ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Y DISEÑO PARA TODOS

Barrios marginales
y discapacidad: ¿hacia dónde van
los asentamientos latinoamericanos?

Slums and disability: where are Latin
American settlements headed?

Camila Gálvez Petzoldt

International Disability Alliance (IDA)

0000-0002-8266-0912

Recibido: 26 de agosto del 2021
Aprobado: 15 de febrero del 2022

doi: https://doi.org/10.26439/limaq2022.n009.5384

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU es lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Sin embargo, este objetivo no puede ser alcanzado si las personas con discapacidad son excluidas de los progresos realizados en el desarrollo de los asentamientos humanos. El presente artículo analiza la intersección de dos tratados internacionales claves: la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como su relevancia en el contexto latinoamericano.

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Goal 11 of the UN Sustainable Development Agenda is to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. However, this goal cannot be achieved if people with disabilities are excluded from the progress made in human settlements development. This article analyzes the exception of two key international treaties, the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities, as well as its relevance in the Latin American context.

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INTRODUCCIÓN

Como principal centro de actividad humana, las ciudades son el escenario —pero también el resultado— del desarrollo de nuestras sociedades. No sorprende, entonces, que uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS 11), sea el de “lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015, p. 16).

Mil millones de personas viven actualmente en barrios marginales (ONU, 2015), asentamientos humanos sin condiciones básicas para una vida digna. En el Perú, Bolivia y Ecuador, el 33 %, el 49 % y el 20 % de la población urbana, respectivamente, vive en un barrio marginal (Banco Mundial, 2018). Como una de las regiones más desiguales del mundo, Latinoamérica es un centro de atención de los progresos en el ODS 11. La pregunta es ¿qué lugar tienen las minorías, particularmente las personas con discapacidad, en este proceso?

Se estima que el 15 % de la población mundial vive con una discapacidad (Organización Mundial de la Salud, 2021), porcentaje que aumenta proporcionalmente en áreas de pobreza como los barrios marginales. Sistemáticamente dejadas atrás en planes y políticas públicas, ¿serán las personas con discapacidad incluidas en las ciudades sostenibles del futuro?

CONTEXTO

De acuerdo con las consultas realizadas por la Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS) para el informe regional sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina, bajo el enfoque de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), las personas con discapacidad en la región consideran que las metas prioritarias del ODS 11 que se deben implementar son las 11.7 y 11.b, que dicen lo siguiente:

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastres a todos los niveles. (RIADIS, 2019, p. 43)

Los resultados del reporte regional muestran que las principales barreras encontradas por las personas con discapacidad para la implementación del ODS 11 en relación con la reducción del riesgo de desastres son “la ausencia de políticas sobre gestión inclusiva de riesgos”, así como la falta de accesibilidad y seguridad en los servicios y refugios.

Sin embargo, no hay información estadística relevante sobre el impacto del medio urbano en la calidad de vida de las personas con discapacidad en Latinoamérica. Esto se debe a que la información recopilada sobre el acceso a servicios públicos y urbanos no está desglosada por discapacidad.

Por otro lado, las fuentes de información sobre la relación entre urbanismo y discapacidad son frecuentemente enfocadas desde un punto de vista arquitectónico y de accesibilidad física. Este tipo de publicaciones normalmente incluye información técnica sobre accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas y deja de lado otros tipos de discapacidad.

EL ODS 11 Y LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Para entender el ODS 11 desde la perspectiva de los derechos humanos de las personas con discapacidad, debemos referirnos a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

La CDPD fue adoptada por la ONU en el 2006 y ha sido ratificada por 182 países, entre ellos el Perú. La introducción de la CDPD marca un hito en la historia de los derechos de las personas con discapacidad, pues busca cambiar el enfoque caritativo usado durante las últimas décadas para abordar temas relacionados con esta población. Esto significa que la sociedad deje de ver a las personas con discapacidad como sujetos que necesitan de ayuda, lástima o caridad.

