CULTIVAR LA CIUDAD: HUERTOS URBANOS
Y LA COPRODUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
EN LATINOAMÉRICA
CULTIVATING THE CITY: URBAN GARDENS AND THE
CO-PRODUCTION OF PUBLIC SPACE IN LATIN AMERICA
Adriana Sansão Fontes
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
https://orcid.org/0000-0003-0648-3894
Maini de Oliveira Perpétuo
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
https://orcid.org/0000-0002-5496-9074
Giovana Bulcão Leal
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
https://orcid.org/0009-0003-2150-8786
Amanda Trainini Baptista
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
https://orcid.org/0009-0003-1860-0733
Beatriz Mangabeira Cunha
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
https://orcid.org/0009-0000-6929-3057
Ilan Rzetelna
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
https://orcid.org/0000-0001-6270-3033
Recibido: 25 de junio del 2025
Aprobado: 7 de abril del 2026
doi: https://doi.org/10.26439/limaq2026.n018.8014
Este artículo investiga la agricultura urbana como práctica de coproducción del espacio público en contextos de inseguridad alimentaria y exclusión socioespacial en Latinoamérica. Desde un enfoque cualitativo y comparativo, analiza tres casos emblemáticos —La Habana, Quito y Río de Janeiro— en los que los huertos urbanos surgieron como respuestas comunitarias a crisis y posteriormente fueron institucionalizados como políticas públicas. El estudio examina su potencial para activar espacios urbanos ociosos, ampliar áreas verdes productivas y generar aprendizaje, producción alimentaria y convivencia. Los resultados muestran que la movilización de saberes locales y colectivos fortalece los vínculos sociales y la ciudadanía insurgente. Asimismo, indican que la articulación entre prácticas populares y apoyo institucional condiciona la multiplicación y continuidad de estas iniciativas, y revela sus potenciales y límites como instrumentos de transformación socioespacial.
agricultura urbana, Latinoamérica, coproducción del espacio público, huertos urbanos, políticas públicas
This article examines urban agriculture as a form of public-space co-production in Latin American contexts marked by food insecurity and socio-spatial exclusion. Drawing on a qualitative comparative analysis, it considers three cases—Havana, Quito, and Rio de Janeiro—where urban gardens emerged as community responses to crisis and were later incorporated into public policy. The study explores how these initiatives can bring vacant urban spaces into productive use, expand urban green space, and create settings for learning, food production, and social interaction. The findings show that combining local and collective knowledge can strengthen social ties and foster forms of insurgent citizenship. They also suggest that the ability of these initiatives to expand and endure depends on the relationship between grassroots action and institutional support, highlighting both their potential and their limitations as drivers of socio-spatial change.
urban agriculture, Latin America,
co-production of public space, urban gardens, public policies
Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
INTRODUCCIÓN
En las ciudades del sur global, el espacio público es un campo de disputas en constante transformación, atravesado por desigualdades estructurales y múltiples formas de resistencia cotidiana. En la actualidad, la concepción normativa que considera el espacio público como gestionado y controlado exclusivamente por el Estado ha ido cediendo paso a una perspectiva más amplia, que incluye tipologías no convencionales generadas por múltiples actores y prácticas. Desde esta perspectiva, más que la determinación legal, lo que convierte un lugar en un espacio efectivamente público es la calidad e intensidad de las relaciones sociales, colectivas y ecológicas que facilita (Borja & Muxí, 2003).
Para abarcar este conjunto de tipologías no convencionales, Hou (2010) propone el concepto de espacio público insurgente, que incluye una gama de espacios creados o apropiados mediante acciones colectivas que desafían las estructuras normativas y que, directa o indirectamente, poseen un carácter contestatario. Esta definición busca desplazar el foco desde el declive del espacio público (Sennett, 1974/2015) hacia la articulación de posibilidades de reimaginar formas de apropiación y ocupación de la ciudad, especialmente por parte de grupos marginados.
En este contexto, la agricultura urbana se consolida como una expresión concreta de activación del espacio público mediante la acción comunitaria, lo que revela su potencial como dispositivo de movilización colectiva para enfrentar la inseguridad alimentaria. Las prácticas agrícolas en áreas urbanas pueden encontrarse en diversas escalas y tipologías: desde pequeños espacios como patios, huertos frutales y canteros en aceras, hasta grandes áreas como lugares de cultivo asociados a espacios libres públicos, corredores ecológicos y sistemas agroforestales metropolitanos. Además, movilizan un amplio abanico de actores: desde individuos y grupos locales involucrados en prácticas domésticas y de subsistencia alimentaria, hasta agrupaciones institucionalizadas promovidas por el poder público u organizaciones no gubernamentales.
