INTRODUCCIÓN
Se solía creer que, cuando se habla de instituciones dentro de cualquier contexto, se hacía referencia normalmente al aparato estatal como conjunto o, incluso, a las propias instalaciones físicas del Estado. Sin embargo, esto cambió con el surgimiento de la economía institucional, la cual introdujo el concepto de institución, como aquel conjunto de reglas de juego dentro de una economía, y, con ello, el análisis de la importancia de estas dentro del dogma económico. Este cambio de perspectiva ha permitido volver a evaluar los determinantes del crecimiento económico, la interacción entre individuos dentro de la economía, así como la interacción entre los agentes económicos y el Estado; es decir, que las diferencias de los rendimientos entre países también son resultado de todas estas interacciones. Por todo ello, en este artículo, el objetivo central es identificar la interacción del Estado con los agentes económicos y la manera cómo esta afecta el nivel de gasto público del país.
En la actualidad, algunas investigaciones han hallado que una buena gobernanza y sólidas instituciones permiten un mayor nivel de crecimiento y un gasto público más eficiente. Asimismo, estas han hallado que, a nivel poblacional, existe una actitud no colaborativa frente a las normas y leyes. En la Latinoamérica de la década del ochenta, esta se caracterizaba por tener gobiernos militares o dictaduras, alta inflación y un sobreendeudamiento estatal que debilitaron a la región a nivel general. Por ello, durante la década del noventa, la mayoría de los países de la región enfrentaron la problemática de solidificar la democracia y una transformación económica con el fin de mejorar la sostenibilidad. En ese sentido, en 1998, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó un artículo con el fin de brindar sugerencias y analizar muy de cerca las implicancias de la gobernanza. Además, dentro del mismo documento del PNUD, se llegó a la conclusión que, con el fin de garantizar una gobernanza democrática, los países se deben concentrar en la mejora de las instituciones (PNUD, 1998).
A pesar de esto, en la actualidad, la debilidad de las instituciones latinoamericanas aún se evidencia en los casos de corrupción, los excesos de la burocracia, un sistema judicial débil y corrompible, episodios de inestabilidad política o terrorismo, entre otros. Esto nos motiva a ahondar más en qué aspectos de la gobernanza son los que tendrían mayor impacto sobre el nivel de gasto público y su relación con la gobernanza. Por ello, con este artículo se busca abrir campo a otras investigaciones que podrían contribuir con el desarrollo institucional de Latinoamérica. Para ello, se realizó un análisis de secciones cruzadas de los seis índices de gobernanza elaborados por el Banco Mundial. A continuación, se presenta una sección de marco teórico, una de metodología y una en la que se muestran los resultados de la estimación.
2. SUSTENTO TEÓRICO
Existe una cantidad amplia de razones para que los países puedan concretar el desarrollo económico. Muchas son las teorías y estrategias para lograr tener un periodo exitoso. El enfoque que se quiere dar a conocer es sobre la política fiscal, mediante el gasto público, como un factor que influye en la importancia de un adecuado rendimiento macroeconómico (Butkiewicz & Yanikkaya, 2011). El gasto público es una variable exógena que implica la representación del costo de las actividades en las que incurre el sector público, de las cuales se comprende la producción, suministro de bienes y servicios, y transferencias de ingresos. Esto también comprende actividades que mejoran la productividad de los factores de producción, como son los gastos de infraestructura y carreteras (Mota, 2008).
Por lo mencionado anteriormente, la calidad y composición del gasto público constituye un aspecto importante para la eficiencia del uso de los bienes públicos. La calidad del gasto tiene como objetivos incrementar el potencial del crecimiento de la economía mediante política económica y estabilización macroeconómica, y mantener una eficiencia asignativa y operacional, respecto a prioridades de política y capacidad con lo que se usan los recursos (Armijo & Espada, 2014). Otra perspectiva viene de los autores Devarajan, Swaroop y Zou (1996), quienes presentan que la composición del gasto público se refiere a la mejor combinación eficiente de productos del sector público. Con esto, se plantean reformas fiscales dirigidas al área del gasto público, donde se buscan posibles cambios en el destino de esta —como lo es en seguridad, salud, educación, infraestructura, entre otros—, como también al destinar de recursos para la formación de capital público. Esto se dará según las posibles implicaciones que cada uno de estos tipos de gastos tenga en la productividad, eficiencia y crecimiento, y clasificarlos entre gastos “productivos” o “improductivos”.