La CDPD rompe también con el enfoque médico, que estudia la discapacidad como un problema del ser humano y a las personas con discapacidad como sujetos que necesitan ser reparados. ¿Qué defiende, entonces, la convención? Que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, no son sujetos de lástima, pero tampoco héroes; son personas y tienen los mismos derechos y deberes que todos los seres humanos.

Mirar la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos significa dejar de centrarnos en las deficiencias y características de las personas, y enfocarnos en las barreras que las personas enfrentan. Este punto de vista entiende la discapacidad como una barrera en la interacción de una persona con discapacidad y un entorno que —ya sea por falta de accesibilidad, o por falta de conciencia en la sociedad— resulta hostil. De acuerdo con la CDPD:

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (Preámbulo)

EL PROBLEMA NO ES LA DISCAPACIDAD, EL PROBLEMA ES EL ENTORNO

Imaginemos el caso de dos personas con una discapacidad física, usuarios de sillas de ruedas. La primera persona vive en una ciudad con una infraestructura accesible. Además, esta ciudad ha sido planificada de una manera compacta y tiene usos mixtos. Esta persona podrá acceder a servicios en igual condición que sus pares sin discapacidad; podrá acceder a servicios recreativos, de salud y de educación; podrá trabajar, ser económicamente independiente y disfrutar de la misma calidad de vida que los demás habitantes de la ciudad.

La segunda persona, por el contrario, habita una ciudad dispersa, fragmentada, con un sistema de transporte deficiente e inaccesible. Notemos que las personas con discapacidad están sobrerrepresentadas en las clases económicas inferiores, es decir que, en promedio, las personas con discapacidad son más pobres que las personas sin discapacidad (Banks et al., 2017). Esta persona probablemente se verá forzada a vivir en un asentamiento humano marginal en las periferias de la ciudad, donde las calles no son accesibles, las rutas no están pavimentadas y el agua potable debe ser cargada desde el punto de abastecimiento en el barrio. Esta persona no podrá acceder a servicios básicos, estará obligada a depender de su familia y no podrá vivir una vida digna, en la que sus derechos económicos y sociales sean respetados.

¿Qué ejemplo se asemeja más al contexto de las ciudades de América Latina? La falta de sistemas urbanos sostenibles y el crecimiento informal y desproporcionado de las ciudades afectan a todos los ciudadanos, pero su impacto es aún mayor en las personas con discapacidad, pues les impide realizar sus derechos humanos básicos.

¿POR QUÉ INCLUIR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE UN DESARROLLO URBANO Y RURAL SOSTENIBLE?

La inclusión de las personas con discapacidad en el desarrollo de las ciudades no solo es necesaria, si no que tiene sentido desde varios puntos de vista: el de derechos humanos, el social y el económico.

Desde el punto de vista de los derechos humanos

Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y funcionan como un conjunto. Esto significa que uno no puede ser alcanzado sin el otro. La CDPD plantea varios artículos de especial relevancia para la inclusión de personas con discapacidad en el desarrollo de las ciudades: desde asegurar la accesibilidad del entorno, incluyendo el transporte, hasta el acceso equitativo a la vivienda, los servicios públicos y equipamiento, o la participación en la toma de decisiones.

El artículo 4 de la CDPD determina que los Estados Partes deben “tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad”. Esto significa que, para alcanzar el ODS 11, las personas con discapacidad no pueden ser dejadas atrás en las políticas implementadas por los gobiernos.

El artículo 29 de la CDPD articula la necesidad de incluir a las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en todas las decisiones que les conciernen, en línea con el lema del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad: “Nada sobre nosotros sin nosotros”. Lema especialmente válido cuando hablamos de nuestras ciudades, que conciernen y pertenecen —o deberían pertenecer— a todos sus ciudadanos.

El artículo 9 de la CDPD sobre accesibilidad determina:

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Además, el artículo 28 llama a los Estados a asegurar estándares de vida adecuados para las personas con discapacidad y sus familias, entre ellos, una vivienda adecuada. El artículo 19 les asegura el derecho a vivir independientemente y ser incluidas en la comunidad; esto comprende el derecho a escoger el lugar de residencia, a acceder a diversos tipos de servicios de apoyo en la medida que ellas prefieran, y a acceder a servicios comunitarios y equipamiento urbano para la población en general y en la misma medida que los otros.

