ESTADO Y DESARROLLO
EN LATINOAMÉRICA

Primeros multifamiliares
modernos mexicanos

Vivienda para trabajadores públicos
durante la segunda mitad del siglo xx

Early modern multifamily housing
in Mexico
Housing for Public Workers in the Second
Half of the Twentieth Century

Pablo Francisco Gómez Porter

Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional
Autónoma de México, Ciudad de México, México
0000-0003-4963-4410

Recibido: 29 de marzo del 2022
Aprobado: 22 de septiembre del 2022

doi: https://doi.org/10.26439/limaq2023.n011.5835

Este trabajo aborda los conjuntos de vivienda colectiva, diseñados por Mario Pani e inaugurados en México en plena mitad del siglo xx, con el nombre de multifamiliares, en cuyo diseño se aplicaron los postulados del Movimiento Moderno, generando una arquitectura excepcional por su escala y forma. En este marco, la Dirección General de Pensiones (DGP) construyó, administró, gestionó y ofreció viviendas modernas para empleados de bajos ingresos —agremiados en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE)— bajo un programa de rentas baratas. El artículo presenta hallazgos que muestran la forma en la que se construyeron relaciones entre la DGP, el sindicalismo oficial y la base de trabajadores públicos en torno a la asignación de viviendas en los multifamiliares. Asimismo, se aborda el final del sistema político y económico —en el ocaso del siglo— que hizo viable esta apuesta por el Movimiento Moderno en México.

corporativismo, Estado, Movimiento Moderno, multifamiliares, sindicatos

This work covers the multifamily housing complexes built in Mexico in the mid-twentieth century, designed by Mario Pani in line with the tenets of the modernist movement, producing an architecture of exceptional scale and form. In this context, the General Directorate of Pensions (DGP - Dirección General de Pensiones) built, managed and offered modern housing to low income workers members of the State Workers’ Union Federation (FSTSE - Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado) — through an affordable rent program. The article presents findings that detail how relations between the DGP, official unionism and the public worker base were built around the allocation of housing. Moreover, it touches on the decline of the political and economical system that made this bet on the modernist movement in Mexico possible towards the end of the decade.

collective housing, corporatism, Modern Movement, State, workers’ unions

Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Introducción

Durante el periodo presidencial de Miguel Alemán Valdés (1946-1952), se construyeron en México las primeras unidades de habitación del Movimiento Moderno, generando una arquitectura excepcional por su escala y forma. Esta vivienda se ofreció a los trabajadores al servicio del Estado —los burócratas1— en un esquema de rentas baratas a través de la Dirección General de Pensiones Civiles (DGP, en lo sucesivo).

Esa tipología arquitectónica es conocida en México como multifamiliar desde que empezó a ser citada por sus propios autores cuando se trató de hacer enunciados sobre sus cualidades y el destino de los edificios (De Anda, 2008, p. 30); por lo tanto, el neologismo será utilizado en este texto.

Los primeros conjuntos que se construyeron en México con estas características son los que Mario Pani2 describió en su libro Los multifamiliares de pensiones, publicado en 1952 y que se abordan en esta exploración. Allí presentó tres proyectos de vivienda colectiva moderna que diseñó para la DGP en el Distrito Federal y que abarca dos unidades de habitación: el Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA), localizado en la colonia del Valle3, y el Centro Urbano Presidente Juárez (CUPJ), en la colonia Roma. La tercera obra es el edificio multifamiliar para maestros en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los tres casos agruparon viviendas en bloques de altura, visibilizando su escala urbana; coinciden en haber sido los primeros financiados por la DGP y únicamente para trabajadores públicos.

Audelio (2005) señala que los estudios en torno al corporativismo durante el siglo xx en América Latina, y en México, ofrecen áreas de oportunidad para su desarrollo, más aún de exploraciones como la que se presenta, que analiza la vinculación entre la producción arquitectónica del Movimiento Moderno y el sistema político en el siglo pasado. Es ahí donde radica el aporte de este trabajo, que comienza reseñando la conformación del sistema político mexicano del siglo xx y el papel que desempeñó en él, el corporativismo sindical y de Estado. Posteriormente se muestra el impulso que se dio a la producción de vivienda social para trabajadores del sector público durante el sexenio alemanista en unidades de habitación modernas; la administración y conservación que, a manera de prestación social, les brindaba la DGP, y los hallazgos que revelan cómo la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) se involucró en la asignación de esas viviendas. Finalmente, se comparten los hallazgos que muestran cómo todo un sistema político, que dio sentido al programa de vivienda en renta dentro de los multifamiliares, se desvirtuó en los años ochenta, a consecuencia de cambios radicales en las políticas económicas y sociales que se gestaron en toda América Latina y que en México tuvieron una repercusión significativa.

Hipótesis

La hipótesis plantea que las viviendas de los multifamiliares de Pensiones desempeñaban una función política, toda vez que se asignaban a sectores de la burocracia que eran de interés para el régimen autoritario que gobernó México durante el siglo xx .

