convocatoria
permanente

Impacto de la periurbanización
en la comunidad campesina
de Azapampa y su adecuada
incorporación al tejido urbano

Impact of peri-urbanization on the
rural community of Azapampa and its proper
incorporation into the urban fabric

Geraldine Ortega Poma

Universidad de Lima

0000-0003-1635-886X

Amanda Mejía Franciscolo

Universidad de Lima

0000-0001-5127-1407

Recibido: 1 de julio del 2021
Aprobado: 1 de febrero del 2022

doi: https://doi.org/10.26439/limaq2022.n009.5267

La ordenación territorial de las comunidades campesinas del valle del Mantaro, en Junín, carece de políticas reguladoras que consideren la preservación de la biodiversidad, así como de las condiciones específicas de su propio contexto. El crecimiento de la ciudad produce una serie de transformaciones en estas zonas periurbanas, que no solo afectan al paisaje, sino que también amenazan con hacer desaparecer a estas comunidades, que son la base fundamental de la identidad de la ciudad. El presente artículo aborda las causas y consecuencias de la periurbanización, tomando como caso de estudio a la comunidad campesina de Azapampa (Huancayo, Junín, Perú), para luego señalar la importancia de un control en dicho proceso y la necesidad de una buena transición campo-ciudad. Finalmente, se proponen diferentes estrategias de planificación urbana que se podrían aplicar para proteger los espacios agrarios y las comunidades campesinas, que cumplen un papel importante en la viabilidad futura de las urbes.

campo-ciudad, comunidades campesinas, expansión urbana, ordenación territorial, paisaje rural, periurbanización

Territorial planning of the rural communities of the Mantaro Valley in Junin lacks regulatory policies regarding the preservation of biodiversity and the specific conditions of their context. City growth generates a series of transformations in these peri-urban areas, involving the landscape and the threat of the disappearance of these communities, which are the basis of the city’s identity. This article addresses the causes and consequences of peri-urbanization, taking the peasant community of Azapampa (Huancayo, Junin, Peru) as a case study. The study points out the importance of control in city growth and the need for a smooth transition between city and countryside. Finally, the article proposes different urban planning strategies to protect agrarian spaces and peasant communities, which play an essential role in the viability of cities.

countryside-city, peasant communities, peri-urbanization, rural landscape, territorial planning, urban sprawl

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

En la actualidad, la expansión de los centros urbanos alcanza espacios rurales antes ignorados, con lo cual se forma una zona de interfaz, con límites físicos y socioeconómicos imprecisos. Se puede dar una tendencia a la homogeneización o, por el contrario, la afirmación de la identidad y singularidad ante un mundo aparentemente estandarizado. Se parte de la hipótesis de que, si se contemplan estos espacios periurbanos y su heterogeneidad en la planificación urbana, y se refuerzan los mecanismos de participación de la población, los impactos sociales, económicos y ambientales serán menores, lo que hace posible una correcta integración al tejido urbano. Para ello, se toma como caso de estudio a la comunidad campesina de Azapampa, ubicada en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo, departamento de Junín. En el valle del Mantaro, las áreas periurbanas se encuentran degradadas y se corre el riesgo de que la presión urbana termine por absorber las tierras agrícolas y, con ellas, su patrimonio (la cultura e identidad de sus habitantes tradicionales). No solo eso, sino que los comuneros encuentran mejores posibilidades en el centro de Huancayo, en las provincias cercanas, en la capital o fuera del país. Por lo tanto, se entiende que hace falta revitalizar estas zonas ecológica, cultural y económicamente para satisfacer las nuevas demandas sociales de calidad de vida.

La presente investigación aborda, en un inicio, los conceptos de periurba-nización y rururbanización, así como sus consecuencias para poder tener herramientas que permitan explicar lo que ocurre en Azapampa. Luego se divide el caso de estudio en dos etapas.

En la primera etapa, se recabó datos de un trabajo monográfico de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana Los Andes, en Huancayo, realizado en 1990, gracias a un convenio de proyección social con la comunidad. Este estudio recolecta datos cuantitativos y cualitativos del aspecto socioeconómico de la comunidad campesina de Azapampa.

En la segunda etapa, se contrastó y actualizó la información de la primera etapa con diversas tesis que analizan la problemática social de los últimos años y que se ha ido intensificando en la actualidad, y se recurrió a fuentes periodísticas locales que lo evidencian. Además, sobre la base de textos académicos, se argumenta la importancia de los espacios agrarios para el futuro de las urbes, no solo para la alimentación, sino también para la recreación, descanso y deporte. Luego se habla de la complejidad social y cultural de estos territorios, la cual debe considerarse a la hora de elaborar parámetros y propuestas urbanas adecuadas, para prevenir la segregación social o la pérdida de identidad. La aprobación democrática de estos planes puede evitar conflictos sociales. Asimismo, se entrevistó al arquitecto huancaíno Fernando Poma Rozas, quien cuenta con estudios de Maestría en Urbanismo con mención en Gestión Urbana por la Universidad Nacional del Centro del Perú, es cofundador de Del Lugar y miembro activo de la Comunidad de Investigación Urbano Rural. Fernando Poma nos dio una mejor visión de la problemática del valle del Mantaro y será citado a lo largo de este texto. Él tiene la premisa de que las características del espacio dan las directrices para hacer la ciudad, pero afirma que en Huancayo ocurrió lo contrario. Tal como señala Moneo (1995), el lugar es el primer material de la construcción y, “sin un específico y único lugar, la arquitectura no existe”. Además, afirma que el suelo cambia la condición de cualquier construcción y la dota de especificidad, existe una relación íntima entre ambos. Entonces, la solución para que estos espacios rurales conserven su esencia/identidad es partir del sitio, porque es el que prima ante otros aspectos.