En cuanto a la decisión de la eficiente distribución del gasto público a los poderes del ejecutivo, como son los ministerios de Salud, Educación, Producción, entre otros, esta se debe realizar a través del análisis de la eficiencia de los resultados que se deben obtener, teniendo en cuenta la transparencia de las organizaciones involucradas. Grigoli y Mills (2014) mencionan que las instituciones asumen un rol crítico en el momento de la determinación acerca de si el gasto público conlleva a la generación de activos productivos o si este será ineficiente.
Por otra parte, actualmente, Hodgson (2011) menciona que una institución consiste en un sistema de reglas sociales establecidas y extendidas que forman parte de la estructura de las interacciones sociales. Asimismo, el autor menciona que la pura existencia de la institución es producto de la acción de dichas reglas, las que puedan crear expectativas estables acerca del comportamiento de los demás. También, se añade que las instituciones funcionan debido a que las reglas implícitas se encuentran dentro de los comportamientos y pensamientos compartidos entre las personas. A su vez, North (1991) señala que las instituciones son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción política, económica y social.
Para comenzar, las instituciones incentivan la estructura de una economía. El cómo esta estructura evoluciona da forma a la dirección del cambio económico, ya sea hacia el crecimiento, estancamiento o declive. Cuando se tienen instituciones pobres y sensibles, se tiene el riesgo de involucrar los intereses personales de las élites a cargo, lo que se desglosa en infraestructura de mala calidad, servicios que no concretan lo especificado y problemas en el flujo de capital del país (Grigoli & Mills, 2014).
A su vez, la estructura de una gobernanza de calidad, en conjunto con instituciones formales, es la base para la transparencia y calidad de lo que es el aporte del gasto público y su enfoque en el país. En relación con ello, Reinhart y Rogoff (2009) exponen la importancia de tener una gobernanza de calidad e instituciones transparentes al mencionar que estas son importantes para el crecimiento, y relacionan esto último con la tolerancia a deuda creada por el gasto público.
Por otra parte, Mainwaring y Scully (2008) presentan que la formalidad de las instituciones genera una mejor gobernanza democrática, es decir, la capacidad de los gobiernos democráticos de implementar políticas que promuevan los aspectos políticos, sociales y económicos para el bienestar de un país. Del mismo modo, Rajkumar y Swaroop (2008) informan que el aumento del gasto público solo será efectivo si se presenta una buena gobernanza en el país estudiado.
Finalmente, con lo mencionado en esta sección, se infiere que para mejorar la gobernanza de un país se deben tener instituciones formales y no débiles para obtener efectividad en el gasto público.
3. REVISIÓN DE LITERATURA
El gasto público es el principal instrumento para impulsar la equidad del desarrollo humano en economías de extrema desigualdad en cuanto a ingresos y gastos de los hogares, como es el caso de los países en desarrollo latinoamericanos (Scott, 2009,
p. 3). Al ser un factor importante para el crecimiento de los países, se han llevado a cabo estudios para encontrar cómo las dificultades institucionales y de gobernanza afectan en los niveles de gasto del gobierno.
Las crisis políticas en Latinoamérica han sido notables durante las últimas dos décadas. Un ejemplo relevante es Venezuela, con la toma de poder de Nicolás Maduro, así como el más reciente en Chile, debido al repelo de la población por decisiones del ejecutivo. En relación con ello, Morozumi y Veiga (2016) estudiaron la relación entre instituciones, gasto público y crecimiento económico, donde resalta la evaluación entre la variable de voz y responsabilidad y el gasto público. Los autores realizan un modelo econométrico en el que construyeron una base de datos de ochenta países entre los 1970-2010, cuyos resultados indicaron que en países donde las instituciones no incitan a los políticos a rendirle cuentas a la población, el gasto de capital desempeña un rol importante (Morozumi & Veiga, 2016). Esto significa que, cuando los políticos no tienen restricciones al momento de decidir sobre la ejecución del gasto, es decir, cuando cuentan con libertad para decidir el destino y el monto de la generación de gasto, se pueden presentar oportunidades de ingreso personal mediante comisiones no declaradas, lo que luego podría verse reflejado en bienes finales de mala calidad.