La agricultura urbana busca revertir el distanciamiento entre la producción y la población consumidora, llevando la oferta de alimentos al interior de los centros urbanos (Sansão Fontes et al., 2021), además de combatir la inseguridad alimentaria, promover la estabilidad social y contribuir a la preservación ambiental y al uso productivo de los espacios urbanos (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO] et al., 2022). A ello se suma el hecho de que las ciudades contemporáneas están marcadas por la proliferación de vacíos urbanos y espacios residuales de distinta naturaleza, con potencial tanto paisajístico como productivo. En este sentido, la práctica de la horticultura representa un movimiento relevante de ocupación de suelos excedentes en el medio urbano (Bishop & Williams, 2012), en el cual áreas ociosas o subutilizadas —frecuentemente vinculadas a la especulación inmobiliaria— pueden transformarse en espacios colectivos de cultivo y participación comunitaria.
La ocupación productiva de estos lugares, de forma temporal o permanente, puede entenderse como un acto que desafía las lógicas dominantes de apropiación del espacio por el capital y que incorpora en ellos una función ecológica y social. En este sentido, Hou (2010) enfatiza que, aunque los huertos no sean prácticas de insurgencia radical, constituyen expresiones cotidianas de activismo en el espacio público que promueven relaciones sociales y espaciales alternativas, además de ampliar el acceso a un entorno más verde y permeable en el tejido urbano.
Esta dimensión del activismo cotidiano permite comprender también los procesos colaborativos que involucran la construcción y gestión de estos espacios. Más allá de su ocupación por parte de la población, se destaca el trabajo colaborativo desarrollado en dicho proceso. La coproducción implica la participación activa de la ciudadanía en todas las etapas del desarrollo urbano, mediante soluciones colaborativas y la acción conjunta de hacer y rehacer el espacio, entendida también como un derecho a su producción (Alfaro d’Alençon & Moya Ortiz, 2024). Para Rosa y Weiland (2017), la coproducción es fundamental para que los saberes de la población sean compartidos como aprendizaje, lo que permite su aplicación en la organización y en la multiplicación de las acciones colaborativas en el espacio público.
Este artículo tiene como objetivo investigar cómo la práctica de la agricultura urbana contribuye a la coproducción del espacio público en Latinoamérica, con énfasis en sus procesos sociales, institucionales y políticos. En este contexto, se analiza cómo estas prácticas transforman áreas descuidadas o degradadas en espacios verdes productivos, de activación y aprendizaje colectivo, destacando su potencial emancipador y los desafíos que enfrentan en su institucionalización.
El trabajo centra su análisis en tres casos emblemáticos: el programa Huertos Urbanos en La Habana (Cuba), el proyecto Agricultura Urbana Participativa (AGRUPAR) en Quito (Ecuador) y el programa Hortas Cariocas en Río de Janeiro (Brasil). El concepto de espacio público insurgente se moviliza como lente analítica para comprender cómo las prácticas cotidianas de agricultura urbana operan como formas de apropiación colectiva de espacios ociosos y de contestación de los usos normativos de la ciudad, lo que orienta la lectura comparativa de los casos presentados. Cabe aclarar que, si bien se reconoce la relevancia de la dimensión urbanística y paisajística de estas prácticas, el artículo no se propone desarrollar un análisis espacial o morfológico profundo de los casos.
El artículo está estructurado en cuatro partes. La primera discute la agricultura urbana como práctica insurgente y táctica de resistencia frente a la inseguridad alimentaria en el contexto latinoamericano. A continuación, se presentan tres estudios de caso que ilustran diferentes formas de coproducción del espacio público mediante huertos comunitarios. La tercera parte analiza el proceso de institucionalización de estas iniciativas y sus implicaciones en términos de políticas públicas. Finalmente, la discusión y las conclusiones reflexionan sobre los potenciales y los límites de la agricultura urbana como estrategia para la transformación ambiental y socioespacial, así como para el fortalecimiento de la ciudadanía en el contexto latinoamericano.
METODOLOGÍA
El presente trabajo se vincula a un proyecto de investigación más amplio titulado “Urbanismo Tático na América Latina: escalando ações comunitárias”, en el marco del Laboratório de Intervenções Temporárias e Urbanismo Tático do Programa de Pós-graduação em Urbanismo da FAU/UFRJ (LabIT-PROURB-FAU/UFRJ).
El proyecto tiene el objetivo de investigar acciones de base comunitaria que hayan sido multiplicadas o escaladas en el continente latinoamericano, y busca comprender cómo los Gobiernos y la sociedad civil pueden colaborar en la mejora de los espacios públicos en las ciudades de la región y diseñar nuevas políticas públicas de interés para la sociedad.
Para ello, se mapearon más de ochenta iniciativas relevantes en ciudades de Latinoamérica, organizadas en una base de datos y clasificadas según país/ciudad, táctica utilizada, motivación de base, actores involucrados y formalización/replicabilidad. Posteriormente, se seleccionó un conjunto de ocho casos en diferentes países, con fuerte participación comunitaria y mecanismos de institucionalización relevantes. En particular, este artículo se centró en tres casos relacionados con la agricultura urbana en distintas ciudades y países: La Habana, Quito y Río de Janeiro. La selección de los casos consideró experiencias consolidadas de huertos comunitarios que, aunque se originaron a partir de iniciativas populares frente a contextos de vulnerabilidad alimentaria, fueron posteriormente institucionalizadas como políticas públicas.
