ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Y DISEÑO PARA TODOS

Accesibilidad y teoría crip:
la redención del espacio

Accessibility and Crip Theory:
the redemption of space

Eska Elena Solano Meneses

Universidad Autónoma del Estado de México

0000-0002-4589-8331

Recibido: 26 de junio del 2021
Aprobado: 15 de febrero del 2022

doi: https://doi.org/10.26439/limaq2022.n010.5249

La teoría crip supone una confrontación a los fundamentos ideológicos tras los que subyace la exclusión en los entornos físicos de las personas con discapacidad. El objetivo de este trabajo es evidenciar la normalización del cuerpo, desde los supuestos de la teoría crip, como causa principal de la falta de accesibilidad en los entornos urbano-arquitectónicos. Metodológicamente se parte de la idea de la diversidad funcional para aproximarse a los preceptos de la teoría crip, para posteriormente analizar su repercusión en los planteamientos espaciales en la arquitectura y la ciudad a través de instrumentos de investigación de campo. Los resultados dan cuenta de una necesaria redención del espacio urbano arquitectónico, en que la accesibilidad sea una condición obligada.

accesibilidad, diversidad, espacio urbano, exclusión, teoría crip

Crip theory confronts the ideological foundations of the exclusion of people with disabilities in physical environments. This work aims to demonstrate the normalization of the body, from the assumptions of crip theory, as the leading cause of the lack of accessibility in urban and architectural environments. Methodologically, it starts with the idea of functional diversity to approach the precepts of crip theory and then analyses its impact on spatial approaches in architecture and the city through field research instruments. The results show a necessary redemption of the urban architectural space in which accessibility is obligatory.

accessibility, crip theory, diversity, exclusion, urban Space

1 Crip se traduce como “tullido” o lisiado en español, y supone una denominación que se contrapone a una mirada peyorativa o denigrante de la discapacidad, enarbolándola a manera de orgullo.

INTRODUCCIÓN

La teoría crip, así como las diversas formas de activismo de discapacidad, representan las formas más disruptivas y revolucionarias de reclamo del espacio urbano. Este activismo confronta los fundamentos ideológicos “capacitistas”, tras los que subyace la exclusión en los entornos físicos de las personas que no poseen un cuerpo estandarizado o normalizado.

Este trabajo tiene como objetivo evidenciar los imperantes paradigmas que desde el capacitismo1 promueven la normalización del cuerpo. Toma para ello los supuestos de la teoría crip, con el fin de interpelar la falta de accesibilidad en los entornos urbano-arquitectónicos. Analiza teóricamente la relación existente entre la exclusión y la diversidad funcional.

Metodológicamente se parte de la idea de la diversidad funcional para aproximarse a los preceptos de la teoría crip, que coloca el cuerpo en el centro de la discusión, para posteriormente analizar su efecto en los planteamientos espaciales en la arquitectura y la ciudad, a través de instrumentos de investigación de campo, como son observaciones directas y grupos focales. Los grupos focales se formaron con personas con diversidad funcional, a quienes se les preguntó acerca de los tres tipos de barreras que inciden en el espacio urbano: físicas, actitudinales e institucionales, así como las particularidades de cada tipo de barrera.

Los resultados dan cuenta de una necesaria redención del espacio urbano arquitectónico, donde se privilegie la inclusión y el respeto a los derechos de las personas con diversidad funcional, espacios urbanos donde la configuración no se apoye en el imaginario de un cuerpo normalizado, y en los que la accesibilidad sea una condición obligada.

METODOLOGÍA

Para desarrollar la presente investigación se establecieron cinco etapas comprendidas en el esquema metodológico que se muestra en la Figura 1.

De este modo, la metodología se apoya de manera inicial en un análisis teórico, que pretende ser descriptivo y diagnóstico, donde se entretejen las relaciones entre la accesibilidad, el espacio urbano, la teoría crip y el activismo, con la intención de comprender el contexto de esta lucha y los legítimos fundamentos de sus demandas.

En una segunda etapa se realiza una investigación de campo no experimental, ya que no se basa en la manipulación de categorías o variables, sino en la observación directa y participativa en espacios urbanos, así como en encuestas a grupos focales sobre la problemática que viven las personas con diversidad funcional.