Las metas del ODS 11 de la Agenda 2030 abarcan el “acceso a vivienda y servicios básicos adecuados”, una “urbanización inclusiva y sostenible”, sistemas de transporte accesibles, “acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles” para personas con discapacidad y otros grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Comprenden también el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la creación de “planes integrados para promover la inclusión”.

Desde el punto de vista social

Las ciudades albergan una diversidad de actores, entre los que se encuentran personas con discapacidad, personas de distintos géneros y diferentes edades, personas migrantes, personas que pertenecen a minorías étnicas, personas LGTBIQ+, personas adultas mayores, personas de diferentes clases económicas y con distintas ideologías políticas.

Los espacios públicos de las ciudades son el principal punto de encuentro de esta diversidad. La manera como se configura la ciudad y las políticas de desarrollo y expansión que la guían son determinantes del nivel de inclusión —o de exclusión— en nuestra sociedad. Mientras que las sociedades y ciudades fragmentadas son débiles, inestables e inseguras, las ciudades que favorecen la inclusión y la equidad brindan oportunidades para todos sus habitantes. La inclusión de las personas con discapacidad —y sus organizaciones representativas en las políticas de desarrollo urbano y rural— contribuye al desarrollo de la sociedad de una manera equitativa y socialmente sostenible.

Desde el punto de vista económico

Desarrollar políticas inclusivas que consideran consultas ciudadanas y la participación de todas las personas con discapacidad, así como construir infraestructura accesible siguiendo los principios del diseño universal, puede aumentar los costos iniciales de proyectos y políticas públicas. Este argumento es frecuentemente usado para excluir a las personas con discapacidad de las fases de planificación e implementación.

Sin embargo, el desarrollo de políticas inclusivas es también beneficioso para el desarrollo económico de la sociedad. Como pudimos observar en el ejemplo propuesto, diseñar nuestras ciudades de manera inclusiva permite que el 15 % de la población (personas con discapacidad) tenga la oportunidad de vivir independientemente, en vez de condenarlos a una vida de dependencia a causa de las barreras que los limitan.

¿CÓMO INCLUIR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ODS 11?

Cuando abordamos la inclusión de personas con discapacidad en el entorno urbano desde un punto de vista meramente técnico, nos alejamos del enfoque social defendido por el movimiento de personas con discapacidad alrededor del mundo. La inclusión de personas con discapacidad en nuestras ciudades no será lograda mediante una lista de requisitos técnicos, sino cuando las personas con discapacidad puedan participar activamente en las decisiones y estrategias urbanas, y sus necesidades sean realmente tomadas en cuenta.

El citado artículo 9 de la CDPD sobre accesibilidad dispone que los Estados Partes deben adoptar medidas pertienentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones (incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones), así como a otros servicios e instalaciones abiertas al público, en igualdad de condiciones. Así, esta población puede vivir en forma independiente y participar en todos los aspectos de la vida, tanto en zonas urbanas como rurales.

Las ciudades de los países en vías de desarrollo se encuentran en un proceso de expansión. Estamos en un momento crucial que determinará el éxito o fracaso de la urbanización en términos de inclusión: reparar, cambiar o regenerar espacios urbanos que ya han sido consolidados puede costar más que planificarlos desde el comienzo. ¿Debemos esperar que las nuevas urbanizaciones fallen o empezar a planificar el desarrollo de asentamientos humanos inclusivos en las periferias?

Algunas recomendaciones en términos de inclusión de personas con discapacidad en la planificación urbana, basados en la CDPD y el ODS 11, que debemos tomar en cuenta para la planificación de ciudades inclusivas, son las siguientes:

Consultar a las personas con discapacidad

De acuerdo con la CDPD, las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas deben ser consultadas e involucradas en todas las decisiones que les conciernen, principio generador del lema: “Nada sobre nosotros sin nosotros”.