La investigación adopta un enfoque cualitativo y comparativo, fundamentado en la comprensión de los procesos sociales, espaciales e institucionales que conforman las experiencias de agricultura urbana analizadas, lo que privilegia la interpretación contextualizada de las prácticas, los actores involucrados y los significados atribuidos a la coproducción del espacio público. El método comparativo se movilizó como estrategia analítica para examinar convergencias y divergencias entre los casos, considerando sus distintos contextos históricos, políticos y socioespaciales. Para ello, se definieron categorías analíticas transversales que orientaron la lectura cruzada de los casos. Esta estrategia permitió comprender cómo diferentes configuraciones de coproducción influyen en la escala, la permanencia y el potencial emancipador de las iniciativas, lo que evidencia tanto sus alcances como sus límites en el contexto latinoamericano.
Los procedimientos metodológicos involucraron investigación documental, mediante el levantamiento y análisis de informes institucionales, artículos científicos, publicaciones técnicas y legislación local, además de la revisión de bibliografía especializada sobre agricultura urbana, coproducción del espacio público e insurgencia ciudadana. Para los casos de Quito y Río de Janeiro, también se utilizaron entrevistas semiestructuradas con técnicos y participantes de las iniciativas, con el objetivo de comprender los procesos de articulación entre la sociedad civil y el poder público.
De este modo, el artículo se centra en la dimensión socioinstitucional y política de las experiencias analizadas, en consonancia con la naturaleza de las fuentes movilizadas en la investigación. En este contexto, el enfoque adoptado prioriza la interpretación de estas dimensiones, al tiempo que señala el potencial de profundización futura mediante investigaciones que incorporen análisis espaciales, morfológicos y cartográficos de la inserción y la espacialización de los huertos urbanos.
RESULTADOS
A partir del objetivo del presente trabajo, los resultados expuestos a continuación privilegian la reconstrucción de los contextos históricos, sociales e institucionales del surgimiento de los huertos urbanos, sin detenerse en una caracterización detallada de sus configuraciones espaciales o morfológicas.
Huertos urbanos: de la crisis alimentaria a las prácticas
populares insurgentes
La agricultura urbana, históricamente asociada a la organización de los primeros asentamientos humanos, ganó relevancia en el siglo xx, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en respuesta al crecimiento urbano y a la crisis ambiental global. A partir de la década de 1990, comenzó a integrarse en la agenda internacional —a través de organizaciones como la Food and Agriculture Organization (FAO)— como estrategia frente a los desafíos socioambientales contemporáneos. En el siglo xxi, el concepto de ciudad comestible (Viljoen et al., 2005) refuerza la incorporación de la producción de alimentos como componente estructurante de los espacios urbanos, articulando la revitalización de áreas subutilizadas y el fortalecimiento de la vida comunitaria.
El avance de la disciplina de la ecología urbana ha ampliado la comprensión sobre la concepción de los espacios abiertos, lo que ha integrado funciones paisajísticas, ecológicas e infraestructurales en las ciudades (Benedict & McMahon, 2006). En este contexto, la agricultura urbana puede contribuir a la cualificación de la red de espacios abiertos multifuncionales al incorporar dimensiones productivas y ambientales al tejido construido (Viljoen et al., 2005).
En Latinoamérica, sin embargo, la expansión de la agricultura urbana está fuertemente asociada a la inseguridad alimentaria y a la necesidad de producción para la subsistencia (Zaar, 2015), diferenciándose de las experiencias predominantes en el norte global, donde los jardines comunitarios tienden a valorarse por sus efectos en la sociabilidad y en la interacción ciudadana (Corrêa et al., 2020). Rosa y Weiland (2017) observan que, mientras en el norte global la práctica expresa un deseo de reconexión con modos de vida rurales, en el sur global la agricultura urbana asume un papel estratégico de supervivencia, operando simultáneamente como mecanismo de seguridad alimentaria y de cohesión social, anclada en el papel central de la comida en la vida cotidiana.
Ante este panorama, las familias trabajadoras reinventan prácticas agrícolas como forma de resistencia urbana (Moreira, 2008), a través de la transformación de patios, terrenos baldíos y áreas degradadas en espacios productivos y de convivencia. Estas iniciativas articulan la agenda de la agricultura urbana con la reivindicación del derecho a la ciudad —entendido como una construcción colectiva (Holston, 2016)— y configuran expresiones cotidianas de una ciudadanía insurgente.
A continuación, se presentarán tres experiencias —La Habana (Cuba), Quito (Ecuador) y Río de Janeiro (Brasil)— que ilustran diferentes formas de coproducción del espacio urbano a través de la agricultura.