Para el diseño del grupo focal se consideró lo siguiente:

Ello se hace para complementar un estudio que permita una aproximación de los aspectos teóricos a los pragmáticos, que determinan la manera en que este sector de la población se relaciona con el espacio urbano —definido por el espacio público, la infraestructura y el equipamiento—, que conduzca a nuevos lineamientos en materia de diseño y gestión urbana.

Como parte de la presente investigación, se integró un grupo focal de seis personas con diversidad funcional. El grupo se formó con dos personas con discapacidad motriz, dos personas con discapacidad sensorial, una persona con discapacidad intelectual y otra con discapacidad mental, intentando cubrir las diversas formas de discapacidad. Con este grupo se desarrolló un análisis doble de las barreras con las cuales se topan: barreras de actitud, físicas e institucionales. Estos conceptos serán considerados criterios de primer nivel.

Sobre la base de sus respuestas, en un segundo nivel se analizaron dos subcriterios para cada una de las tres barreras señaladas, con el fin de conocer las necesidades y demandas relacionadas con el espacio urbano. Estos subcriterios fueron:

Sus respuestas fueron sistematizadas en gráficas representativas para posteriormente realizar una triangulación entre la investigación teórica, la resultante de la observación y la que se obtuvo de los grupos focales.

Con esta triangulación se busca dar a conocer el problema de estudio desde diferentes ángulos y con ello fortalecer la validez y consistencia de los resultados para comprender las demandas de este sector sobre el espacio urbano.

ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO URBANO

El espacio urbano se ha de concebir como un lugar de encuentro y otredad, que, independientemente de su función práctica (por estar representado por el espacio público, el equipamiento, las vialidades y la infraestructura) ha de tener como eje principal la accesibilidad y, con ello, la inclusión de las personas que habitan y hacen uso de la ciudad.

Si bien el concepto de la accesibilidad es extensivo a todas las personas, resulta especialmente importante para los grupos más vulnerados, como las personas con diversidad funcional. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030, y los acuerdos de la Nueva Agenda Urbana (Hábitat III) (Organización de las Naciones Unidas, 2015), se refieren a la accesibilidad en su más amplio sentido: física, actitudinal e institucional, como un medio para alcanzar la igualdad y proteger los derechos de todas las personas. Al respecto, en el artículo 9 sobre la accesibilidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), firmada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2007, dice textualmente:

Los Estados Parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. (Organización de las Naciones Unidas, 2007, p. 10)

Desafortunadamente, estos compromisos no han sido atendidos, como señalan informes oficiales y alternativos ante la CDPCD: el diseño del espacio urbano, en el que rigen criterios de eficiencia, optimización y funcionalismo, si bien ha reconocido la necesaria inclusión a través del fomento de criterios de accesibilidad, escasamente se ha visto sometido a implementaciones con un verdadero compromiso. Mucho de ello se debe a la falta de conocimiento y empatía, pero, sobre todo, a que se mira bajo un enfoque económico, que implica costos que elevan el precio de las obras, y no bajo el enfoque de derechos, que presume un cumplimiento obligado que antepone el respeto a la voluntad.

La ausencia del enfoque de derechos en el espacio urbano implica un diseño urbano deficiente, donde prevalece la falta de accesibilidad universal, tanto en el entorno arquitectónico y urbano como en los sistemas de información, comunicación y transporte de la ciudad. La falta de reglamentos y normas vinculantes, de obligada sanción, así como las normas mal articuladas (inconsistentes o contradictorias entre sí), dan lugar a la reproducción constante de espacios e instalaciones excluyentes y omisos (Gobierno de México, 2018).

Ello provoca un continuo enfrentamiento, por parte de los grupos excluidos, con barreras en el entorno, que van desde espacios mal planeados y llenos de obstáculos (como postes, botes de basura y demás mobiliario urbano), hasta ausencia de rampas adecuadas en desniveles, de guías podotáctiles2, de semáforos sonoros o de señalización en braille, lo que deja en un estado de exclusión a personas de la tercera edad, enfermas, embarazadas o con diversidad funcional.