Una vez descrita la problemática que enfrenta Azapampa, nos proponemos exponer pautas para contrarrestar los efectos negativos de la periurbanización. Para ello, se recurre a diferentes autores y referentes que hablan sobre el paisaje rural y la gestión de estos territorios.

Finalmente, se revisó el diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo (PDU) 2015-20251, donde se pudo localizar las principales falencias en este territorio, que ayudaron a relacionar las problemáticas existentes, así como a elaborar las propuestas respectivas. Asimismo, se analizó el plano de zonificación del PDU de Huancayo 2006-2011 (versión actualizada), que es el que se encuentra vigente.

LOS CONCEPTOS DE PERIURBANO Y RURURBANO

En los años setenta, principalmente en Francia y Gran Bretaña, surgió el término periurbano2 (Ávila Sánchez, 2009) para nombrar una nueva forma de organización espacial alrededor de las ciudades. Desde entonces, ha ido evolucionando y presentando diversas problemáticas, ya que no tiene acepciones aceptadas unánimemente. Al principio, se consideraba como el lugar en el que entraban en contacto dos mundos tradicionalmente opuestos, con valores y objetivos distintos: el rural y el urbano. El primero, generalmente asociado a la producción agropecuaria; y el segundo, al trabajo en la ciudad. Empero, con el tiempo, predominó la idea de que el proceso de periurbanización está íntimamente relacionado con la dinámica de las urbes, involucrando sus prácticas económicas y sociales (Ávila Sánchez, 2009; Banzo, 2005; Entrena Durán, 2005). Otros autores, en cambio, hacen énfasis en una mirada desde el campo, utilizando el término rururbano. Este es la expresión espacial de la rururbanización, proceso que se deriva de la urbanización y se desarrolla más allá de los bordes de las ciudades, en un ambiente de ruralidad (Ubilla-Bravo, 2020).

Sin embargo, la naturaleza conflictiva de estos términos no se restringe a la dicotomía campo-ciudad, sino que se extiende a la gran variedad de usos de suelo que lo caracterizan (Banzo, 2005). En la actualidad, resulta limitante la noción de que el campo está ligado a las actividades productivas primarias; y la ciudad, al ámbito privilegiado de la industria y la transformación (Arias, 2005). Las fronteras entre uno y otro son cada vez más difusas y tienen un carácter heterogéneo (Ávila Sánchez, 2001).

La comunidad campesina de Azapampa se vincula funcional y socioeconómicamente con el distrito de Chilca y este, a su vez, con la provincia de Huancayo. Esta última concentra la mayor parte de puestos de trabajo, comercio y servicios de salud, educación, recreación y vivienda; sin embargo, esto no resulta muy pragmático para la pequeña comunidad, la cual necesita de todos estos servicios y equipamientos.

CONSECUENCIAS DE LA PERIURBANIZACIÓN

Para Entrena Durán (2005), la periurbanización no suele responder a un diseño urbano ni a políticas planificadas, y sus efectos problemáticos están referidos a los encuentros que surgen entre los usos de suelo urbano y rural, las fuertes alteraciones del paisaje y los impactos ambientales negativos (sobre todo, por el aumento de la contaminación). Las consecuencias negativas y positivas que menciona este autor aparecen en la tabla 1.