La Habana, Cuba
La crisis económica cubana de la década de 1990, desencadenada por el colapso de la Unión Soviética y agravada por el embargo económico de Estados Unidos, provocó una severa inseguridad alimentaria y representó un punto de inflexión en las dinámicas de producción y distribución de alimentos en el país. En este contexto, los huertos urbanos surgieron como respuesta inmediata de la población y, progresivamente, se consolidaron como componentes estructurales del sistema agroalimentario urbano, abarcando desde huertos familiares hasta grandes áreas colectivas (Koont, 2009).
Aislada geopolítica y económicamente, y con la escasez de insumos y maquinaria, la producción se desplazó al espacio urbano, donde terrenos ociosos, patios y áreas institucionales fueron convertidos en zonas de cultivo. La combinación del trabajo manual con el reaprovechamiento de espacios y técnicas agroecológicas permitió adaptar la producción a las condiciones de crisis, incluyendo áreas emblemáticas como el Parque Metropolitano de La Habana (Argaillot, 2014).
La limitación de infraestructura se compensó con la articulación entre saberes tradicionales y conocimiento científico. Fue favorecida por inversiones estatales previas en educación, que impulsaron investigaciones sobre técnicas agrícolas alternativas —como biofertilizantes y control biológico de plagas— que, sumadas a la revalorización de los saberes campesinos ancestrales —como policultivos y semillas criollas—, permitieron adaptaciones creativas frente a la escasez (Rosset & Benjamin, 1993, p. 21).
Quito, Ecuador
En la década de 1990, Quito recibió intensos flujos migratorios internos y regionales, asociados a la crisis agrícola y al desempleo en las zonas rurales. Este movimiento condujo al crecimiento desordenado de las áreas urbanas, lo que formó barrios periféricos informales, en los cuales la inseguridad alimentaria se convirtió en una realidad cotidiana. Ante la ausencia de políticas públicas eficaces, la población recurrió al cultivo de huertos urbanos como estrategia de subsistencia.
Con el tiempo, estas iniciativas espontáneas se estructuraron y popularizaron hasta evolucionar hacia ferias agrícolas informales e intercambios de conocimientos que, hasta entonces, se transmitían únicamente entre familiares. Aunque eran acciones importantes, todavía representaban soluciones paliativas frente a la falta de apoyo del Gobierno (Rodríguez et al., 2022).
La migración actuó como un medio de intercambio de conocimientos y como un vector de circulación de saberes rurales hacia el medio urbano, lo que revalorizó las prácticas tradicionales de cultivo. Este intercambio no solo fortaleció la identidad cultural de los migrantes, sino que también aportó a la capital soluciones sostenibles y comunitarias frente a desafíos como el desempleo y la inseguridad alimentaria.
Río de Janeiro, Brasil
El proceso de urbanización en Río de Janeiro está ligado a su condición histórica de antigua capital del país, que concentró poder político y económico hasta 1960. La industrialización intensificó el éxodo rural, sobre todo desde las regiones norte y nordeste, pero este crecimiento ocurrió sin una planificación estatal adecuada, por lo que dio lugar a la consolidación de asentamientos precarios en las favelas y periferias de la ciudad (Abreu, 1987/2008).
La precarización habitacional en estas áreas se vio agravada por la insuficiencia de políticas públicas capaces de garantizar derechos sociales fundamentales, como el acceso a la alimentación, al saneamiento y a la salud. Como consecuencia, la inseguridad alimentaria se convirtió en uno de los principales desafíos urbanos, sobre todo en territorios marcados por la exclusión socioespacial. Este panorama llevó a la población a buscar alternativas para satisfacer necesidades básicas, lo que evidenció la necesidad de soluciones locales y participativas.
Los primeros huertos urbanos surgieron de manera descentralizada en las décadas de 1980 y 1990, impulsados por organizaciones comunitarias e iniciativas individuales en diversas comunidades cariocas (Lima et al., 2019). Aunque informales, estas experiencias constituyeron la base social y territorial para la posterior institucionalización de la agricultura urbana como política pública municipal.
En síntesis, la práctica de la agricultura en las ciudades latinoamericanas, enraizada en experiencias informales, puede comprenderse como una respuesta a las desigualdades socioespaciales, en la que poblaciones vulnerables resignifican la actividad agrícola como táctica de supervivencia y construcción colectiva. A partir de estas experiencias de base, muchas iniciativas lograron visibilidad y comenzaron a incorporarse en agendas institucionales —tema que se explorará en la siguiente sección—.
Agricultura urbana: de las prácticas populares a la
institucionalización
A partir de la década de 1990, la agricultura urbana ganó visibilidad como política pública en respuesta a problemas urbanos, ambientales y sociales, especialmente aquellos asociados a la pobreza urbana y a la inseguridad alimentaria. Más allá de su función alimentaria, estas políticas incorporaron objetivos de cohesión social, generación de ingresos y revalorización ambiental, lo que refuerza su carácter multifuncional (Viljoen et al., 2005). Según Brand y Muñoz (2007), esta composición multifuncional confiere a la agricultura urbana una elevada flexibilidad discursiva y operativa que permite su adaptación a diferentes espacios urbanos y contextos socioculturales, tanto en áreas centrales como periféricas de ciudades en distintas realidades geográficas.