Con respecto a la estabilidad política y ausencia de violencia, Rayp y Van de Sijpe (2007) consideraron la eficiencia del gobierno en países en desarrollo. Los autores utilizan un análisis por envoltura de datos para una muestra de 52 países considerados en vías de desarrollo según el coeficiente de Gini calculado para el año 2001 por el Banco Mundial. Los resultados informan que, cuando los países fortalecen su institucionalidad y manejan la estabilidad política, la eficiencia del uso del gasto público mejora (Rayp & Van de Sijpe, 2007). Por otra parte, la reducción de las libertades civiles de la población es considerada como una señal de ineficiencia del gobierno. Esto se debe a que aquellos gobiernos que ofrecen una mayor libertad civil son aquellos que son más sensibles a la opinión pública al momento de ejecutar gasto público, por lo que la opinión pública tiene más peso al momento de incentivar la promulgación de reformas del sector público. De igual manera, Chan y Abd Karim (2012) concuerdan con estos resultados. Los autores investigan cómo factores políticos y económicos afectan la eficiencia del gasto público. El estudio es dirigido a países seleccionados del este asiático, a los cuales se les aplica un modelo Tobit para observar la relación entre las variables. Los resultados muestran que, mientras el país es políticamente más estable, el uso del gasto público se vuelve más eficiente, por lo que se recomienda a los países mantener la estabilidad y libertad de mercado financiero para una mejor eficiencia y asignación del gasto (Chan & Abd Karim, 2012).
En razón con lo visto en puntos anteriores, en extrapolación con el caso latinoamericano, la eficiencia del gasto público también se ve afectada por el nivel de corrupción presente en los gobiernos, ya que, ante la ausencia de un sistema de gobernantes o instituciones éticas, los fondos y presupuestos fijados para proyectos de desarrollo social se ven perjudicados. Esto se evidencia en el estudio conducido por D’Agostino et al. (2016) sobre una muestra de 106 países en el que se encontró un efecto negativo de la corrupción sobre el gasto público, además de que permitir un aumento de corrupción hace mayor el efecto negativo del crecimiento de la economía. A su vez, Azam (2021), en un estudio para 14 países pertenecientes a Latinoamérica y el Caribe, encontró que un incremento en el nivel de corrupción tiene una relación inversa con el crecimiento económico y, a su vez, reduce el nivel de efectividad del gobierno.
Por otro lado, el impacto que tiene el gasto público en la calidad de la educación está directamente relacionada con el nivel de corrupción. Fomba et al. (2022), en un estudio para 82 países en vías de desarrollo, encontraron que la presencia de corrupción reduce la efectividad del gasto público en educación, como mediante prácticas poco éticas en reclutamiento de profesores, lo cual deviene en la contratación de gente poco capacitada y, por ende, una educación de menor calidad.
En el caso particular de Latinoamérica, la educación es bastante pobre y requiere de una mejora en la calidad; sin embargo, esto no es posible sin un gobierno ético. Esto está directamente relacionado con el incumplimiento de leyes, ya que sin una buena educación ética las personas no respetan normas, lo cual se refleja en la inefectividad y el incumplimiento de leyes básicas en los países latinoamericanos. Según O’Donnell (1998), hay una larga tradición de ignorar las leyes o darles un giro a favor de los que tienen poder, lo que desfavorece a los “débiles”. Corregir este problema es una meta que se ve distante de lograr.
Por otra parte, la capacidad de una eficiente regulación de los países en desarrollo es importante para poder incentivar el crecimiento del sector privado y aportar, en general, en el desarrollo del país. Agu et al. (2014) investigan el impacto de los componentes de la política fiscal en la economía de Nigeria para el periodo 1961-2010. Para ello, los autores utilizan un modelo descriptivo para evaluar la contribución de la política fiscal, desagregando cada componente del gasto público en la economía nigeriana. Los resultados mostraron que una eficiente regulación del gasto público promueve la eficiencia y productividad del sector privado; por ello, el nivel y calidad de este determina el nivel de crecimiento mediante un aumento en el gasto público (Agu et al., 2014).
En cuanto a la efectividad del gobierno, esta representa la habilidad del Estado para formular y alcanzar sus objetivos (Kurtz & Schrank, 2007). En relación con ello, Craigwell et al. (2012), mediante un análisis de datos de panel, estimaron la efectividad del gobierno sobre lo gastos en educación y salud en países del Caribe. Entonces, hallaron una alta significancia sobre la efectividad del gobierno sobre el gasto en educación y salud, lo que ayudó a lograr reducir la tasa de mortalidad y analfabetismo en niños y adultos. Por otro lado, Kitenge y Bedane (2017) realizaron un modelo de datos de panel sobre una muestra de 81 países. Encontraron una relación positiva y significante entre el impacto de la efectividad del gobierno y el crecimiento de la economía en países de altos y bajos ingresos.