Metodología

Esta investigación es de tipo documental, por lo que se indagó en publicaciones de la época, tales como periódicos, revistas, las memorias de Pensiones Civiles publicadas para celebrar sus primeros 25 años de vida, las memorias que la FSTSE sacó a la luz en 1970 y el Diario Oficial de la Federación (DOF), y en repositorios históricos, como el Archivo General de la Nación (AGN) y el Histórico de la UNAM (AHUNAM). Allí se buscaron fuentes primarias que permitieron identificar los procesos de administración y de relación establecidos entre el gobierno, su partido oficial (el Partido Revolucionario Institucional - PRI), Pensiones Civiles, la FSTSE y sus trabajadores agremiados en torno al acceso y permanencia en la vivienda en los tres proyectos de habitación publicados por Pani en 1952.

Asimismo, para saber cómo operaba el corporativismo de Estado mexicano del siglo xx y comprender cómo los proyectos habitacionales en altura divulgados por Pani pudieron haberse relacionado, de algún modo, con ese sistema político durante la segunda mitad de la pasada centuria, se consultó bibliografía especializada, partiendo de clásicos como Schmitter (1976), hasta publicaciones contemporáneas que cuentan con la perspectiva del tiempo (Audelio, 2005; Maldonado Aranda, 2006).

Sistema político mexicano del siglo xx

El movimiento revolucionario, iniciado en 1910, enarboló diversas causas sociales que paulatinamente fueron atendidas por el régimen que de él emanó. En 1929, los caudillos sobrevivientes de la Revolución se aglutinaron en torno al Partido Nacional Revolucionario (PNR), que en 1946 se convirtió en el PRI, el órgano político oficial del que provinieron todos los presidentes de la República hasta el año 2000, cuando por primera vez se dio la alternancia en el poder con un partido de oposición.

Con el PNR surgió el presidencialismo mexicano, un sistema que se institucionalizó con el PRI y cuando el Presidente en funciones —emanado de las filas del partido oficial— ocupaba el cargo por seis años y durante el último año de su gestión designaba a su sucesor, quien, después de contender en un proceso electoral simulado con candidatos de una oposición inexistente, o alineada al régimen, resultaba ganador de la contienda, ocupando la presidencia de la República durante un sexenio (Krauze, 1998). En consecuencia, el sistema de gobierno que depositaba todo el poder en la figura de una sola persona, que ostentaba la Presidencia, propició un régimen autoritario al que ningún sector de la sociedad se atrevía a cuestionar.

El régimen realizó, desde los primeros años de su consolidación, múltiples acciones sociales para reivindicar los ideales de justicia social que, en el terreno ideológico, fueron la esencia de la Revolución mexicana. Durante el maximato4 se atendieron necesidades básicas en materia de salud y educación básica. En el transcurso del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) se dio la reforma agraria, para entonces necesaria en un país predominantemente rural que demandaba un reparto equitativo de la tierra. Asimismo, Cárdenas dio pie a la creación del Estado corporativo en los años treinta del siglo xx con el objetivo de salvar al país del cacicazgo y del caudillismo que para entonces representaban una amenaza al régimen.

Las bases que se gestaron durante el Cardenismo propiciaron que gran parte de la sociedad estructurada formalmente estuviera organizada de manera corporativa y clientelar; su subsistencia como una forma fundamental de control y mediación entre la sociedad y el poder, junto con el clientelismo, ha sido considerado como un componente de nuestra cultura política nacional. (Audelio, 2005, p. 18)

En este marco, la Secretaría de Gobernación convocó a los sindicatos de empleados estatales para constituir la Central Única de Trabajadores al Servicio del Estado, quedando aglutinados en la FSTSE, oficialmente constituida el 2 de noviembre de 1938 (Robledo Santiago, 1970).

Fomento de la vivienda social durante el alemanismo

Miguel Alemán Valdez asumió el cargo de presidente de la República el 1º de diciembre de 1946. La agenda alemanista se enfocó en consolidar la modernización del país mediante la construcción y desarrollo de infraestructura urbana, carreteras, la actualización de las redes ferroviarias y un amplio espectro de obra pública. En ese momento, la producción de vivienda social —una asignatura pendiente de la Revolución mexicana— tuvo una importancia capital sin precedentes. Así se consolidaron los programas para la construcción de viviendas a gran escala, con la participación de instituciones creadas para tal fin, como el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (Sánchez Rueda, 2009). Durante el alemanismo también se consolida el programa de acceso, crédito y producción para la vivienda destinada a la burocracia mexicana. Miguel Alemán Valdés recibió un país con una economía en franco desarrollo gracias a los resultados de la expropiación petrolera realizada por Cárdenas en 1938, lo que permitió que las ganancias producidas por la abundante explotación del crudo en aguas del Golfo fueran administradas por el gobierno a través de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). La riqueza generada por el llamado “oro negro” nutrió por décadas a las arcas públicas.

La producción de vivienda social a gran escala, destinada a servidores públicos a través de la DGP —creada en 1925 con la misión de administrar y garantizar los fondos para el retiro de la clase burócrata, así como de otorgar créditos hipotecarios que hasta antes de 1947 habían sido escasos—, fue una política de Estado que impulsó Alemán. Para ello, se fortalecieron los programas que posibilitaron su financiamiento y producción.