Sabemos que la participación y los procesos de consulta son esenciales para el desarrollo de la ciudad, pues permiten a los planificadores urbanos conocer las necesidades reales de la población que habita el entorno, pero también hace posible que los usuarios se autoidentifiquen con el espacio, lo utilicen y lo valoren. Aunque el componente participativo del desarrollo urbano es frecuentemente ignorado en las políticas y proyectos —en perjuicio de la sostenibilidad social de los mismos—, los casos en los que esta participación existe suelen excluir a las personas con discapacidad y otras minorías. Esta exclusión resulta en proyectos que no son pensados para toda la sociedad y refuerza la segregación social.

Según las propias organizaciones de personas con discapacidad, como el reporte mundial de la International Disability Alliance (2020) sobre participación de las organizaciones de personas con discapacidad, algunas medidas efectivas para incluir a las personas con discapacidad en los procesos participativos son las siguientes:

No dejar a nadie atrás

Las personas con discapacidad no son un grupo homogéneo y sus necesidades varían según factores como el tipo de discapacidad, el género de la persona y la identidad étnica, entre otros. Algunas personas con discapacidad tienden a ser más discriminadas que otras debido a intersecciones con otras causales de discriminación, por ejemplo, ser mujer y tener una discapacidad, ser afrodescendiente y tener una discapacidad. Otras personas tienen tipos de discapacidad que frecuentemente no son tomados en cuenta; por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad en el contexto urbano, nos centramos con frecuencia en las personas con discapacidad física que utilizan silla de ruedas; sin embargo, personas con discapacidades menos representadas son excluidas.

Por ejemplo, las personas ciegas pueden necesitar diferentes consideraciones respecto a señalización táctil, las personas sordas no pueden responder a los estímulos auditivos de la ciudad, las personas con discapacidad intelectual podrían necesitar que la señalización y anuncios sean mostrados en formatos de lectura fácil. Los desafíos para la inclusión urbana son tan diversos como los grupos de personas con discapacidad: lo que funciona para una persona no necesariamente funcionará para otra. La única manera de planificar para la inclusión es consultando de manera significativa a las personas con discapacidad.

Utilizar nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías nos permiten diseñar ciudades más accesibles, dispositivos con vibración que anuncian el cambio del color de luz de los semáforos, aplicaciones accesibles de mapeo, identificación de espacios públicos accesibles, etcétera.

Los progresos realizados por los países para alcanzar los ODS son reportados en sistemas de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés); sin embargo, estos reportes raramente incluyen información desagregada sobre personas con discapacidad. Recopilar información desagregada mediante herramientas como la lista de preguntas del Grupo de Washington (Washington Group on Disability Statistics, 2020) contribuiría a mapear la inclusión de personas con discapacidad en el avance de los ODS en áreas rurales y urbanas; por ejemplo, sería posible saber cuántas personas con discapacidad de un área determinada tienen acceso a agua potable y si este porcentaje es menor que el de personas sin discapacidad, o medir la accesibilidad de espacios públicos y recreativos de ciertas áreas urbanas. Información de este tipo, como complemento a consultas participativas, permitiría elaborar políticas urbanas más apropiadas para las personas con discapacidad de acuerdo con su ubicación en la ciudad.

Planificar la vivienda inclusiva

La CDPD defiende a las personas con discapacidad de la reclusión involuntaria en instituciones psiquiátricas o centros de cuidado. Las personas con discapacidad tienen el derecho de escoger dónde y con quién vivir, sin importar si tienen discapacidades psicosociales o intelectuales.

Al planificar ciudades inclusivas, debemos considerar espacios de vivienda basados en la comunidad, donde las personas con discapacidad puedan encontrar un espacio accesible y apoyo social para vivir sus vidas de manera libre e independiente. Las viviendas para personas con discapacidad deben ser flexibles e incluir ajustes razonables basados en las diferentes necesidades de sus habitantes.

Para evitar la creación de núcleos de segregación, estas viviendas deben ser incluidas en agrupaciones urbanas mixtas, por ejemplo, en otros tipos de vivienda social de diferentes características y precios, además de servicios como comercios y centros culturales.