Contrario a la visión económica y utilitaria de la ciudad, de explotación y exclusión, se propone un concepto del espacio urbano desde la bioética y calidad de vida. Bajo este esquema, la accesibilidad se constituye en una característica indefectible para reconocer y promover el derecho a la ciudad, toda vez que impulsa “el proceso social de integración, respeto y responsabilidad hacia una espacialidad corresponsable” (Ipiña-García, 2019, p. 155).

La accesibilidad y la calidad de vida son dos conceptos estrechamente ligados, ya que la accesibilidad es una estrategia básica para la inclusión. Un espacio urbano será catalogado como accesible cuando su diseño considera un fácil acceso y salida, así como una cómoda interacción y comprensión para toda la población, independientemente de las características específicas de las personas o de su diversidad funcional (Department of Economic and Social Affairs, 2015).

Un espacio urbano accesible ha de considerar que existe un amplio espectro de personas, con una gran complejidad, y diferentes tipos de demandas espaciales determinadas por la clase de usuario, su forma de desplazamiento, así como sus requerimientos personales y culturales.

EXCLUSIÓN Y DIVERSIDAD FUNCIONAL

El término “diversidad funcional” es una propuesta para superar conceptos que siguen evidenciando los paradigmas supremacistas con los que se ha considerado la discapacidad desde las épocas más antiguas (Romañach & Lobato, 2007). Se intenta con ello eliminar términos calificativos y peyorativos, como “minusválidos”, “discapacitados”, “inválidos” o “atípicos”, así como eufemismos como “personas especiales”, “capacidades diferentes”, “enfermitos”, etcétera. A diferencia de estos conceptos, la diversidad funcional no está relacionada con enfermedad o deficiencias, ya que se aleja de las ideas normalizadoras del cuerpo humano que clasifican los cuerpos en perfectos e imperfectos. Lejos de este binomio, la diversidad funcional abre el abanico hacia un amplio espectro de formas y funciones del cuerpo humano, donde se reconoce que hay personas que no realizan funciones de manera convencional y que esto no les otorga más o menos valor que al resto de las personas.

Este término tiene su origen en 2005, en el seno del Foro de Vida Independiente, que toma como eje los derechos de las personas con diversidad funcional para enfrentar la exclusión de la que siguen siendo objeto. El concepto de diversidad funcional pretende resaltar la interseccionalidad que recrudece la opresión y la consecuente exclusión, ya que visibiliza la diversidad funcional como otra más de las formas de diversidad humana, sumándola a la religión, la diversidad cultural, el origen étnico, el género, la orientación sexual, etcétera, que de manera deliberada multiplican razones de discriminación hacia las personas con diversidad funcional (Toboso Martín, 2018). Bajo este contexto se alude a la diversidad como un valor presente y plausible, enriquecedor y propio de la naturaleza humana, buscando fortalecer el respeto y la dignidad de todos los seres humanos, y eliminar las múltiples maneras de exclusión.

Sin embargo, esta lucha reivindicadora de la diversidad es reciente, y a la fecha no ha logrado permear en las mayorías. El escenario más tangible de los paradigmas imperantes en la sociedad actual es la ciudad, el espacio donde las relaciones humanas se concretan y los conceptos de exclusión se materializan.

La exclusión en el espacio urbano ha sido instrumentada, de manera consciente o inconsciente, a través de barreras que dificultan o impiden la participación, la interacción y la satisfacción de necesidades de algunos grupos minoritarios, que van desde las más básicas hasta las más específicas.

Para efectos de este estudio se han de distinguir tres tipos de barreras:

Estas barreras constituyen una limitante que imposibilita y excluye, que estigmatiza e impone criterios capacitistas que vulneran los derechos humanos de las personas con diversidad funcional.

TEORÍA CRIP

La palabra crip es la apócope del término en inglés cripple, cuyo significado es “tullido” o “lisiado”, una denominación con una fuerte carga peyorativa y estigmatizadora. Justamente por ello, Robert McRuer (Moscoso Pérez & Arnau Ripollés, 2016) la propone para denominar una teoría que alude a las personas con diversidad, concediéndole un desafiante carácter de orgullo. El término “crip” increpa a los modelos precedentes de la discapacidad, criticando fuertemente el modelo médico por pretender reducir la discapacidad a una mirada patológica donde el objetivo es eliminar la enfermedad, pero al mismo tiempo se confronta con el modelo social, dado que sugiere que la “discapacidad” no existe, sino que es el entorno inaccesible quien la crea.