El 17 de enero de 1947, al inicio del sexenio, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las modificaciones a la Ley General de Pensiones Civiles, convirtiéndola en la responsable de dirigir la política nacional en materia de vivienda social para los trabajadores del sector público. Asimismo, se le dotaron de los recursos económicos que le permitieron incrementar exponencialmente los préstamos para la adquisición de casas y terrenos y para financiar la construcción de unidades multifamiliares que quedarían en propiedad de la DGP para ofrecer viviendas a los trabajadores públicos con menores ingresos bajo un programa de rentas baratas.

Pensiones Civiles otorgó durante sus primeros 25 años de vida, 14 242 préstamos hipotecarios para obtención de casas para los trabajadores al servicio del Estado, de los cuales 5170 se dieron entre 1947 y 1950; lo que equivale al 36 % del total de créditos otorgados a lo largo de 25 años. El monto total invertido en préstamos hipotecarios en ese mismo periodo fue de $ 181 815 002,13; del cual, las cantidades mayores también se erogaron entre 1947 y 1950 por $ 92 028 628,62, lo que equivale al 50, 61 % del total del dinero que hasta entonces había prestado la dependencia (DGP, 1950). Los números muestran el impulso a la vivienda durante ese periodo presidencial.

El programa de préstamos hipotecarios permitió a los trabajadores comprar o construir viviendas unifamiliares en fraccionamientos que la Dirección lotificó con el nombre de “colonias para trabajadores”. El diseño de estos fraccionamientos se plasmó en casas aisladas y agrupadas de baja altura, canchas deportivas y escuelas, así como en una traza caracterizada por andadores peatonales y jardines lineales que, en conjunto, conformaban unidades vecinales; todas ellas contaban con los servicios de agua, luz y drenaje. Con ese modelo de fraccionamiento se desarrollaron colonias en la ciudad capital, como Xotepingo, también llamada Ciudad Jardín, El Reloj, Héroes de Churubusco, El Rosedal, El Sifón y algunas otras que combinaron la tipología de la unidad vecinal con edificios plurifamiliares de baja altura, como el caso de la colonia Centinela o la Unidad Modelo, también llamada “Unidad Vecinal 9” (DGP, 1950, pp. 107-114).

El impulso a este tipo de desarrollo —con la tipología de la ciudad jardín— se extendió en todo el país, lo que en buena parte se debió a que el agrupamiento en colonias tuvo la ventaja, entre otras, de poder rebajar el costo de la producción de vivienda, ya que la adquisición de terreno en grandes superficies y el desarrollo de construcciones en serie permitieron disfrutar de los precios de mayoreo y prorratear entre muchos interesados la erogación de los gastos generales (DGP, 1950, p. 78).

El segundo programa habitacional que la DGP ofreció a la burocracia se denominó “casas baratas en renta” en multifamiliares, y también comenzó formalmente con la modificación a la Ley General de Pensiones Civiles publicada en 1947. La construcción de esas viviendas fue financiada con recursos propios de la dependencia, que las mantuvo en propiedad para ofrecerlas en renta, inicialmente, en los multifamiliares Alemán y Juárez. A partir de la década del cincuenta, aunque ambos programas (colonias en ciudades jardín y casas baratas en renta en multifamiliares) fueron promovidos por la misma dependencia, sus diferencias eran visibles, más allá de la evidente morfología física y espacial que caracteriza a las arquitecturas de estos desarrollos de habitación. La unidad vecinal ocuparía una mayor extensión de terreno, incorporando inmuebles de baja altura; en contraste, los multifamiliares son una oda al Movimiento Moderno, siendo más exitosos como posicionamientos políticos y como símbolos que como barrios (Landa, 2017, p. 111), dada su imagen urbana generada por su altura y su gigantesca escala.

Los multifamiliares fueron en México las respuestas mediáticas que, desde la arquitectura y el urbanismo, surgieron para solucionar la escasez de vivienda en la ciudad capital durante su etapa de modernización. Al mismo tiempo, el régimen utilizó esa arquitectura de vanguardia y de corte social para promoverla como una de las grandes acciones que realizaba a favor de los trabajadores y para atender la creciente demanda de vivienda urbana. Pero lo que no se decía en el discurso oficial, es que era solo para empleados de sectores específicos que resultaban de interés para el gobierno y su administración.

Unidades de habitación del Movimiento Moderno
en América Latina

El vertiginoso avance industrial del siglo xx propició un crecimiento sin precedentes de la población en las capitales latinoamericanas. Las personas que llegaban a las ciudades, atraídas por la promesa de desarrollo, demandaban una cantidad de vivienda que no estaba disponible. A su vez, la vivienda existente, destinada a sectores populares, se caracterizaba por ser insalubre y por obligar a sus habitantes a vivir hacinados.

En medio de esta crisis social de los años cincuenta se comenzó a sentir el impacto del Movimiento Moderno bajo la idea de “estilo internacional”. Una arquitectura determinada por los manifiestos resultantes de los encuentros de los CIAM [los congresos internacionales de arquitectura moderna], para quienes las unidades habitacionales serían la solución a las grandes demandas de vivienda y los edificios aislados de concreto y vidrio empezarían a transformar el perfil tradicional de las ciudades. Y fue en América Latina donde se sintió con más fuerza esa transformación. (Montoya, 2004, p. 35)

En este contexto, las nuevas viviendas debían producirse en grandes cantidades y, al mismo tiempo, insertarse en la estructura de la ciudad moderna que se pretendía consolidar en el siglo xx. Para el diseño de esa vivienda, los arquitectos latinoamericanos del momento tuvieron como referencia explícita el universo intelectual anglosajón (Arango, 2012, p. 341), así como las propuestas europeas emanadas de los congresos internacionales de arquitectura moderna (CIAM), que defendían la vivienda en altura, el modelo que comenta este artículo.