En Latinoamérica, este proceso fue fomentado por redes internacionales —como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que impulsó la formación de la Red Latinoamericana de Investigaciones en Agricultura Urbana (AGUILA)— y por declaraciones regionales —la de Quito (2001), Rosario (2003) y Lima (2003)—. Estas acciones estimularon la institucionalización de la agricultura urbana como agenda pública (Brand & Muñoz, 2007) y sirvieron como antecedente directo para la creación de programas de huertos urbanos en diversas localidades (Passoni, 2007).
La agricultura urbana actúa como instrumento de inclusión y cohesión social al valorizar saberes tradicionales y fortalecer identidades culturales de grupos marginados (Coutinho & Costa, 2011). Al incorporar estos intercambios de conocimiento, los gobiernos locales pueden fomentar capacidades comunitarias y promover la transición de la apropiación informal hacia la gestión compartida de los espacios, con baja inversión y ajustes regulatorios (Bourque, 1999, como se cita en Brand & Muñoz, 2007; Sobral, 2022). Por otro lado, desde una perspectiva crítica, Brand y Muñoz (2007) señalan que el discurso de la agricultura urbana puede operar como un mecanismo de transferencia de responsabilidades estatales hacia iniciativas individuales y colectivas, incentivando la autogestión y la lógica emprendedora como condición para la inserción de los sujetos en la ciudad competitiva.
Ante este panorama, evaluaremos los tres casos investigando sus respectivos desarrollos en lo que respecta a la institucionalización como políticas públicas a partir de distintos antecedentes históricos.
La Habana, Cuba
En Cuba, durante el llamado periodo especial en tiempos de paz, la escasez de alimentos desencadenó una respuesta espontánea de la población, que adoptó la agricultura urbana como estrategia innovadora de subsistencia. Ciudadanos, cooperativas y grupos urbanos y periurbanos se convirtieron masivamente en productores de hortalizas, ocupando diversos espacios en el tejido urbano, desde áreas abiertas hasta instalaciones productivas, educativas y de salud. Sistemas como los huertos intensivos y los organopónicos se volvieron fundamentales, y sirvieron tanto para el autoconsumo como para el comercio local (Viljoen et al., 2005).
La respuesta institucional a la crisis siguió tres etapas a lo largo de la década de 1990 (Escaith, 1999, como se cita en Mestiri, 2019) (Figura 1). Primero, el Estado distribuyó tierras a pequeños agricultores con fuerza de trabajo comprobada. En 1993, una reforma agraria sustituyó las fincas estatales por unidades básicas de producción cooperativa, en las cuales los trabajadores pasaron a controlar la producción y comercializar excedentes, aunque el Estado mantenía la propiedad de la tierra y definía cuotas estratégicas. En 1994, se creó el Departamento de Agricultura Urbana (Fernández, 2008, como se cita en Argaillot, 2014, p. 106), que estructuró y expandió esta práctica. Por último, se produjo la liberalización parcial de los mercados agrícolas, a fin de permitir la venta de excedentes sin regulación de precios, lo que generó disparidades y llevó al Estado a retomar el control para evitar abusos (Viljoen et al., 2005).
Aunque la intervención estatal en la distribución de alimentos frecuentemente entraba en tensión con las iniciativas comunitarias autónomas, revelando un claro dilema entre centralización y autogestión, estas fuerzas terminaron por alcanzar un equilibrio. El resultado fue una transición paradigmática: un modelo agrícola rígidamente centralizado y dependiente de insumos externos se convirtió en un sistema dinámico, basado en la autonomía local.
Este equilibrio permitió a la ciudad realizar una notable transición nutricional y económica (Barbalho et al., 2020). El sector registró un crecimiento exponencial en la producción agrícola urbana, asegurando una amplia disponibilidad de hortalizas frescas para la población, por encima de las recomendaciones internacionales. Basada en prácticas agroecológicas, esta expansión resultó en un mayor volumen, diversidad y calidad orgánica de los alimentos, e incluso abasteció a instituciones sociales. En el plano económico, la iniciativa generó una gran cantidad de empleos urbanos, con ingresos superiores al promedio nacional. La simplificación de la logística y la venta directa redujeron costos, mientras que la comercialización vinculada al turismo generó ingresos en moneda fuerte (Koont, 2009). Así, la transformación de terrenos ociosos en huertos productivos demostró ser una herramienta vital para la seguridad alimentaria y la prosperidad local, lo que estableció un modelo de resiliencia socioeconómica.
Quito, Ecuador
En el contexto de ineficiencia gubernamental en Ecuador, surgió de la población más vulnerable una iniciativa de producción de subsistencia e implementación de prácticas de cultivo tradicionales para mantener su propio sustento. Así se instauró, informalmente, una insurgencia popular en forma de huertos urbanos distribuidos en escuelas, jardines domésticos, asilos y áreas públicas.