McRuer (2006) toma como impronta la teoría queer de Judith Butler para discutir una base cultural del concepto de discapacidad, argumentando que la sociedad demanda a los cuerpos una “capacidad obligatoria” que denomina able-bodiedness (capacitismo), y que ello constituye la base paradigmática de la que deriva la errónea concepción que asocia la discapacidad con la incapacidad. Así, los cuerpos con discapacidad se enfrentan a modelos sociales que los evalúan y discriminan respecto de los cuerpos válidos, un concepto naturalizado en el enfoque capacitista. Con el capacitismo se legitima la exclusión derivada de la normalización corporal que establece lo que se ha de considerar un cuerpo correcto (capaz de producir un beneficio económico, de ser “útil”), y lo que es, en consecuencia, un cuerpo incorrecto y no deseable.

La teoría crip discute el modelo social de la discapacidad, ya que ha separado los conceptos de disfunción o impedimento del concepto de discapacidad, argumentando que la disfunción o impedimento tiene un sustrato biológico, mientras que la discapacidad tiene un origen social (Universidad de California, San Francisco, 2018). Contrario a esto, McRuer asume que todos los conceptos surgen de construcciones culturales, afirmando que el concepto de disfunción o impedimento no existe sino como resultado de la construcción de significados y entendimientos sociales, ya que, según el enfoque capacitista, el cuerpo supone una mirada binaria que divide a los cuerpos en torno a su capacidad o discapacidad (Aulombard et al., 2011), adhiriendo connotaciones de validez o invalidez eminentemente culturales.

Estas validaciones del cuerpo han constituido la base del dominio capacitista, donde la relación de poder legitima y deslegitima los cuerpos sobre la base de su idea de “completitud” o capacidad funcional, construyendo miradas culturales sobre los cuerpos, sus prácticas corporales y sus interacciones. Es esta la raíz de los modelos de la discapacidad: para el modelo médico resulta imprescindible curar y rehabilitar un cuerpo “inválido” para lograr una aproximación al cuerpo “válido” (Aulombard et al., 2011), mientras que el modelo social centra su atención en la discapacidad, como un concepto construido social y culturalmente, pero reconociendo la disfunción o impedimento como una cualidad física y/o biológica.

En contraposición a los modelos médico y social de la discapacidad, la teoría crip trasgrede y confronta, al tiempo que ofrece un modelo de activismo radical y revolucionario. Según McRuer (2018), lo crip representa procesos de alteración intencionados, exponiendo “las formas en que la capacidad física y la capacidad mental se naturalizan; y las formas en que los cuerpos, las mentes y las deficiencias se eliminan” (McRuer, 2018, p. 27). La mirada crítica con que la discapacidad resiste y confronta las ideas rehabilitadoras o restauradoras, enarbola un orgullo que se asume como el origen del activismo crip. En síntesis, la teoría crip trata de reivindicar los cuerpos que no corresponden a los paradigmas formales, funcionales, sociales y de salud, alejándose del criterio que distingue la capacidad de la discapacidad, al tiempo que señala de manera cruda la exclusión visibilizada e invisibilizada que la mirada de la normalización ha generado.

EL ACTIVISMO Y EL DISEÑO URBANO

Frente a la exclusión flagrante de la que son víctimas, las personas con diversidad funcional han empezado a levantar la voz, exigiendo lo que por derecho les corresponde: la accesibilidad en los espacios urbanos. El activismo ha sido parte de su bandera de lucha, increpando la falta de acceso que tienen ante la falta de adecuaciones a los espacios.

Los inicios de estos movimientos tienen lugar en la década del setenta, en el seno del Movimiento de Vida Independiente que surge como respuesta a la toma de conciencia de las personas con diversidad funcional sobre las desigualdades sociales de que son motivo, sujetas a exclusión y desvalorización constante (Gómez Bernal, 2016), tras cuyo discurso nace el modelo social de la discapacidad. Con ello se hace hincapié en el compromiso y obligación de la sociedad de reconocer y eliminar las barreras y limitaciones impuestas a este grupo, así como de reconocer sus derechos y considerar a la diversidad como propia de la naturaleza humana, reivindicando el valor de la misma.