Este referente tiene su origen en las recomendaciones de la Carta de Atenas de 1933, la misma que consagra las propuestas del IV CIAM celebrado en la capital helénica. En la Carta se propone que la vivienda debía agruparse en torres de gran altura, aprovechando la tecnología constructiva que permitiría el desarrollo de estructuras altas, el uso del elevador para acceder a ellas y unas superficies acristaladas en las fachadas para posibilitar una iluminación y ventilación naturales en cada célula de vivienda.

Asimismo, las unidades de habitación debían facilitar el desarrollo integral de sus moradores y evitar su desplazamiento hacia otras zonas de la ciudad para satisfacer necesidades básicas, como abasto, recreación y educación. En consecuencia, las altas torres de vivienda debían concentrar una cantidad importante de habitantes, para aprovechar al máximo el suelo ocupado, estar rodeadas de amplias extensiones de áreas verdes o jardines, y contar con un equipamiento colectivo, tal como servicio médico, maternidad para niños en edad preescolar, escuela de educación básica, banco y oficina de correos. También debían contar con centros de abasto básico (alimentos y medicamentos), todo ello agrupado en supermanzanas de habitación, donde la mayor extensión del predio fuese ocupada por los jardines y, en menor proporción, el área desplante de los edificios en altura. Estas ideas fueron divulgadas por Le Corbusier en todo el mundo y materializadas por él en la unidad de habitación de Marsella, referente de la vivienda colectiva del Movimiento Moderno en el mundo.

Mario Pani optó por desarrollar y promover este modelo, convir-tiéndose en uno de sus principales exponentes en México (De Anda, 2008), pero también en Latinoamérica, como pudo comprobarse en el VII Congreso Panamericano de 1950, donde Pani propuso “hacer conjuntos habitacionales con esquemas de edificios en altura [...], sustentaba su alegato en el centro urbano Miguel Alemán” (Arango, 2012, p. 350), inaugurado un año antes en la Ciudad de México.

Ese primer multifamiliar que Pensiones Civiles construyó con 1080 viviendas, para solucionar —en el discurso— la demanda de vivienda que se gestaba en la capital mexicana, representó una manera novedosa y más moderna de diseñar los conjuntos en América Latina y sirvió de referencia para muchas otras unidades habitacionales de los años cincuenta en varios países (Arango, 2012, p. 351).

Los primeros desarrollos habitacionales que se construyeron en México aplicando fielmente las recomendaciones del IV CIAM fueron los tres multifamiliares que Pani diseñó para Pensiones Civiles. En este marco, es preciso aclarar que el primer conjunto que se construyó en el país con equipamiento colectivo y bloques de vivienda con baja altura (cinco niveles) es la Unidad Esperanza, terminada en 1948 en la colonia Narvarte (Sánchez Rueda, 2009, p. 153); sus 200 viviendas se destinaron a trabajadores del sector privado derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, ese conjunto no agrupa la vivienda en bloques de altura, carece de la alta densidad habitacional que genera la torre de vivienda de escala gigantesca, razón por la cual no tiene el mismo impacto visual y urbano que tuvieron los gigantescos multifamiliares de Pensiones.

Acceso a las viviendas en los multifamiliares
de Pensiones durante el alemanismo

Para verificar, o descartar, la hipótesis planteada al inicio de este artículo, y de acuerdo a la metodología de trabajo, se analiza la manera como se asignaron las viviendas en los tres primeros multifamiliares de la DGP; la forma como se administraron y el papel que tuvieron los sindicatos de trabajadores en estos procesos.

El 2 de septiembre de 1949, el presidente Miguel Alemán inauguró la primera unidad de habitación de la DGP: el Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA; véanse Figuras 1 y 2). En la primera plana de los diarios de circulación nacional, alineados, voluntaria u obligadamente, con el régimen se informaba lo siguiente:

El Presidente inauguró los gigantescos edificios multifamiliares de Pensiones […] entregó ayer a su pueblo la primera obra gigante

destinada a resolver el problema de la habitación en el Distrito Federal. […] la inauguración de estos edificios constituye un testimonio innegable de cómo el problema de la vivienda en ciudades superpobladas como la nuestra, es susceptible de una rápida solución cuando se cuenta con un Gobierno como el del Presidente Alemán y con instituciones como la Dirección de Pensiones Civiles […]. (El Nacional, 3 de septiembre de 1949, p. 1)

Los referentes que convergen en el CUPA fueron más allá de su evidente innovación arquitectónica y urbanística; ahí se ensayaron formas para la organización vecinal y de asignación de viviendas. Así comenzó el programa de “casas baratas en renta” de la DGP, como una prestación social en beneficio de la burocracia. Su financiamiento solo fue posible con la participación del Estado, toda vez que la densidad habitacional, generada por la colosal escala de sus edificios en altura, requería para su funcionamiento de una figura rectora capaz de administrar y conservar sus diferentes áreas comunes y privadas, así como de detentar la autoridad necesaria que le permitiera dirimir posibles conflictos vecinales. Esa figura fue constituida por:

[…] una Oficina Central, al frente de la cual está el Administrador de esa Dependencia, quien es auxiliado por los ayudantes necesarios. La Administración lleva el control de arrendatarios, practica las investigaciones sociales, económicas y de higiene pertinentes para la admisión de nuevas familias; vigila la disciplina y el orden del multifamiliar y el cumplimiento del reglamento de convivencia por conducto de la unidad médica; practica los exámenes clínicos necesarios para comprobar la buena salud de los habitantes del CUPA. Administra la escuela, el jardín de niños y la guardería. Por medio de un ayudante trabajador social, atiende la organización de la vida social y deportiva de la colectividad. Vigila que los establecimientos comerciales no alteren en perjuicio de la población del multifamiliar los precios normales de las mercancías, ni la buena calidad de ellas. Controla los servicios de Radio-sonido, purificación de aguas, policía privada, sistemas de incineración de basura, y en general, todas y cada una de las diversas actividades que la buena marcha del centro requiere. Cuida por el buen mantenimiento y eficacia de los servicios de utilidad común como cocina familiar, correos, banco, etc. (DGP, 1950, p. 36)

El segundo multifamiliar con bloques de vivienda en altura, promovido por la DGP, fue el Centro Urbano Presidente Juárez (CUPJ), en la colonia Roma de la Ciudad de México. Las obras se iniciaron el 15 de junio de 1949 con la demolición del Estadio Nacional y se terminaron el 1 de septiembre de 1952 (Salazar, 1975, p. 64). El complejo también fue proyectado por Pani, siguiendo los postulados de los CIAM, y se compuso de 19 edificios separados entre sí por amplios jardines y andadores peatonales (véanse Figuras 3 y 4), marcando una diferencia sustancial en el diseño respecto a su predecesor, que tiene un trazo a´redent, y agrupando torres de trece niveles integradas en un solo volumen con forma de zigzag.

La presidencia de la República siguió muy de cerca la construcción de la segunda unidad de habitación de la DGP, llegando al punto de organizar la ceremonia inaugural en coordinación con el titular de la oficina de Pensiones, Esteban García de Alba. El siguiente telegrama de invitación a altos funcionarios del gobierno da cuenta de ello:

El Sr. presidente de la Republica inaugura nuevo centro urbano presidente Juárez el día 2 de septiembre a las 10 horas, por lo que me complace invitar a usted cordialmente para que asista a dicho acto. Saludolo afectuosamente.

Lic. Esteban García de Alba.

Dirección de pensiones civiles.

(Telegrama remitido el 29 de agosto de 1952 por la Oficina de Correspondencia Telegráfica de la Presidencia de la República. Archivo General de la Nación. Fondos presidenciales, colección Miguel Alemán Valdés; sobre C-1224 A-38)

El CUPJ fue inaugurado por el presidente Alemán el 2 de septiembre de 1952, en el ocaso de su sexenio (véase la Figura 5). La puesta en operación de este segundo multifamiliar perpetuó el sistema de colaboración entre la DGP, la burocracia y el poder presidencial que, por primera vez, se dio en el CUPA a manera de prestación social otorgada por el gobierno a sus trabajadores.

El multifamiliar para maestros se encuentra inserto en la que fue la obra cumbre del periodo presidencial de Miguel Alemán: la Ciudad Universitaria de la UNAM. A diferencia de los primeros dos conjuntos habitacionales ya citados, se trata de un edificio aislado dentro de un campus universitario (véase la Figura 6).

En el multifamiliar universitario, la asignación la determinaba de manera directa la propia universidad, en coordinación con la DGP, la cual elaboró unas bases para la designación de las personas que ocuparían los departamentos, fijándose que prestasen sus servicios en la Ciudad Universitaria, ya sea en calidad de profesores o de empleados

(Gaceta UNAM, 8 de noviembre de 1954, p. 4). Esas solicitudes debían presentarse a la ayudantía de la secretaría general de la casa de estudios.

El 6 de enero de 1945 se promulgaron la Ley Orgánica y el Estatuto General de la UNAM, en los que la universidad se definía como una corporación pública y como un organismo descentralizado del Estado. La Ley Federal del Trabajo establecía los derechos de sindicalización, contratación colectiva y huelga, pero en los términos en los que se estaba definiendo la universidad (como una corporación pública y como un organismo descentralizado del Estado), implicaba dar falsas esperanzas a los trabajadores, ya que no podía considerarse en el estatuto jurídico de los trabajadores al servicio del Estado, porque resultaría afectado el principio de la autonomía5 establecido en 1929 (Pérez Cruz, 2009, p. 17). Tal situación vulneraba los derechos laborales de los empleados universitarios de la casa de estudios, por lo que, en el marco de su limitado margen de acción de ese momento, la universidad realizó algunas gestiones para financiar las pensiones del personal jubilado, destacando la elaboración de un reglamento para tal fin. Sin embargo, la precaria situación económica que entonces enfrentaba la UNAM impedía cubrir esos gastos. De esta manera, en 1952, por un acuerdo presidencial emitido por Miguel Alemán, los desempleados universitarios (el personal retirado) se incorporaron al régimen de Pensiones Civiles de Retiro. Desde entonces, tuvieron derecho a préstamos a corto plazo, hipotecarios y prendarios, además de jubilaciones (Pérez, 2009, p. 18).