Tabla 1

Consecuencias de la periurbanización

Consecuencias		Principal sector al que afecta
N.°	Negativas	Ambiental	Económico	Social	Urbano	Admin.	Cultural
1	Dificultades administrativas y fiscales por la gestión de estos nuevos territorios					X
2	Vivienda dispersa vista como paradigma de bienestar y calidad de vida			X	X
3	Periferia cumple el rol de “ciudad dormitorio”: servicios y empleos en las zonas centrales		X	X	X
4	Carecen de servicios públicos apropiados			X	X	X
5	Aumentan costes de infraestructura		X
6	Falta de transporte público		X	X	X	X
7	Pérdida de empleos en sector rural		X	X			X
8	Pocos empleos nuevos (turismo, comercio)		X	X
9	Viajes diarios por motivos laborales: dependencia al automóvil (tráfico, contaminación)	X	X	X
10	Declive de la importancia de la agricultura: pérdida de tierras de cultivo	X					X
11	Nuevos habitantes vs. tradicionales: desigualdades sociales			X
12	Pérdida de herencia cultural y prácticas rurales tradicionales			X			X
13	Nuevas construcciones y actividades	X		X			X
N.°	Positivas	Ambiental	Económico	Social	Urbano	Admin.	Cultural
1	Acceso a servicios para zonas con baja densidad poblacional, sin que eso signifique elevación de costos		X	X
2	Descentralización administrativa. Centralidades periféricas				X	X
3	Mejoras en condiciones de vida y habitabilidad de las viviendas			X
4	Recuperación de zonas rurales deprimidas o sin uso	X		X	X
5	Redistribución beneficiosa de actividades económicas y de la población		X	X
6	Aumento de la conciencia ecológica	x		X			X
7	Agroindustria o agricultura intensiva	X	X				X

Nota. Elaboración propia a partir de Entrena Durán (2005).

Haller (2017) realizó un estudio sobre el crecimiento urbano en el Huancayo metropolitano que aporta conclusiones acerca de la percepción que tienen tanto las comunidades campesinas de Uñas y Vilcacoto como los nuevos pobladores urbanos del barrio de San Carlos. Por la comunidad de Uñas participaron 17 hombres y 20 mujeres, y por la comunidad de Vilcacoto, 16 hombres y 18 mujeres.

Los impactos negativos son más numerosos. Se pierden tierras agrícolas, aumentan los precios de arriendo y, con ello, se ven obligados a buscar nuevas fuentes de ingreso, no solo en la ciudad, sino también en las alturas (regiones suni y puna). Allí, se cultiva el eucalipto para vender la madera y se quema ichu y rastrojos para ampliar los pastorales (Haller, 2017). Por otro lado, los habitantes de San Carlos muestran empatía hacia los campesinos, lo cual puede ser aprovechado para una planificación urbana colaborativa, tal como lo propone el autor.

También indicó que es necesario ver a toda la región de montaña como un sistema y “entender las percepciones y decisiones de la gente que vive en el territorio” (Haller, 2017, p. 54). Asimismo, propuso la urbanización planificada de laderas, lo cual fue mencionado por pobladores de Uñas y Vilcacoto, para que así no se pierdan tierras fértiles.

Cabe resaltar que estos poblados, a diferencia de Azapampa, se encuentran cerca del río y lo que se pretende es evitar construcciones a las orillas de este. Palacios (2015) analiza las variables físicas de los terrenos que se deben considerar: la pendiente, la calidad del suelo y los peligros geológicos o riesgos. Por último, ambos autores hablan de un enfoque integral e interdisciplinario que puede servir como base para proteger áreas agrícolas y fomentar el desarrollo sostenible en los valles periurbanos.

* Las imágenes muestran la comparación de la superficie del suelo urbanizado con la superficie de áreas verdes, así como las zonas protegidas en las laderas y cómo estas no son un limitante del crecimiento urbano. Lo mismo ocurre respecto a las construcciones a orillas del río. El círculo rojo en la segunda imagen representa un radio de 5 kilómetros.

Cabe señalar el problema de las invasiones de terrenos, otra de las consecuencias negativas de la periurbanización. Según el abogado Erick Romero (Riofrío & Cabrera, 2010), la expansión urbana de la ciudad llega en algún momento a ser planeada con una zonificación y vías proyectadas dentro de la propiedad comunal y, muchas veces, existen dirigencias paralelas formadas aparte de la comunidad. Ante ello, las comunidades no se oponen y son más bien los invasores quienes se aprovechan, invaden y luego buscan contacto con los comuneros para hacer legítima su posesión.

En Huancayo, estos procedimientos (cada vez más comunes hoy) se dan mayormente en laderas, denominadas desde ya muchos años como zonas de protección ecológica, lo cual las hace no asequibles para vivienda. Las grandes desavenencias surgen porque se las habita de manera ilegal, ya que, en lugar de sancionar o reubicar a invasores, COFOPRI otorga títulos que los legitiman (F. Poma, comunicación personal, 7 de julio del 2020). Esto se puede contrastar con el estudio de Calderón Cockburn (2011), en el cual se concluye que “la política de titulación no ha anulado los mercados inmobiliarios informales, sino que los ha recreado”.

Estas medidas no son una solución al problema, ya que sigue presente el acceso informal a la vivienda al no haberse generado un modo formal (política) que garantice el acceso de los sectores que sufren su escasez y neutralicen o vuelvan innecesarias las invasiones (Gálvez Ruiz-Huidobro et al., 2000, p. 416; Calderón Cockburn, 2011). En consecuencia, se daría una urbanización forzosa sin importar el riesgo ante desastres naturales ni el estado de vulnerabilidad de estos nuevos habitantes, además de significar un gran impacto en el paisaje, así como la reducción de la población arbórea, los recursos hídricos y las áreas importantes para llevar a cabo la agricultura y pastoreo.