En resumen, el nivel y efectividad del gasto público están estrechamente relacionados con la calidad de las instituciones dentro de la economía. Particularmente, en el caso latinoamericano, hemos logrado visibilizar la mala calidad de sus instituciones y cómo la corrupción es uno de los problemas de la región. Esto va en línea con lo publicado por la Organización Internacional para la Transparencia (2019) gracias a su encuesta Global Corruption Barometer, en la cual se halló que el 53 % de la población latinoamericana percibe que el nivel de corrupción se ha incrementado, que solo el 39 % cree que los gobiernos están haciendo un buen trabajo para reducir la corrupción y que más del 20 % de los ciudadanos que acceden a servicios públicos han pagado algún tipo de soborno.
4. METODOLOGÍA
Para la metodología de este trabajo de investigación, se realizó una estimación por datos de panel de países latinoamericanos para el periodo 2008-2017, por lo que, para poder obtener un resultado adecuado, primero, se aplicó la prueba de Hausman para determinar si se usará un modelo de efectos fijos o aleatorios. Una vez determinado el modelo base, se realizó la prueba de multiplicador de Lagrange (LM) (Breusch & Pagan, 1980) para identificar la correlación serial. Luego, se aplicó la prueba de Wooldridge (2010) para correlación serial de primer orden y, por último, la prueba de heterocedasticidad grupal para modelos de efectos fijos con el estadístico modificado de Wald (Greene, 2002) si es que el modelo fuese de efectos fijos, sino se asume heterocedasticidad. Finalmente, se realizaron las correcciones respectivas en línea con los resultados obtenidos de las pruebas anteriormente realizadas.
Para el vector de resultados escogidos, el nivel de gasto público del PBI como proxy al nivel de inversión pública para países latinoamericanos para el periodo 2008-2017, fue extraído de la base de datos del Banco Mundial (2023a). Por otro lado, para nuestro vector de variables independientes escogimos los índices de gobernanza elaborados por el Banco Mundial, los cuales estarían representados por seis dimensiones:
Cada uno de estos índices de gobernanza están en la escala de -2,5 a 2,5. Debido a esto, se los transformó a una escala de 0-100 para una mayor facilidad de comprensión. Lo relevante de estos índices es que buscan la gobernanza de un país desde seis ámbitos distintos, los cuales a su vez están divididos en tres aspectos que, según el Banco Mundial (2023b), son los procesos en los cuales los gobiernos son escogidos, monitoreados y reemplazados (categoría A); la capacidad de gobierno para formular e implementar políticas efectivas (categoría B); y los referidos a como tanto los ciudadanos como las instituciones gubernamentales gobiernan económicamente, así como cuando interactúan socialmente estos dos grupos (categoría C) (Kaufmann et al., 2010).
Categoría A
Categoría B
Categoría C
5. RESULTADOS
En primer lugar, de acuerdo con la metodología mencionada en la sección anterior, se realizó la estimación de los modelos de efectos fijos y aleatorios para poder realizar la prueba de Hausman. Realizada la prueba, se obtuvo como resultado que el modelo de efectos aleatorios es el más adecuado. Después, se aplicó la prueba de Wooldridge para autocorrelación de primer orden, la cual dio como resultado que el modelo padece de correlación serial de primer orden. Seguido de esto se trabajó con la prueba del multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan para validar la presencia de autocorrelación serial, la cual dio como resultado que el modelo sí presenta autocorrelación serial, lo que confirmó lo obtenido con la prueba de Wooldridge.
Hechas todas las pruebas, se realizó una estimación por mínimos cuadrados generalizados corregidos para heterocedasticidad y autocorrelación de primer orden, lo que dio los resultados presentados en la Tabla 1.