El servicio de mantenimiento y administración que brindaba la DGP no se prestó en el edificio para maestros. En este último caso, hubo constantes quejas de los inquilinos a la administración, dadas las deficiencias de los servicios. Los moradores señalaban que:

Carecemos de una persona encargada de la administración del edificio, falta de teléfono […]. Estamos completamente aislados, en casos de emergencias deben recurrirse un teléfono que el más próximos [sic] encuentra a 8 km a la redonda, se carece de cuartos servicios para servidumbre, se ha aumentado las rentas […]. Pensiones nos ha hecho saber que la pintura de los departamentos se hará el 50% por parte del inquilino y el otro 50% por parte de pensiones; finalmente se ha dado la orden para que no se provea combustible al incinerador. (Correspondencia para el doctor Daniel F. Rubín de la Borbolla, director de Promoción, en nombre de los inquilinos y firmada por el señor Héctor Domínguez. 27 de julio de 1955. AHUNAM, fondo UNAM, expediente 1833)

La Oficina Central que administró el CUPA a partir de 1949 ampliaría pocos años después sus atribuciones y se haría cargo del mantenimiento y conservación del CUPJ. Se manejaría de manera similar e intentaría hacer lo mismo en el multifamiliar de maestros en la Ciudad Universitaria. A partir de 1960, cuando la DGP se convirtió en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)6, la Oficina pasó a convertirse en la Subdirección de Multifamiliares (Salazar, 1975, p. 78). Los recursos económicos necesarios para financiar la operación de la Oficina —primero— y de la Subdirección —después—, así como para erogar las cuantiosas cantidades de dinero que se requerían para el mantenimiento de los multifamiliares, sus viviendas, jardines, servicios, escuelas, áreas deportivas y recreativas, provenían de los propios fondos de la Dirección de Pensiones, que eran reinvertidos por Nacional Financiera en bonos del Banco Hipotecario a partir de los procedimientos establecidos en el “Decreto que modifica la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro” (DOF, 17 de enero de 1947). Este sistema hizo posible la viabilidad financiera del programa de casas en renta, para absorber los gastos que generaban su mantenimiento y operación.

Las cantidades que por concepto de renta serían cobradas a los inquilinos de los diferentes complejos residenciales dependían del tipo de vivienda ocupada. En el CUPA se ofertaron cuatro tipologías diferentes: los montos mensuales de arrendamiento, fijados en 1949, eran de $ 75 por el departamento tipo A, de 58 m2; de $ 100 para el departamento tipo B, de 62 m2; de $ 115 por el departamento tipo C, de 80 m2; y de $ 130 para el departamento tipo D, de 110 m2 (DGP, 1949, p. 128). En cambio, en el multifamiliar de maestros se ofrecieron dos tipologías: las rentas fueron de $ 275 para los departamentos tipo dúplex y de $ 175 para los sencillos (Gaceta UNAM, 1954, p. 4).

La DGP definió que las viviendas se destinarían únicamente a empleados cuyos ingresos mensuales no excedieran los $ 640 (DGP, 1950, p. 79). Este criterio fue un primer filtro de acceso a la vivienda y fue determinado por la Dirección de Pensiones; el segundo filtro fue la creación de un sistema de acceso y asignación con la mediación de la FSTSE, que se estableció bajo el siguiente procedimiento:

La Dirección de Pensiones Civiles comunicará a cada Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado […], el número de departamentos que dicho organismo pueda disponer para el uso de sus agremiados que reúnan los requisitos que este reglamento señala [y con un ingreso máximo de $ 640 al mes].

Cada Sindicato dará a conocer a sus trabajadores el número de departamentos de que disponga para la tramitación de solicitudes. Los Sindicatos Burocráticos remitirán oportunamente, por conducto de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado [FSTSE], a la Dirección de Pensiones Civiles, la lista de los miembros de su organización a quienes recomiendan para ocupar los departamentos. (DGP, 1949, p. 126)

Conviene señalar que tales sindicatos burocráticos fundaron la FSTSE en 1938, agremiando a los empleados de las siguientes dependencias del Estado: Agricultura; Asistencia Social; Comunicaciones y Obras Públicas; Educación Pública; Economía Nacional; Gobernación; Relaciones Exteriores; Departamento de Trabajo; Departamento de Educación Física; Departamento del Distrito Federal; Salubridad; Departamento forestal Caza y Pesca; Departamento Autónomo de Prensa y Propaganda; Departamento de Asuntos Indígenas; Departamento Agrario, Procuraduría General del Distrito y Territorios Federales; Procuraduría General de la República; Poder Judicial de la Federación; Contaduría Mayor de Hacienda; Poder Legislativo Federal; Presidencia de la República; Poder Judicial del Distrito Federal y territorios Federales; Tribunal Fiscal de la Federación; Unión Sindical de Trabajadores de Pensiones; Unión General de Trabajadores de Materiales de Guerra y Unión Sindical de Empleados y Obreros de la Lotería Nacional (Robledo, 1970, pp. 15-16).