CASO DE ESTUDIO: COMUNIDAD CAMPESINA DE AZAPAMPA

Las comunidades campesinas en la actualidad son la versión evolucionada de los antiguos ayllus (familia grande o extensa) prehispánicos. Estos fueron reagrupados en lo que se denominó “reducción de indios”, donde se reunieron varios ayllus en uno solo. Su reconocimiento jurídico inicia una nueva etapa en la vida del campesinado andino, al recomponer su antigua organización, legitimar sus propiedades territoriales y adaptarse a las formas de organización según las leyes dictadas por el Estado. En la mayoría de los casos, tienen un espacio territorial que es distribuido para el pastoreo de ganado, los cultivos agrícolas con riego y secano, bosques, etcétera (Robles Mendoza, 2014).

Las comunidades campesinas son la esencia y permanencia de lo rural, poblaciones con un modo particular de apropiarse del territorio; con una historia única de vinculación con la ciudad y sus espacios periféricos; y con actividades, trabajos, cultura, saberes, capacidades, recursos y procesos propios (Arias, 2005).

Antes de examinar a la comunidad de Azapampa, es importante describir la trama urbana de Huancayo. Tiene como eje principal la Calle Real, que se construyó sobre la parte del Qhapaq Ñan que cruzaba de sur a norte el valle del Mantaro (Ministerio de Cultura, 2013), y actualmente conecta la ciudad del mismo modo, atravesando sus tres distritos (El Tambo, ubicado al norte de la ciudad; Huancayo centro; y Chilca, ubicado en el sur). Al pasar los años, la expansión urbana se ha desarrollado por esta gran calle (actualmente avenida) y ha llegado a absorber paulatinamente el espacio rural de las comunidades campesinas situadas en la periferia (interfaz), lo que ha traído como consecuencia la desvalorización de la actividad agraria y el abandono de estos espacios (Simón Rojo et al. 2017).

La comunidad campesina de Azapampa se encuentra en el distrito de Chilca, a 2,5 kilómetros de la ciudad de Huancayo (periferia), y es considerada una zona semiurbana. En el gobierno de Torre Tagle, se le confirió a Huancayo el título de Ciudad Incontrastable, mediante un decreto supremo el 19 de marzo de 1822, debido a la tenacidad heroica de cientos de campesinos que perdieron la vida en la batalla de Azapampa en 1820, pues ellos se levantaron contra los opresores realistas defendiendo la independencia de Huancayo (Zevallos et al., 1990).

En sus inicios, era una comunidad indígena que ocupaba un barrio o cuartel de la comunidad de Ocopilla. Posteriormente, por gestión de sus pobladores, logró su autonomía como comunidad independiente al ser reconocida legalmente en 1928 (Guerra Herrera & Montalvo Huamán, 2017). Esto marcó una nueva etapa en la vida del campesinado andino, recomponiendo su antigua organización, legitimando sus propiedades territoriales y adaptándose a las formas de organizarse según las leyes dictadas por el Estado (Robles Mendoza, 2014).

Nota. En azul figura la jurisdicción de la comunidad campesina de Azapampa.

La contracara

Los conflictos que surgen en la comunidad se deben al usufructo de sus recursos (tierras comunales, agua, recaudación de ingresos del cementerio). Se enfrentan dos grupos de comuneros. El primero está formado por quienes se aferran al poder, que están particularmente interesados en el control de los recursos comunales por intereses personales, e involucrados en el tráfico de terrenos mediante negociaciones con invasores. El segundo grupo, frente al actuar ilegal del primero, deseaba la legitimidad como directiva para efectuar la repartición de tierras de manera democrática entre los comuneros (Guerra Herrera & Montalvo Huamán, 2015).

* La figura muestra titulares del diario Primicia, diario Correo y la página web de noticias de RPP, para señalar los diferentes problemas sociales, políticos y medioambientales de la comunidad campesina de Azapampa: invasión de terrenos comunales, malas gestiones, reducción de producción agrícola, entre otros.

Además, Guerra Herrera y Montalvo Huamán (2017) determinaron factores internos y externos causantes de una desintegración y disolución progresiva de la comunidad:

• Factores internos: emigración, demanda de los servicios, infraestructura urbana, conflicto de poder.
• Factores externos: crecimiento urbano no planificado, conurbación de la Ciudad Metropolitana de Huancayo, inmigración, cambio de uso de suelo debido a la urbanización e invasión de terrenos comunales.

La urbanización de los espacios rurales se debe al crecimiento no planificado del Huancayo metropolitano, el cual no ha favorecido equitativamente al proceso de urbanización, ya que segmenta a la población rural de la citadina, afectando severamente la estructura rural de las comunidades campesinas ubicadas alrededor de la ciudad. Huancayo tiene como precedente haber absorbido y tenido incidencia en el proceso de desintegración de las comunidades campesinas de Cajas Chico, Yanama, Ocopilla, etcétera (Guerra Herrera & Montalvo Huamán, 2017, p. 96). Este proceso de absorción provoca un cambio en las prácticas sociales, predominando las urbanas, donde empieza a primar el individualismo más que el espíritu comunal (Guerra Herrera & Montalvo Huamán, 2017, p. 86).