Tabla 1
Estimación del modelo por mínimos cuadrados generalizados y corregidos por heterocedasticidad y autocorrelación de primer orden
Coefficients: |
generalized least squares |
||||||
Panels: |
heteroskedastic with cross-sectional correlation |
||||||
Correlation: |
common AR (1) coefficient for all panels (0,8453) |
||||||
Estimated covariances |
78 |
Number of obs |
120 |
||||
Estimated autocorrelations |
1 |
Number of groups |
12 |
||||
Estimated coefficients |
7 |
Time periods |
10 |
||||
|
|
Wald chi2(6) |
115,68 |
||||
|
|
Prob > chi2 |
0 |
||||
Gasto_PBI |
Coeff. |
Std. Err. |
Z |
P > |z| |
[95 % conf. rderl] |
||
Contril_Corrupcion |
-0,0537532 |
0,0108797 |
-4,94 |
0,000 |
-0,0750771 |
; |
-0,0324294 |
Efectividad_Gobierno |
0,2305518 |
0,0231397 |
9,96 |
0,000 |
0,1851987 |
; |
0,2759048 |
Estabilidad_Politica |
-0,0889971 |
0,0095412 |
-9,33 |
0,000 |
-0,1076875 |
; |
-0,0702968 |
Calidad_Regulatoria |
-0,1322524 |
0,0306387 |
-4,32 |
0,000 |
-0,1923031 |
; |
-0,0722017 |
Rule_of_Law |
-0,0137193 |
0,0250676 |
-0,55 |
0,584 |
-0,0628510 |
; |
0,0354124 |
Voice_Accountability |
0,3587926 |
0,0190737 |
18,8 |
0,000 |
0,3214088 |
; |
0,3961765 |
_cons |
4,6139570 |
1,7579810 |
2,62 |
0,009 |
1,1683790 |
; |
8,0595360 |
Nota. Cuando el número de paneles es mayor o igual que el número de periodos, los resultados se basan en la inversa generalizada de una matriz singular.
5.1 Resultados para las variables de la categoría A
En un principio, para la primera variable (voice accountability), la cual refiere a la participación ciudadana, se obtiene que, ante un incremento en la participación ciudadana, habrá un mayor nivel de gasto público. Esto se debe a que es más probable que haya un consenso entre los objetivos del político escogido y la ciudadanía.
La participación ciudadana puede asociarse a un mayor y mejor uso del presupuesto público. Sin embargo, esto no se da mucho en Latinoamérica por causa de la mala calidad de la información, falta de cultura de la población, deliberación apresurada, discrepancias sobre los objetivos de desarrollo, etcétera. Esto genera retrasos en la ejecución a pesar de la existencia de fondos (Merino, 2018). Además, otra dificultad es la heterogeneidad de culturas en Latinoamérica; sin embargo, conforme van creciendo las economías, se crea un incentivo por la formalización de la participación ciudadana y un mayor acceso como en la elección de proyectos, candidatos o servicios públicos (Ebdon & Franklin, 2006). Incluso, estos mecanismos generan que las personas de distintas ideologías logren objetivos comunes, lo que resulta en un gasto mejor dirigido al que haría el gobierno. Esto fomentaría gasto público y cerraría la brecha entre ciudadanos y gobernantes (Pereira & Figueira, 2020, p. 18).
Por el lado de la estabilidad política, se obtiene que, ante un incremento en la estabilidad política, se produce una reducción en el nivel de gasto público, ya que periodos de inestabilidad política están asociados a mayores niveles de corrupción. Tal y como lo mencionan Bah y Kpognon (2020), para el caso de las economías pertenecientes al Grupo Económico de Estados de África Occidental (CEDEAO) donde, si bien debería escogerse proyectos que maximicen el bienestar social y que sean eficientes en el sentido económico, lo que realmente ocurre es que los burócratas escogen proyectos que sean capaces de generar más ingresos ilegales para su propio beneficio que para la sociedad (p. 3). Ahora, si bien Latinoamérica tiene una estabilidad política mayor a la de África, cabe destacar que el sistema político latinoamericano se encuentra bastante fragmentado y débil. Por ello, suelen ocurrir disputas de poder y, ante un cambio, según cuál sea el partido dominante, suele haber un incremento del gasto público (Sáez & Sinha, 2009, p. 112). A su vez, la inestabilidad política genera un sesgo político que conlleva al populismo y a políticas de gasto menos prudentes (Sironi & Tornari, 2013, p. 210)
5.2 Resultados para las variables de la categoría B
Referente a la efectividad de gobierno, se obtuvo que, ante un incremento en la efectividad del gobierno, se produce un incremento en el gasto público y que este sea distribuido de mejor manera. Además, conforme se muestre una mayor calidad de los servicios públicos y credibilidad de las acciones de política del gobierno, mejor será la percepción para incentivar el gasto público. Esto se debe a que los países con gobiernos efectivos tienden a presentar decisiones de gasto público que fomenta y apoya el desarrollo de la economía en crecimiento (Butkiewicz & Yanikkaya, 2011). Por el contrario, un gobierno débil y con indicios de corrupción induce a un gasto excesivo sin ningún tipo de productividad. Esto genera problemas en la calidad del producto, costos adicionales en reparos y menor crecimiento para el país, así como también menor incentivo para la inversión a nuevos proyectos debido a la falta de transparencia (Tanzi & Davoodi, 1998). Esta efectividad también está ligada a la centralización del gasto, ya que en un estudio de Dahan y Strawczynski (2020) encontraron que países más descentralizados presentan gasto en salud e infraestructura de mucha mejor calidad (p. 236). Incluso, en la actualidad, los servicios públicos en línea se ven comprometidos por su mala calidad y son vistos como herramientas inútiles que deslegitimizan más al gobierno (Li & Shang, 2020), lo que incentiva un gasto inefectivo, ya que se prefiere hacer uso de un servicio presencial de mayor costo.