Poco a poco, estas iniciativas aisladas se popularizaron y adquirieron cierta estructura orgánica, hasta evolucionar hacia ferias agrícolas informales y, consecuentemente, en un intercambio de conocimientos que, hasta entonces, se daba únicamente en el ámbito familiar; un movimiento que, aunque relevante, representaba acciones paliativas frente a la ausencia de apoyo gubernamental.
En 2002, frente al éxito de la iniciativa popular, el Municipio de Quito institucionalizó el proyecto Agricultura Urbana Participativa (AGRUPAR) (Figura 2), que fue posteriormente transferido a la Agencia Metropolitana de Promoción Económica (CONQUITO). Esta pasó a gestionar el proyecto con el apoyo de las ocho administraciones zonales de Quito. Aunque amplió la escala, la visibilidad y la profesionalización de la agricultura urbana, el programa mantuvo un carácter predominantemente reactivo, sin abordar de manera estructural las causas de la inseguridad alimentaria.
A nivel internacional, CONQUITO estableció alianzas estratégicas, como con el BID-Fumin, con lo que amplió el alcance y los recursos del programa.
A nivel nacional, se articuló con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y la Secretaría Técnica de Capacitación y Educación, a fin de obtener la certificación de competencias en agricultura y ganadería orgánica, dirigida principalmente a la profesionalización de líderes de agricultores urbanos (Rodríguez & Proaño, 2016).
La institucionalización marcó un punto de inflexión para AGRUPAR —que actualmente involucra a cerca de 4000 agricultores urbanos—, pues ha capacitado a aproximadamente 19 000 personas y articula una red de 100 000 consumidores, consolidando un ecosistema de producción y consumo favorable a la generación de ingresos de los productores (Rodríguez & Proaño, 2016). El proyecto integra saberes agrícolas tradicionales y prácticas rurales resignificadas en el contexto urbano, lo que establece un puente entre el campo y la ciudad y desarrolla formas de cultivo ajustadas a las dinámicas socioespaciales de Quito (Rodríguez et al., 2022).
Río de Janeiro, Brasil
Creado en 2006 por la Municipalidad de Río de Janeiro, el programa Hortas Cariocas se enmarca en el contexto de las políticas nacionales de seguridad alimentaria, especialmente vinculado al programa Hambre Cero (Instituto Cidadania, 2001; Belik, 2003) (Figura 3). El programa tiene como objetivo incentivar la agroecología urbana y la producción local, con un enfoque en la democratización del acceso a alimentos orgánicos y la promoción de la reconexión de la sociedad con prácticas alimentarias saludables.
Con cerca de 50 huertos activos y más de 280 hortelanos, el programa se desarrolla en dos frentes (comunitario y escolar) y ha superado la producción de 230 toneladas de alimentos. Además, beneficia a más de 20 000 estudiantes a través de 30 huertos en unidades educativas, cuya producción abastece a otras 46 escuelas, lo que garantiza el acceso a comidas saludables y agroecológicas. Al destinar el 70 % de la cosecha a donaciones, la iniciativa combate la inseguridad alimentaria de 4000 familias e integra la producción al consumo directo, lo que consolida a la escuela como un polo estratégico de nutrición y salud pública en Río de Janeiro.
El frente comunitario se implementa como estrategia de desarrollo local, con apoyo inicial de la alcaldía y con el objetivo de alcanzar una generación sostenible de ingresos. La implementación ocurre por demanda de la comunidad y, tras la aprobación, involucra capacitación técnica, inversión inicial y transferencia gradual de la gestión, con seguimiento del programa. La producción se divide entre el consumo local y la comercialización, asegurando ingresos a las familias participantes.
El frente escolar adopta un enfoque pedagógico orientado a la educación alimentaria y nutricional de niños y adolescentes. Tras la solicitud de la unidad escolar, la alcaldía proporciona insumos e infraestructura básica, mientras que el mantenimiento queda a cargo de la escuela, con apoyo técnico de Huertos Cariocas. A diferencia del frente comunitario, no existe un objetivo de generación de ingresos, sino la promoción de hábitos alimentarios saludables y el contacto con la agricultura, lo que produce un efecto multiplicador al involucrar también a las familias de los estudiantes.
En síntesis, al analizar el recorrido de la agricultura urbana desde prácticas populares hasta su institucionalización como política pública, se observa que, aunque estas iniciativas surgieron como respuestas directas a la inseguridad alimentaria y a la exclusión socioespacial, su consolidación dependió de la articulación entre la acción comunitaria y el respaldo institucional. Esta transición reveló tanto los potenciales de inclusión y aprendizaje colectivo como las tensiones y límites impuestos por las estructuras políticas y económicas vigentes. A continuación, se discutirá cómo los diferentes arreglos entre la comunidad y el Estado impactaron la escalabilidad, la diversidad de saberes y la continuidad de estas iniciativas en los tres contextos analizados.