En el análisis transitorio (véase la figura 8), se distingue el fenómeno de la conurbación: en el sector 1, la zona baja de la comunidad se encuentra urbanizada al 56 %, mientras que la parte alta que corresponde a ese sector ya está en proceso de urbanización legal e ilegalmente. En cambio, el sector 3 está urbanizado al 23 % (Guerra Herrera & Montalvo Huamán, 2017), pero aún predomina lo rural. Además, Azapampa sería el nexo con tendencia a la compenetración de los distritos de Chilca y Sapallanga; sin embargo, este proceso es irregular, ya que pueden quedar espacios periurbanos.

Económicamente, en el caso de Azapampa, aparte de la actividad agrícola, también se produce la pérdida de la actividad pecuaria por los elevados costos de producción y por no ser tan rentable como el comercio y la pequeña empresa, en su mayoría, informales (Muñoz, 2005).

Proceso de modernización en Azapampa

Los espacios rurales de esta comunidad pierden su valor por la carencia de accesibilidad, equipamiento urbano, infraestructura y servicios públicos en algunos sectores. Estas falencias, sumadas a la falta de planeación urbana, tienen claras consecuencias negativas, como la fuerte migración de comuneros a las ciudades centrales del país. Por otro lado, los comuneros entrevistados se dan cuenta de la pérdida de metros cuadrados útiles para la siembra y el cultivo de árboles por la cesión de las vías planificadas por el Municipio de Huancayo (Guerra Herrera & Montalvo Huamán, 2017, p. 101). Esto evidencia el conflicto de la urbanización con el paisaje.

Por eso surgen interrogantes como, por ejemplo, si los planes urbanos actuales están respetando el paisaje rural existente. Usualmente, se da prioridad a la economía o a los objetivos de competitividad antes que a las preocupaciones ambientales. Las áreas rurales, actualmente, son consideradas como un espacio disponible, sin considerar el impacto social y ambiental de su futura intervención.

Por otro lado, no se puede obviar que la infraestructura que posee actualmente la comunidad, adquirida gracias a grandes gestiones locales3, ya no satisface la gran necesidad poblacional actual, que sobrepasa las 18 000 personas. La globalización es uno de los retos de la ruralidad para tener un valor frente a la urbanización (Barrabes, 2014), por lo que son necesarios equipamientos para el desarrollo integral y una calidad de vida aceptable para los habitantes.

A pesar de todo, las comunidades campesinas son receptivas a los cambios y se adaptan a otras posibilidades económicas (Robles Mendoza, 2014), las cuales no deben ser descartadas, ya que la conservación del paisaje no tiene que obstaculizar ni hacer imposible el desarrollo económico. Además, la idea es que se busquen alternativas de inversión distintas del negocio inmobiliario, en el cual el suelo agrícola puede incrementar su valor hasta cinco veces por el hecho de convertirse en terreno urbanizable, y esto último deriva en la vulnerabilidad ambiental (Martínez Vitor, 2019), poniendo en riesgo la biodiversidad y viabilidad futura de las urbes.

Paisaje rural4

Mata Olmo (2004) asegura que en Europa existe un aumento de interés y demanda del paisaje rural por la sociedad cada vez más urbana. Esto se debe al incremento de la demanda social del paisaje como elemento de calidad de vida, la incorporación de objetivos de las políticas de medioambiente y patrimonio, además de la ordenación del territorio para agricultura y turismo. Es la configuración de un nuevo modelo para la agricultura y medio rural, que se sustenta en ser “multifuncional” para la actividad agraria en los espacios rurales y la atención que merece la capacidad de gestión y salvaguarda del patrimonio paisajístico.

Las rápidas transformaciones territoriales generaron una creciente preocupación por la degradación del paisaje, el cual se considera un recurso natural y un bien escaso, difícilmente renovable, por lo que su pérdida significa el deterioro del entorno. Así, en los últimos años, empieza a incorporarse al planeamiento territorial (Hernández Hernández, 2009). Por ejemplo, el Libro Verde (Comisión Europea, 1985, como se cita en Mata Olmo, 2004) señala como funciones de la actividad agraria las productivas, y también las de “mantener un tejido social en las regiones rurales, conservar el medio natural y salvaguardar el paisaje creado a lo largo de los milenios de agricultura”.