Las dependencias citadas eran la parte medular de la administración pública federal; por lo tanto, eran las que hacían posible la marcha del gobierno, siendo indispensables —y estratégicas— para su operación. De esta manera, sus empleados fueron quienes tuvieron acceso a las viviendas que la DGP puso a su disposición en los multifamiliares Alemán y Juárez. Esa burocracia disfrutó de las prestaciones y servicios que ahí se otorgaban, como muestra del buen trato que el gobierno daba a sus trabajadores contratados en dependencias cuyos sindicatos integraban la central obrera oficialista.

La lealtad de la agrupación sindical al régimen quedó plasmada en su declaración de principios, la cual afirmaba que

[…] el régimen de la Revolución Mexicana es el que mejor garantiza la prosperidad del pueblo, por lo que ratificamos nuestra lealtad a sus principios, a sus postulados y a su plan de acción y ofrecemos toda nuestra fuerza unitaria en defensa de su estabilidad, como inspiradora legítima de un régimen democrático al servicio del pueblo. (Robledo, 1970, p. 42)

Relaciones entre actores en torno a la asignación
de vivienda para empleados públicos

La relación entre las partes vinculadas a la asignación de apartamentos que la DGP puso a disposición de los trabajadores del Estado en multifamiliares modernos se estableció en 1949 y se mantuvo por más de tres décadas. Ahí, la mediación sindical resultó ser la pieza que vinculó a la Dirección de Pensiones con la base del aparato burocrático. Esto se debió, en parte, a que el poder de la federación de sindicatos:

[…] se relacionó con la construcción misma de la institucionalidad del Estado; de ahí el incremento de su membresía, la gestoría de los intereses y derechos de sus representados, el apoyo a las políticas gubernamentales. Tanto en el periodo de Miguel Alemán, como en el de Ruiz Cortines, las prerrogativas a los trabajadores del Estado dejan claramente establecido el vínculo político institucional de la FSTSE con el Estado mexicano. (Leyva Piña et al., 2004, p. 66)

En este contexto, la vivienda de los multifamiliares que eran propiedad del Estado constituía un premio a la lealtad de los servidores públicos agremiados en la FSTSE o, bien, su acceso era la consecuencia de contar con el favor de las representaciones sindicales o de altos funcionarios del gobierno (De Garay, 2004). Recibir el beneficio de una “casa en renta”, propiedad de la DGP —primero— y del ISSSTE —después—, implicaba el compromiso de colaborar con el régimen, más allá del trabajo burocrático.

Los empleados que resultaban favorecidos con una vivienda en uno de los modernos multifamiliares, construidos por el gobierno para la base laboral de sectores estratégicos, no se negarían a asistir a las convocatorias sindicales para mostrar su apoyo y, principalmente, su lealtad al régimen. Así, las fidelidades políticas, e incluso la gratitud hacia un gobierno paternalista que brindaba trabajo, casa, sustento y servicios de salud, deportivos, culturales y recreativos, fueron una realidad por varias décadas en el marco de un sistema político unipartidista, con el apoyo fundamental de un corporativismo de Estado consolidado durante el cardenismo y característico de un régimen autoritario como lo fue el mexicano en buena parte del siglo (Schmitter, 1976).

En 1982, las expresiones de descontento hacia el régimen se dieron en el marco de la celebración del Día del Trabajo, referente simbólico del corporativismo mexicano. Justo en ese momento se evidenció el resquebrajamiento del sistema político que nació con la añeja revolución. Las manifestaciones tenían como consigna el rechazo hacia las políticas neoliberales que comenzaban a implantarse en detrimento de las conquistas laborales que se habían logrado con la gestión de los sindicatos aglutinados en la FSTSE, pero que ese año comenzaron a mermar o a desaparecer (Maldonado, 2006). Este último fue el caso del programa de “casas baratas en renta” en multifamiliares que comenzó a agonizar ante el inminente cambio en las políticas sociales y económicas que adoptaría el gobierno.

La crisis de 1982

En 1982, la economía mexicana llegó al punto del colapso. La deva-luación del peso frente al dólar y una creciente inflación mermaron el poder adquisitivo de la ciudadanía, así como la capacidad del gobierno de hacer frente a los compromisos económicos para su operación y el pago de su deuda. Asimismo, las decisiones en materia económica del presidente José López Portillo (1976-1982), basadas en la promesa de la bonanza petrolera, que se diluyó con la reducción mundial de los precios del barril de crudo, dieron pie a un endeudamiento sin precedentes; los mexicanos enfrentaron una de las mayores crisis económicas de las que se tenga memoria (Krauze, 1998).

Ante tal escenario, la aplicación de las políticas neoliberales —que limitan la intervención del Estado en asuntos económicos, públicos y sociales— se presentaba como la única opción para evitar la ruina del país. Además, era una imposición dictada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en toda la América Latina como respuesta a la crisis sincrónica y generalizada de la economía capitalista a escala mundial (Pradilla Cobos, 2020, p. 21).

La implementación de tales políticas en materia económica significó, para un país en crisis, un cambio total en los modelos sociales, políticos y económicos que hasta entonces habían dado soporte al régimen y a todas las prácticas que de él se derivaron, como lo fue el intervencionismo directo en la dotación de vivienda para la burocracia que durante décadas hizo posible el funcionamiento del aparato de Estado.