Para la variable calidad regulatoria, se obtuvo que, ante una mejora de la calidad regulatoria, se presenta una disminución del gasto público, ya que en países en desarrollo una porción del gasto público es destinado a corrupción. El nexo entre estos dos sectores es que, normalmente, para poder crear un negocio en Latinoamérica, existe un exceso de burocracia que puede evitarse mediante pagos a agentes públicos. Estos pagos son vistos como un impedimento por los emprendedores en muchos países con mala calidad regulatoria (Lee et al., 2020). Además, se encontró una relación positiva entre la calidad regulatoria y el nivel de aceptación con respecto a la innovación disruptiva de las empresas (Kim et al., 2020). Esta innovación genera crecimiento, por lo que, al reducir los costos de transacción, el Estado está sacrificando recibir un ingreso para generar un mayor crecimiento. Ahora, si bien las regulaciones son impuestas, el mayor problema es la implementación. La discreción en cómo se hacen cumplir las regulaciones es lo que genera carga a las empresas y una mayor corrupción, lo que conduce a una economía no oficial (Johnson et al., 1998).
5.3 Resultados para las variables de la categoría C
Con respecto a la primera variable, rule of law, se aprecia que esta tiene un efecto negativo sobre el nivel de gasto público y eso se debe a que un aspecto importante es la voluntad, la cual poseen las personas para cumplir con las normas. En los países en desarrollo, como lo son los latinoamericanos, se observa que la conducta de las personas sobre las normas es negativa y no cooperativa (Botero et al., 2013). Frente a ello, nos encontramos con un problema social y, lo más probable, es que nos encontremos con un efecto no significativo que requeriría un cambio estructural y cultural muy grande.
Además, la importancia de este factor para el desarrollo de emprendimientos en conjunto con la calidad regulatoria es que influyen enormemente en su productividad (Agostino et al., 2020) y va en línea con el trade-off de reducir los costos de transacción (asociados con burocracia) con una mayor rigurosidad en las leyes para promover un crecimiento de la economía. Sin embargo, en países con baja institucionalidad, con excesos de burocracia o con malos sistemas de supervisión, este factor genera que se reduzcan el número de actividades formales, lo que reduce los presupuestos disponibles (Luong et al., 2020).
Por otro lado, en la segunda variable, control de corrupción, se obtuvo que ante una mejora de esta, se reduce el nivel de gasto público. Esto se debe a que el Estado se financia principalmente de impuestos y que, cuando estos se ven influenciados por corrupción, la eficiencia de este gasto se ve mermada (Del Monte & Papagni, 2001). Es decir, que el gasto público hecho no es eficiente en el sentido de costos, porque parte del gasto se destina a la corrupción y que, a su vez, sacrifica el nivel de protección social (Reinsberg et al., 2019). Otro problema es el populismo en gobiernos corruptos, los cuales incrementan el gasto para poder lucrar más y pasar desapercibidos, porque, cuando resultan electos estos partidos políticos, no se percibe una reducción de la confianza política del público en general (Mauk, 2020). Además, algunos países de Latinoamérica han atravesado procesos de privatización que pueden inducir a la corrupción debido a la creación de nuevas rentas al aprovechar la baja institucionalidad, aunque se demostró que estas, en realidad, tienen un efecto adverso cuando se aplican métodos como el del Fondo Monetario Internacional, los cuales tienen como requisito un recorte del gasto público (Reinsberg et al., 2019).
6. CONCLUSIONES
Estudios previos sobre la gobernanza y sus efectos sobre el gasto público revelan que una gobernanza de calidad y la existencia de instituciones transparentes son importantes para una mayor tolerancia a deuda originada por el aumento del gasto público (Reinhart & Rogoff, 2009). Es decir, que un aumento del gasto público solo será efectivo si es que se presenta una buena gobernanza (Rajkumar & Swaroop, 2008, p. 108) y que una mejor gobernanza democrática está asociada a una mayor formalidad de las instituciones (Mainwaring & Scully, 2008).