Otro rasgo de esta problemática es puesto de relieve por la teoría de la nueva ruralidad de Latinoamérica, la cual es una visión interdisciplinaria del mundo rural que considera la construcción de planes y proyectos de desarrollo rural de abajo hacia arriba. Estudia una búsqueda de la superación de los conflictos sociopolíticos que dificultan el avance y bienestar de las sociedades rurales. Propone el desarrollo de tecnologías en la agricultura que lleven a la recuperación y mantenimiento de suelos y agua, e incentiva la agricultura limpia, disminuyendo contaminantes; revaloriza lo rural, rompiendo el mito de que representa atraso y que no es deseable en la visión de progreso y desarrollo (Pérez, 2004). La calidad de los alimentos, el uso sostenible de los recursos, el disfrute del territorio rural y turístico por su valor ecológico y paisajístico deben ser considerados en las políticas de desarrollo rural (Mata Olmo, 2004; Simón Rojo et al., 2017).

La Estrategia Territorial Europea (ETE) atribuye al patrimonio paisajístico el objetivo de una “gestión prudente de la naturaleza y el patrimonio cultural”, lo que supone la conservación del patrimonio natural y la gestión de paisajes culturales que se extienden desde el medio rural hasta los centros históricos de las ciudades. Señala que la conservación de los paisajes es importante, pero no debe obstaculizar en exceso o hacer imposible su explotación económica (Mata Olmo, 2004).

Hernández Hernández (2009), por su parte, hace ver como esperanzadora la aplicación de los Programas de Gestión de Espacio Rural, provenientes de las cuatro estrategias contempladas en los cuatro ejes del Plan de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma La Rioja (aumento de competitividad del sector agrícola y forestal; mejora del medioambiente y el entorno rural; calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la actividad económica y el enfoque leader). Proponen entrelazar los espacios agrarios periurbanos y darle a cada uno su merecida importancia (Valenzuela et al., 2009, como se cita en Simón Rojo et al., 2017), para preservar estas tierras ante la fuerte presión urbana.

Un ejemplo de espacio natural protegido por sus valores agrarios, ecológicos y culturales es el Parque Agrario del Baix Llobregat, en la provincia de Barcelona, Cataluña. Fue promovido por la Diputació de Barcelona, la Unió de Pagesos y el Consell Comarcal del Baix Llobregat, y fue posible gracias a un instrumento de ordenación paisajística: el Plan Especial, contenido en la Ley del Suelo de ese país (Mata Olmo, 2004). Está conformado por catorce municipios y ocupa una superficie de 3489,83 hectáreas, con una población de 818 076 habitantes. Para la ciudad, representa un polo económico de producción de alimentos de proximidad, frescos y de temporada, así como una figura de protección y potenciación de la actividad agraria. El Consorcio del Parque Agrario se encarga de gestionarlo y tiene como objetivos “potenciar la actividad agraria, impulsando programas específicos que permitan preservar los valores productivos del espacio agrario, y promocionar los productos locales de calidad y el consumo de proximidad” (Diputació de Barcelona, s. f.).

De acuerdo con Corbera Millán (2016), la mayor parte de los especialistas que tratan el paisaje entienden la recuperación de su interés como un cambio en el ser humano hacia enunciados más éticos y respetuosos con el paisaje y el medioambiente. En cambio, Berque (2009, como se cita en Barrera de la Torre, 2011) muestra que la modernidad es incompatible con los paisajes, ya que suspende el contenido “espiritual” que el humano les proporcionó. Ante esto, el autor propone superar a la modernidad en lugar de rechazarla.

Gestión del territorio

Se avecina un escenario de crisis energética, cambio global y agotamiento de recursos; sin embargo, no suelen existir propuestas específicas en pro de los espacios agrícolas en los planes de ordenamiento urbano5 (Simón Rojo et al., 2017). Asimismo, es importante lograr una ordenación territorial armónica, que busque la combinación de soluciones técnicas e institucionales con la participación de los habitantes (Entrena Durán, 2005). Cada autoridad debería velar por los intereses tanto de la población autóctona como de los emigrantes y otorgar los servicios de manera equilibrada, pero también contemplar la fuerte identidad étnica existente en los espacios rurales.

En el Perú, a inicios de este siglo, los debates en torno al desarrollo rural coincidían en que este ámbito no tenía que estar asociado exclusivamente al sector agrario, sino que debía ser una confluencia de los demás sectores: salud, educación, transporte, industria, pesquería, minería, turismo, entre otros (Fort et al., 2015). En este contexto, el gobierno nacional buscaba adaptar su discurso a los nuevos conceptos del desarrollo rural:

• Descentralización y mejoramiento de la gestión pública
• Enfoque de participación efectiva de todos los involucrados
• Integralidad, multisectorialidad y multifuncionalidad
• Inclusión social

En este sentido, en el año 2004, se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (ENDR), mediante el Decreto Supremo 065-2004-PCM (Ministerio de Agricultura y Riego, 2004). Fort et al. (2015) analizaron la ENDR con el fin de identificar por qué no llegó a ser asumida como tal por ningún gobierno ni se generó un espacio institucional claro en el Estado peruano para el desarrollo sostenible del sector rural. Las carencias que presentó, según los autores, fueron las siguientes:

• Sus lineamientos estratégicos de política se desagregaban en un conjunto extremadamente diverso de intervenciones públicas de distinto nivel.
• Ausencia de una definición operativa de ruralidad y si esta justifica la necesidad de formular estrategias específicas para su desarrollo.
• Falta de una asignación de responsables de sus avances fuera de la PCM.
• Carencia de metas o indicadores para su seguimiento.