Durante la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), se reformó la administración pública federal, reduciendo los derechos y prestaciones de los trabajadores del sector público. Se disminuyó la planta laboral del gobierno, se redujeron las contrataciones y se restringió el uso discrecional y clientelar de los recursos públicos, que permitieron, durante las décadas anteriores, mantener la alianza política entre los sindicatos y el gobierno de turno, así como el monopolio de la representación política del partido de Estado (Leyva Piña et al., 2004, p. 68). El ISSSTE, entonces, se retiró de la administración de los multifamiliares Alemán y Juárez, heredados de la antigua DGP.

El “programa de casas en renta” agrupadas en multifamiliares, que hasta entonces era una prestación para la burocracia empleada en sectores estratégicos del aparato gubernamental, sería uno de los primeros activos del Estado en recibir de lleno el impacto de las fórmulas económicas impuestas por el FMI.

Así, el 11 de agosto de 1982 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se desincorpora del dominio público los inmuebles donde se encuentran ubicados los multifamiliares con que cuenta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se autoriza a este, para enajenar los departamentos a título oneroso y fuera de subasta en favor de los derechohabientes del propio Instituto”.

Terminaba, de esta forma, un programa oficial de vivienda, trasladando la propiedad de los multifamiliares a sus habitantes y locatarios comerciales. Lo mismo sucedió con la responsabilidad de administrarlos y conservarlos que hasta ese momento asumió el gobierno, a través de la DGP, primero, y del ISSSTE, desde 1960, quien contaba con los recursos humanos, económicos y la voluntad política de hacerlo (Gómez Porter, 2020). Las relaciones de poder, intereses, lealtades y gratitudes que comenzaron a tejerse en plena mitad de siglo xx entre el gobierno, la FSTSE y los trabajadores se diluyeron cuando caducó el modelo económico que posibilitó la operación de la máquina de habitación moderna mexicana.

Conclusiones

La hipótesis de trabajo, presentada al inicio de este artículo, se verifica para los casos de los multifamiliares Alemán y Juárez, donde la asignación de viviendas únicamente benefició a la burocracia agremiada en la FSTSE, una organización hegemónica del Estado que aglutinó a los sindicatos de trabajadores de las dependencias que permitían al gobierno funcionar; por lo tanto, garantizar la lealtad de sus empleados era necesario para el régimen.

La administración de la DGP en esos conjuntos se dio bajo un esquema clientelar que garantizó durante tres décadas la deseada lealtad política de los servidores públicos que ahí habitaban, constituyendo una práctica representativa del corporativismo de Estado mexicano instaurado en el cardenismo y vigente hasta 1982.

En el caso del multifamiliar de maestros de la Ciudad Universitaria de la UNAM, el trato que la Dirección de Pensiones, en su calidad de administradora, dio a los habitantes fue totalmente diferente. Si bien el acuerdo presidencial de 1952 dio a los trabajadores universitarios derechos laborales (y el estatus de empleados públicos), ellos nunca formaron parte de la federación de sindicatos.

La DGP no tenía con los trabajadores de la UNAM el mismo compromiso, ni interés, que tenía con la base laboral representada por la FSTSE, toda vez que los empleados universitarios lejos estaban de ser un sector estratégico o subordinado a los fines políticos de un régimen unipartidista y autoritario, como lo fue el que emanó de la Revolución mexicana.

Los tres multifamiliares de Pensiones tenían en común atender a los postulados del Movimiento Moderno, haber sido diseñados por el mismo arquitecto para la misma dependencia y estar destinados a los trabajadores del sector público. Sin embargo, los medios para acceder a las viviendas y a los servicios que la DGP brindó a los habitantes estuvieron determinados por la dependencia donde laboraban y, en consecuencia, por su adscripción sindical. En el caso de los multifamiliares Alemán y Juárez, la FSTSE —brazo político del régimen— garantizaría el buen trato que Pensiones daría a los moradores. En contraste, en el multifamiliar de la Ciudad Universitaria no fue así: ni los sindicatos, ni los trabajadores universitarios, estuvieron alineados a la FSTSE; por lo tanto, la DGP delegó la tarea de conservar y administrar ese inmueble a sus habitantes.

El cambio en los modelos económicos de los años ochenta, y en las políticas públicas, desvirtuó el programa de “casas baratas en renta” iniciado en 1949, provocando que las prácticas clientelares para la administración de las viviendas ya no fuesen viables. El programa solo fue posible en el marco de un crecimiento económico sostenido que se dio durante las décadas del cincuenta y sesenta, en el periodo conocido como el “milagro mexicano”. Entonces el gobierno tuvo la capacidad financiera y la voluntad política de asumir esos gastos, una capacidad que definitivamente perdió con la crisis de los años ochenta.

Contrario a lo que se afirmaba en el discurso oficial, las tres primeras unidades de habitación en altura del Movimiento Moderno de México, lejos estuvieron de solucionar el problema de la vivienda en las grandes ciudades que crecían vertiginosamente con el avance del siglo xx . En cambio, dos de ellas sí fueron herramientas políticas y un engranaje más de la maquinaria del Estado corporativo; por lo tanto, su finalidad fue política y no social. Con la dotación de vivienda se garantizó —y premió— la lealtad de los empleados públicos al régimen.

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