DISCUSIÓN
A partir del método de análisis comparativo de los tres casos, en esta sección se presentan las principales convergencias y diferencias identificadas, con el fin de reconocer el contexto sociopolítico, cultural y urbano, los procesos de articulación y aprendizaje, y la espacialización de las prácticas de agricultura urbana. Aunque la dimensión espacial se menciona de manera descriptiva, no constituye el foco analítico central de este artículo, debido a las limitaciones de datos empíricos y cartográficos. Las categorías de análisis se describen en la Tabla 1 y se discutirán a continuación.
En relación con los distintos contextos sociopolíticos, se observa que los tres casos surgen de respuestas comunitarias a crisis sistémicas, aunque situadas en escenarios diferentes. En Cuba, los huertos urbanos se consolidaron como estrategia de resistencia frente a la escasez alimentaria y al aislamiento internacional; en Ecuador, surgieron en un contexto de inestabilidad urbana asociada a flujos migratorios; y, en Brasil, como respuesta a la exclusión socioespacial y a la inseguridad alimentaria en las favelas y áreas periféricas de Río de Janeiro.
A pesar del origen popular compartido y de la percepción del potencial de los espacios residuales en el tejido urbano como espacios de oportunidad, la espacialización y la difusión territorial variaron en cada caso. En Cuba, la implementación de los huertos en La Habana abarcó desde áreas centrales hasta zonas periféricas de la ciudad, y la política se expandió a escala nacional, por lo que se convirtió en un referente mundial de agricultura urbana. Por esta característica, el caso cubano se destaca por una amplia capilaridad en términos urbanos y paisajísticos. En Quito, AGRUPAR tuvo un enfoque metropolitano, orientado a la integración de migrantes urbanos, combinando producción doméstica en residencias con la ocupación de diversos espacios públicos. En Río de Janeiro, la distribución de los huertos reflejó las desigualdades estructurales, concentrándose en áreas vulnerables y, posteriormente, incluyendo las escuelas.
En los casos cubano y ecuatoriano, el resultado fue una transformación significativa, en la que la agricultura urbana no solo garantizó la supervivencia, sino que también revitalizó la cultura local, al fortalecer los vínculos comunitarios mediante proyectos colectivos y al resignificar espacios ociosos a través de la ampliación de espacios verdes productivos. En el contexto de Río de Janeiro, el programa Hortas Cariocas tiene la particularidad de estar dirigido exclusivamente a favelas y a comunidades de bajos ingresos, por lo que presenta una cobertura e inserción urbana y paisajística más específica que la de los otros casos.
En cuanto a los procesos de aprendizaje, todos los casos implican intercambios de saberes, aunque en arreglos distintos, lo que impacta la escalabilidad de cada caso. En Cuba, se produjo una integración entre saberes populares y conocimientos técnicos especializados, apoyada por inversiones públicas en investigación y capacitación, lo que contribuyó a promover la multiplicación de los huertos a nivel nacional. En Quito, la transmisión de saberes rurales se adaptó al medio urbano, de lo que resultó una apropiación funcional, pero menos diversa en términos de articulación de conocimientos. En Río de Janeiro, el proceso fue más verticalizado, con transferencia de conocimiento técnico a las comunidades de favelas, y a través de experiencias pedagógicas en las escuelas con potencial de replicación doméstica.
Se observa, así, que la multiplicación e institucionalización de los huertos estuvo directamente vinculada a la manera en que los saberes se articularon en el territorio entre los distintos actores involucrados. De esta manera, las iniciativas basadas en la construcción colectiva, en la integración de diferentes formas de conocimiento y en la articulación entre distintos sectores de la sociedad lograron alcanzar una mayor escalabilidad. No obstante, los límites de estas experiencias también se evidencian, especialmente en lo que respecta a la dependencia institucional y financiera vinculada a los programas gubernamentales y a la atención paliativa de los problemas estructurales.
En Quito y en Río de Janeiro, las políticas públicas buscan mitigar los efectos del desarrollo urbano desigual mediante una lógica de gobernanza que transfiere a la sociedad civil responsabilidades que deberían ser garantizadas por el Estado a través de políticas estructurales. En contraste, Cuba, aunque enfrenta desafíos relacionados con el aislamiento geopolítico y la escasez de insumos, presenta un modelo de coproducción fortalecido por la articulación entre la participación popular y la inversión estatal, ampliado mediante inversiones en infraestructura agrícola y desarrollo técnico.
En síntesis, la consolidación de las iniciativas y de las políticas públicas fue fundamental para su sostenibilidad y reconocimiento, pero no siempre resultó en una mayor autonomía comunitaria. Como problematizan Brand y Muñoz (2007), aunque se originaron en procesos de coproducción del espacio, la incorporación estatal generó una fuerte dependencia institucional, lo que limitó, en ocasiones, su potencial emancipador.