Ahora, si bien la literatura previa a este estudio reafirma varios de los hallazgos del presente documento, en realidad, el número de estudios realizados sobre países o regiones con institucionalidad baja es relativamente escaso a pesar de ser un campo con bastante potencial. Para el caso de Latinoamérica hemos observado en el análisis exploratorio de datos que la región sufre de varios problemas con respecto a la calidad de su gobernanza e institucionalidad y, si bien la escasez de datos no permite que se realicen estudios más grandes, igual sugerimos en un futuro ampliar la literatura. Esto se debe a que encontramos que los seis aspectos de la gobernanza definidos por el Banco Mundial están altamente correlacionados al nivel de gasto público, a pesar de la heterogeneidad de datos encontrada para la región.
En primer lugar, se encontró que una mejora en el nivel de participación ciudadana incentiva aumentos en el nivel de gasto público. Esto se debe a la creación del presupuesto participativo y, conforme crecen las economías, a la participación de minorías y grupos marginados. Además, otro incentivo del gasto público es la efectividad del gobierno, ya que gobiernos más efectivos realizan gastos que proporcionan un mayor nivel de bienestar a la población, lo cual genera una aceptación e incentivo al gasto por parte de la población.
En segundo lugar, tenemos que la calidad regulatoria en Latinoamérica es vista como una barrera, tanto para las empresas como para el crecimiento económico, ya que, en la región, el principal problema de la calidad regulatoria se centra en los altos niveles de burocracia y que resultan en mayores ingresos administrativos para el Estado. No obstante, una mejora en la calidad regulatoria significaría para el Estado reducir parte de sus procesos burocráticos y dejar de percibir una parte de sus ingresos administrativos con el fin de incentivar el crecimiento empresarial y económico.
En último lugar, la corrupción en Latinoamérica es un problema severo en la región y sus efectos se evidencian en varios aspectos de la gobernanza. Para el caso de la estabilidad política, se observa que, a menores niveles de estabilidad política, los niveles de gasto aumentan, ya que los gobernadores se inclinan más hacia la corrupción y no a la mejora del bienestar social (Bah & Kpognon, 2020). Además, esta corrupción surge debido a que la actitud de la población latinoamericana, con respecto a las normas y leyes, es no colaborativa (Botero et al., 2013) y, en conjunto con la inexistencia de un castigo social y un sistema judicial débil e ineficiente, propicia un ambiente para la corrupción. El problema es tan grave que, si bien una mejora en ese aspecto genera una reducción en el nivel de gasto público, su efecto no es significativo, ya que requiere de un cambio sociocultural muy grande.
Créditos de autoría
Alonso García Jordán: Conceptualización, metodología, análisis de datos, curación de datos, curación de datos, redacción; preparación del primer borrador.
Brenda Everett Acuña: Conceptualización, investigación, redacción; preparación del primer borrador, redacción; revisión y edición, visualización.
Marisol Mita Rodríguez: Conceptualización, validación, investigación, redacción; preparación del primer borrador, redacción; revisión y edición, visualización.
REFERENCIAS
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Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data. MIT Press.