Finalmente, plantearon que el marco institucional esté dirigido por un subgabinete formado por ministros del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), los cuales están íntimamente relacionados con la ruralidad, sin negar la posibilidad de establecer acuerdos con los otros ministerios. La unidad territorial de planeamiento sería la provincia; pero es fundamental, además, coordinar con gobiernos regionales y municipales, dado que estos tienen una mayor relación con las sociedades rurales y cuentan con órganos de ejecución importantes (Fort et al., 2015).

Webb et al. (2011), por su parte, propusieron la creación del Instituto Nacional del Desarrollo Rural (INADER), organismo especializado y rector del desarrollo rural, con autonomía administrativa, técnica, financiera y de gestión. También plantearon el establecimiento de Unidades de Gestión Territorial de Desarrollo Rural, las cuales dependerían de los gobiernos regionales a través de las respectivas gerencias de desarrollo. Estas unidades tendrían que establecer alianzas público-privadas con la participación de representantes de gobiernos locales y asociaciones de productores o comuneros, así como de actores institucionales privados presentes en el territorio.

Asimismo, en una sesión de conferencia virtual moderada por los arquitectos Javier Vera Cubas y Fernando Poma Rozas, se propuso considerar los múltiples valles del Perú como una gran unidad geográfica territorial, a pesar de poseer dinámicas sociales, culturales, económicas y naturales distintas. El objetivo es evitar fragmentar, desde el ámbito administrativo y político, lo rural de lo urbano, ya que tienen lógicas compartidas y se encuentran en un mismo territorio. Además, se indica que es importante empezar a contemplar la situación desde el campo. Es decir, se hablaría de la correcta incorporación de la ciudad al tejido rural y no viceversa (Arquitectura PUCP, 2020).

En otro orden de ideas, es oportuno mencionar que, paralelamente a la falta de institucionalidad, los gobernantes y la población han tomado inadecuadas decisiones en proyectos de desarrollo urbano, las cuales pueden haber sido ocasionadas por no contar con ningún sistema de control y monitoreo. La gestión urbana en el sistema nacional peruano, así como en la ciudad de Huancayo, no se basa en indicadores urbanos sistémicos (Martínez Vitor, 2019). En Huancayo, esto queda evidenciado en el fracaso de 17 planes urbanos desde 1943 hasta el plan 2006-2011, los cuales no cumplieron las metas planteadas y generaron, entre otras, las siguientes consecuencias:

• Crecimiento urbano espontáneo
• Estructura física espacial desarticulada del centro a la periferia
• Apropiación de las tierras de cultivo para usos urbanos, sin suficientes servicios básicos ni equipamiento

A pesar de que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento haya aprobado en el artículo 77 del Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA el uso e implementación de observatorios urbanos locales, estos no se están aplicando. Entre los principales beneficios de estos organismos, se encuentran: tener una base de datos, procesos de control estadístico, indicadores e índices para el diseño de políticas, estrategias, acciones y proyectos de desarrollo urbano (Martínez Vitor, 2019).

Por otro lado, los arquitectos Aldo Facho Dede y Fernando Poma Rozas (Espacea UC, 2021) hablan de la planificación estratégica del hábitat para construir ciudades más justas, que incrementen el bienestar de las personas, que les permitan desarrollarse en el marco de la democracia y que tomen en cuenta el ambiente y las culturas. Para ello, brindan una serie de estrategias:

• Entender los espacios habitados desde el ambiente y con su gente para, entre otros, conocer los problemas de fondo.
• Comprender la estructura administrativa y política.
• Dinamizar y acelerar la generación de riqueza e incidir en la reducción estructural de la pobreza y marginalidad, mediante la implementación y capitalización de proyectos estratégicos e integrales.
• Aportar a que la ciudad tome control del desarrollo urbano, participando del valor que le genera y reivindicando su fin social mediante los instrumentos de gestión y financiamiento del suelo.
• Acompañar y dar soporte a la implementación de los instrumentos de planificación ante las presiones y vaivenes políticos.

A partir de lo mencionado en el primer punto, se investigó como referente una organización que involucra a la población en sus proyectos para un mejor entendimiento y respeto del lugar: el Taller de Arquitectura Comunal, en México6. Este taller pone en práctica la producción y gestión social del hábitat (PyGSH):

Por producción social del hábitat entendemos todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas, que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines lucrativos. Parte de la conceptualización de la vivienda y el hábitat como proceso y no como producto terminado; como producto social y cultural y no como mercancía; como acto de habitar y no como mero objeto de intercambio. Se da tanto en el ámbito rural como en el urbano e implica diferentes niveles de participación social en las diversas fases del proceso habitacional: planeación, construcción, distribución, uso. (Ortiz Flores, 2007, p. 31)

A estos procesos se les aplica el término gestión cuando se hace énfasis en la toma de decisiones en las cuales la iniciativa social tiene un papel activo y reclama espacios de participación (Jerez, 2010). Los beneficios de la PyGSH se muestran en la figura 12.