En los tres casos analizados, los huertos urbanos se interpretan a la luz del concepto de espacio público insurgente (Hou, 2010), entendido como una práctica social de apropiación y resignificación del espacio urbano, especialmente de los espacios ociosos. En este sentido, interesa comprender cómo estas iniciativas operan como dispositivos de acción colectiva, capaces de producir nuevas formas de pertenencia y de reivindicación del derecho a la ciudad, desafiando usos normativos y mercantilizados del espacio urbano. En La Habana, la ocupación descentralizada de terrenos durante el llamado periodo especial consolidó una práctica ampliamente legitimada; en Quito, la adaptación de saberes rurales a los vacíos urbanos articuló resistencia y búsqueda de reconocimiento formal; y, en Río de Janeiro, los huertos comunitarios y escolares activaron espacios descuidados, lo que generó pertenencia y movilización local. Desde la perspectiva de Holston (2008), estos procesos evidencian formas de ciudadanía insurgente, en las cuales poblaciones históricamente marginadas reivindican derechos mediante la acción directa y la coproducción del espacio urbano, como sujetos activos en la construcción de la ciudad.
CONSIDERACIONES FINALES
Las experiencias analizadas revelan que la agricultura urbana, especialmente en contextos latinoamericanos marcados por desigualdades socioespaciales e inseguridad alimentaria, se configura como una práctica potente de coproducción del espacio público y del paisaje urbano. Al transformar vacíos urbanos y espacios residuales en territorios de cultivo, aprendizaje y convivencia, estas iniciativas no solo enfrentan de manera inmediata la escasez alimentaria, sino que también contribuyen a la potencial recualificación de los espacios abiertos de la ciudad y activan procesos colectivos de resistencia ciudadana, lo que produce nuevos significados para el paisaje urbano y amplía sus posibilidades de uso, apropiación y reconocimiento social.
En los tres casos investigados —La Habana, Quito y Río de Janeiro—, las prácticas comunitarias surgieron como respuestas a crisis sistémicas y fueron gradualmente incorporadas por políticas públicas. Aunque en grados distintos, esta institucionalización permitió ampliar el alcance y la legitimidad de los huertos urbanos, aun cuando, en algunos contextos, implicó cierta pérdida de autonomía comunitaria y dependencia del aparato estatal.
El análisis indicó que la coproducción fue más efectiva cuando articuló saberes populares y técnicos, lo que fortaleció los vínculos sociales en el territorio y evidenció el espacio público como resultado de la acción colectiva de múltiples actores. En estos contextos, la agricultura urbana actuó como un mecanismo de coproducción al consolidar el espacio público como lugar de coaprendizaje, resistencia y expresión ciudadana. Sin embargo, el estudio también señala límites, especialmente cuando la institucionalización y las asimetrías entre actores restringen la autonomía de las acciones y tensionan la producción colectiva del conocimiento.
Al resignificar espacios negligenciados y transformarlos en zonas de cultivo, la agricultura urbana trasciende la mera subsistencia, convirtiéndose en un acto de reivindicación del derecho a la ciudad y al paisaje. La conversión de vacíos urbanos, áreas degradadas e infraestructuras residuales en huertos comunitarios contribuye a la cualificación ambiental y a la constitución de una red de espacios abiertos multifuncionales, capaces de articular funciones ecológicas, productivas y sociales en el tejido urbano. Así, se evidencia que el espacio público es una obra colectiva en constante transformación, en la que las prácticas cotidianas de cultivo, aprendizaje y convivencia reconstruyen material y simbólicamente el paisaje urbano.
Aunque las prácticas de agricultura urbana surgieron inicialmente como forma de mitigar los problemas de manera urgente frente a la falta de apoyo gubernamental, los casos demuestran cómo las acciones comunitarias pueden operar como catalizadoras de transformaciones más amplias. Los límites de las experiencias estudiadas resaltan la necesidad de políticas estructurales que vayan más allá de la lógica paliativa, al enfrentar las causas profundas de la vulnerabilidad urbana.
Este estudio evidencia la relevancia de la agricultura urbana como práctica de coproducción del espacio público en Latinoamérica, sobre todo en su dimensión socioinstitucional y política. A la vez, señala la necesidad de profundizar en investigaciones que articulen de manera más sistemática estas prácticas con su dimensión urbanística y paisajística, especialmente a través de análisis espaciales, morfológicos y cartográficos.
En este sentido, investigaciones futuras pueden avanzar en la comprensión de la relación entre la agricultura urbana y la producción material del paisaje, así como en el papel de estas iniciativas en la transformación del sistema agroalimentario urbano y en la ampliación de la soberanía alimentaria de las comunidades, a fin de fortalecer las vías de emancipación y justicia socioespacial en el contexto latinoamericano. Se concluye que la agricultura urbana, como práctica espacial insurgente, revela el potencial de las acciones populares en la producción de nuevos sentidos para lo urbano. Sin embargo, su consolidación como política pública emancipatoria exige un Estado comprometido con la redistribución, la escucha activa y la gestión compartida de los espacios públicos.
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos el apoyo de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) y de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para el desarrollo de esta investigación.
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