ANEXOS
Anexo 1
Regresión por efectos aleatorios
Random-effects GLS regression |
Number of obs: |
120 |
|||||
Group variable: rde |
Number of groups: |
12 |
|||||
R-squared: |
Obs per group: |
||||||
Within |
0,1527 |
min |
10 |
||||
Between |
0,2724 |
avg |
10 |
||||
Overall |
0,2609 |
max |
10 |
||||
Wald chi2 (6) |
22,24 |
||||||
Corr (u_i, X) |
0 (assumed) |
||||||
Prob > chi2 |
0,0011 |
||||||
Gasto_PBI |
Coeff. |
Std. Err. |
Z |
P > |z| |
[95 % conf. 22rder2222l] |
||
Contril_Corrupcion |
-0,2246685 |
0,0759778 |
-2,96 |
0,003 |
-0,3735822 |
; |
-0,0757547 |
Efectividad_Gobierno |
0,070127 |
0,1104671 |
0,63 |
0,526 |
-0,1463845 |
; |
0,2866385 |
Estabilidad_Politica |
0,0579282 |
0,0476172 |
1,22 |
0224 |
-0,0353999 |
; |
0,1512562 |
Calidad_Regulatoria |
0,0853465 |
0,1001977 |
0,85 |
0,394 |
-0,1110373 |
; |
0,2817303 |
Rule_of_Law |
-0,0091614 |
0,1059762 |
-0,09 |
0,931 |
-0,2168709 |
; |
0,1985480 |
Voice_Accountability |
0,3449600 |
0,1242365 |
2,78 |
0,005 |
0,1014609 |
; |
0,5884590 |
_cons |
2,7797420 |
6,3894010 |
0,44 |
0,664 |
-9,7435540 |
; |
15,0302740 |
sigma_u |
5,2935829 |
sigma_e |
1,8268828 |
rho |
0,89357297 |
(Fraction of variance due to u_i) |
Anexo 2
Regresión por efectos fijos
Random-effects GLS regression |
Number of obs: |
120 |
|||||
Group variable: rde |
Number of groups: |
12 |
|||||
R-squared: |
Obs per group: |
||||||
Within |
0,171 |
min |
10 |
||||
Between |
0,0803 |
avg |
10 |
||||
Overall |
0,0373 |
max |
10 |
||||
F (6,102) |
3,51 |
||||||
Corr (u_i, Xb) |
-0,4368 |
||||||
Prob > F |
0,0034 |
||||||
Gasto_PBI |
Coeff. Std. |
Err. |
T |
P > |z| |
[95 % conf. 23rder2323l] |
||
Contril_Corrupcion |
-0,2471298 |
0,7893850 |
-3,13 |
0,002 |
-0,4037038 |
; |
-0,0905557 |
Efectividad_Gobierno |
0,0323194 |
0,1145469 |
0,28 |
0,778 |
-0,1948837 |
; |
0,2595228 |
Estabilidad_Politica |
0,0861626 |
0,0507854 |
1,70 |
0,093 |
-0,0145699 |
; |
0,1868952 |
Calidad_Regulatoria |
0,1106371 |
0,1045608 |
1,06 |
0,294 |
-0,0973537 |
; |
0,3186279 |
Rule_of_Law |
-0,0914202 |
0,1172660 |
-0,78 |
0,437 |
-0,3240167 |
; |
0,1411764 |
Voice_Accountability |
0,1267263 |
0,1403260 |
1,54 |
0,126 |
-0,0616095 |
; |
0,4950622 |
_cons |
13,78659 |
8,6030620 |
1,60 |
0,112 |
-3,2775410 |
; |
30,85073 |
sigma_u |
7,1943039 |
sigma_e |
1,8268828 |
rho |
0,93942336 |
Prob > F |
0 |
F test that all u_i = 0: F (11,102) = 56,73 |
Anexo 3
Prueba de Hausman
Coefficients |
||||
(b) |
(B) |
(b - B) |
sqrt (diag (V_b - V_B)) |
|
FIXED |
RANDOM |
Difference |
Std. Err. |
|
Contril_Corrupcion |
-0,2471298 |
-0,2246685 |
0,0224613 |
. |
Efectividad_Gobierno |
0,0323196 |
0,0701270 |
0,0378075 |
. |
Estabilidad_Politica |
0,0861626 |
0,0579282 |
-0,2823450 |
. |
Calidad_Regulatoria |
0,1106371 |
0,0853465 |
-0,0252906 |
. |
Rule_of_Law |
-0,0914200 |
-0,0091614 |
0,8225870 |
. |
Voice_Accountability |
0,2167263 |
0,2167263 |
0,1282336 |
. |
b = Consistent under H0 and Ha; obtained from xtreg. |
||||
B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from xtreg. |
||||
Test of H0: Difference in coefficients not systematic |
||||
chi2 (6) = (b - B)’ [(V_b - V_B) ^ (-1)] (b - B) |
||||
= 4,61 |
||||
Prob > chi2 = 0,5950 |
Anexo 4
Prueba de autocorrelación
Wooldridge test for |
|
H0: no first order autocorrelation |
|
F (1;11) = |
22,593 |
Prob > F = |
0,0006 |
Anexo 5
Prueba de multiplicador de Lagrange
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test |
||
pob[rde,t] = Xb + u[rde] + e[rde,t] |
||
Estimated results: |
||
Var |
SD = sqrt (Var) |
|
Gasto_PBI |
43,186550 |
6,571648 |
e |
3,337501 |
1,826883 |
u |
28,022020 |
5,293583 |
Test: Var (u) = 0 |
||
chibar2 (01) = 227,91 |
||
Prob > chibar2 = 0,0000 |