Comunal (2020) también dividió en etapas la participación comunitaria como se observa en la figura 13.

Otro referente de las estrategias para lograr un crecimiento sostenible de la ciudad con una adecuada incorporación de las áreas periféricas al tejido urbano es el libro De ciudades emergentes a ciudades sostenibles (Rubio et al., 2016), que propone lo siguiente:

• Diseñar o actualizar planes metropolitanos y planes de ordenamiento urbano.
• Delimitar el área de expansión urbana y definir los límites campo-ciudad, considerando las zonas de protección (paisajística, agrícola, ecológica) y los mapas de desastres naturales.
• Promover que los ciudadanos participen en la producción del espacio.
• Implantar polos estratégicos de desarrollo económico y de equipamientos, así como mejorar la conectividad y el transporte público.
• Coordinar entre las entidades administrativas (nacionales y locales) y los municipios para lograr una gestión mancomunada de ordenamiento urbano, servicios urbanísticos, transporte, residuos sólidos, movilidad, agua y saneamiento, etcétera.
• Poner en marcha planes de expansión urbana sostenible y transformar el crecimiento urbano difuso en uno compacto y de calidad.
• Considerar la definición de la ciudad y su contextualización ciudad-territorio, así como darle la importancia al espacio rural que cumple múltiples funciones (producción de insumos, soporte de actividades, etcétera).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Luego de todo lo analizado y propuesto, la problemática actual es responsabilidad tanto de los habitantes de la comunidad como de las autoridades municipales, e involucra la clara necesidad de un trabajo equivalente de todos los actores, incluyendo a la academia. Asimismo, se requiere una ley de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo tanto para evitar invasiones y formación de barriadas, como para proteger los predios rurales.

Por otra parte, la conurbación está derivando en la absorción de zonas agrícolas, arboledas y riachuelos; y, en consecuencia, trae la pérdida de su biodiversidad; pero aún se puede evitar su completa desaparición. Es por eso que los procesos participativos estudiados por el Taller de Arquitectura Comunal son imprescindibles para poder llegar a una correcta integración de estos territorios rurales al tejido urbano, partiendo de las necesidades del propio lugar y de sus habitantes, siempre en la búsqueda de la sostenibilidad. Por tanto, es necesario concebirlos como espacios multipropósito y revitalizarlos de manera ecológica, cultural y económica para satisfacer las nuevas demandas sociales de calidad de vida.

Luego, a partir de este proceso participativo y acorde a lo mencionado por Pérez (2004), Entrena Durán (2005), Palacios (2015) y Haller (2017), se deben elaborar planes urbanos con enfoque multidisciplinario, que contemplen los espacios rurales y que tengan una clara definición de lo que esto significa (Fort et al., 2015), anticipándose así a que sean absorbidos por la urbe. Además, varios autores coinciden en que hace falta un marco institucional para una gestión articulada de los territorios periurbanos y rurales, para el correcto desarrollo de los mismos y de las comunidades campesinas que estos albergan. Concuerdan también en que esta gestión se dé de la manera más unificada posible entre los diversos organismos públicos y privados, en contacto siempre con la población.

Así también, sobre la base de lo expuesto en la sección de “Paisaje rural”, es posible convertir los espacios periurbanos en focos económicos importantes para la ciudad, gracias a la actividad agraria, ya que esta significa la única manera de que estos territorios sobrevivan la conurbación. Estos espacios son también un recurso de atracción turística gracias a su paisaje, cultura e historia. En adición, Mata Olmo (2004) afirma que el aumento social del bien paisajístico está relacionado con la calidad de vida, lo cual se evidencia en las grandes ciudades que ahora carecen de paisajes naturales.

Finalmente, en los planes urbanos referidos, se denota que las actuales zonas agrícolas de la comunidad están consideradas como áreas residenciales, lo que las sentencia a su extinción. Para esto, se propone que cada predio debe disponer un porcentaje no menor del 20 % (muy aparte del área libre necesaria) que pueda ser designado para sembríos. Por otro lado, en la entrevista, Fernando Poma sugiere que estos módulos pueden existir desde la habilitación urbana, considerando otro tipo de lotización que contemple como construido solo el 30 % o el 40 % del área, y el resto sea para huerto (comunicación personal, 7 de julio del 2020). Además, la zonificación en zonas aledañas a los cerros de la comunidad (lado este) debe responder a las características ambientales y sociales comunales. Asimismo, al no contar con una necesaria ley de suelo7 y debido a la no consideración actual de los árboles antiguos como activos ambientales necesarios, se sugiere implementar parámetros urbanísticos que respeten su existencia; es decir, la construcción de futuras vías y edificaciones contempladas en los próximos planes urbanos deberán considerar la permanencia de la población forestal.

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