Planificar servicios inclusivos

Los servicios y espacios públicos de la ciudad deben ser diseñados pensando en todos los usuarios, incluidas las personas con discapacidad. Estas, al igual que todos los ciudadanos, deben poder disfrutar de espacios culturales, centros deportivos, centros de salud, espacios recreativos, instituciones educativas, locales de comercio y todos los demás servicios que existen en la ciudad.

Desarrollo urbano sostenible

Crear sistemas urbanos sostenibles facilita las actividades cotidianas de los ciudadanos y mejora su calidad de vida, contribuye a disminuir la segregación social y reduce las emisiones de gases que provocan el cambio climático. También es beneficioso para las personas con discapacidad.

Como en el ejemplo mencionado al comienzo de este artículo, la transformación de nuestras ciudades en ciudades policéntricas, con actividades mixtas y conectadas por sistemas de transporte público accesibles y sostenibles, facilita el desplazamiento, el entendimiento de la ciudad y la independencia de todos los usuarios, particularmente para las personas con discapacidad y otros grupos que encuentran barreras en el medio urbano, como niños, niñas, migrantes y personas adultas mayores.

UNA OPORTUNIDAD PARA LA INCLUSIÓN EN LAS CIUDADES

Los países del Sur Global son el centro de atención del ODS 11 porque se encuentran en un momento de transición urbana. En Latinoamérica, la expansión urbana ilimitada hacia las periferias de la ciudad ha creado una serie de barrios intermedios, en muchos casos informales, cuya consolidación se definirá en las próximas décadas. Vivimos en una de las regiones más desiguales del mundo, donde la concentración de la riqueza en las áreas centrales de las ciudades hace que los barrios periféricos alberguen a las personas con menos recursos económicos, es decir, a la mayor parte de la población.

A pesar de la falta de información específica —relacionada con una brecha en datos estadísticos sobre la población con discapacidad—, sabemos que las personas con discapacidad están sobrerrepresentadas en los grupos con menor poder adquisitivo. La falta de políticas de protección social, y de acceso al trabajo y a la educación, vuelve a las personas con discapacidad y sus familias más vulnerables a hallarse en situación de pobreza y, por lo tanto, habitar asentamientos humanos en las periferias. Asimismo, la situación de pobreza y sus consecuencias —como la falta de acceso a la salud física y mental— aumentan la prevalencia de la discapacidad (Banks et al., 2017).

Los intentos por alcanzar el ODS 11 y la promoción del desarrollo urbano en las periferias de las ciudades latinoamericanas nos dan una oportunidad única de impulsar que este desarrollo sea hecho de manera inclusiva. En este momento, estamos perfilando lo que serán las ciudades del futuro. ¿Qué tipo de ciudades queremos lograr?

Podemos dejar que la segregación se consolide por medio de políticas urbanas excluyentes, o podemos empezar a implementar políticas inclusivas en los asentamientos humanos, las áreas periféricas y las ciudades intermedias. Recordemos que la ciudad nos pertenece a todos y que el 15 % de la población son personas con discapacidad que no pueden ser dejadas atrás.

REFERENCIAS

Banco Mundial. (2018). Población que vive en barrios de tugurios (% de la población urbana). https://datos.bancomundial.org/indicator/EN.POP.SLUM.UR.ZS

Banks, L. M., Kuper, H., & Polack, S. (2017). Poverty and disability in low- and middle-income countries: a systematic review. PLOS ONE, 12(12), e0189996. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189996

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 13 de diciembre, 2006. https://
www.un.org/development/desa/disabilities/onvention-on-the-rights-of-
persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html

International Disability Alliance. (2020). Increasingly consulted, but not yet participating. IDA Global Survey on Participation of Organisations of Persons with Disabilities in Development Programmes and Policies. https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_global_survey_complete_report_final.pdf

Organización de las Naciones Unidas. (2015, 21 de octubre). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

Organización Mundial de la Salud. (2021, 24 de noviembre). Discapacidad y salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias. (2019). Informe regional sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina, bajo el enfoque de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/informe_regional_diagramado_final.pdf

Washington Group on Disability Statistics. (2020, 8 de junio). Introducción a las listas de preguntas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad. https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/
wg/The_Washington_Group_Primer_-_Spanish.pd