Este activismo, surgido inicialmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, ha ido permeando lentamente en el resto del mundo, bajo diferentes denominaciones, pero con un objetivo común: demandar los derechos y la dignificación de las personas con discapacidad.

Así, el activismo disca, como se le ha denominado en algunos países de América Latina, se enarbola con la teoría crip, para hacer reclamos de una manera contestataria, en un autorreconocimiento de la diferencia con la intención de impulsar transformaciones en la sociedad, comenzando por la visibilización y atención de las demandas aún no atendidas en el espacio urbano (Figura 2).

El activismo disca lucha por privilegiar una perspectiva de discapacidad, sobre todo en lo referente a políticas públicas (Rebollo & Palavecino, 2020). Se parte de la premisa de que la ausencia de personas con diversidad funcional en el espacio urbano no implica una baja tasa de este sector de población, sino una clara exclusión.

La teoría crip, en su esfuerzo por legitimar la diversidad, confronta los imaginarios urbanos sobre la discapacidad que aún se encuentran presentes. Estos imaginarios posibilitan la lectura de lo urbano, como resultado de las ideas imperantes, donde los paradigmas culturales se manifiestan en su diseño. Con ello es posible comprender cómo estos imaginarios han venido determinando cuáles formas de diversidad humana son aceptables y cuáles han de ser rechazadas (Cuesta & Meléndez Labrador, 2019), materializando estas prácticas en los espacios urbanos.

Como consecuencia, es necesario luchar por el cambio de paradigmas en los espacios urbanos para que las personas con diversidad funcional no sean vistas como personas disfuncionales o incapacitadas, para lograr espacios y ciudades sin exclusiones, al tiempo que se incluya a estas personas en la toma de decisiones.

Por ello, un fenómeno cada vez más frecuente en el diseño urbano es la participación en la toma de decisiones, a veces consensuada y en otras por reclamo, de grupos minoritarios antes invisibilizados que ahora exigen su derecho a la ciudad. Al respecto, Báez Urbina (2011) analiza los movimientos de oposición ciudadana y los define como:

Parte de las diversas reacciones observables en el espacio de lo público que reflejan las discrepancias existentes en lo social sobre las asimetrías de la estructura general de coste-beneficio que hay detrás de la provisión de bienes públicos que reflejan el desacuerdo existente en lo social sobre la distribución equitativa de la carga en la construcción de lo público. (Báez Urbina, 2011, parr. 4)

Coincidiendo con este activismo urbano, producto de desigualdades y de sectores que reclaman sus derechos, en un artículo titulado “Movimientos sociales, espacio público y ciudadanía: los caminos de la utopía”, Benjamín Tejerina (2005) señala que los movimientos sociales reflejan un doble proceso de crisis: “por implosión de la ciudadanía y por explosión de la política como espacio autónomo producido en el proceso de diferenciación social” (Tejerina, 2005, parr. 76). El espacio urbano se ha convertido en motivo, pero al mismo tiempo en escenario de lucha. Su reconquista ha conducido a expresiones de un activismo político, donde se visibilizan los grupos vulnerados, que busca una redención del espacio urbano, un derecho que les ha sido sustraído a las personas con diversidad funcional en razón de paradigmas capacitistas que las relegaron y excluyeron. Tejerina afirma que:

En relación con la explosión de la política como un espacio de diferenciación social asistimos a procesos de desdiferenciación social que nos obligan a repensar la distinción tradicional y las relaciones entre las categorías de lo personal y lo político, la esfera privada y la esfera pública. (Tejerina, 2005, p. 96)

El predominio o emancipación de lo público y de lo social aparece como un conjunto de luchas y reclamos personales que se reivindican en lo colectivo, en lo que algunos autores denominan “privacidad compartida”.

Destacando la oferta reivindicadora de inclusión de las personas con diversidad funcional en el espacio urbano, el reclamo desde el activismo crip supera lo que se denomina un acceso técnico y logístico, que ya sería un gran logro, ante su actual inexistencia. El activismo crip demanda un acceso liberador mediante el cual las personas con diversidad funcional no solo puedan ser parte de los espacios, sino participar plenamente en ellos (Mingus, 2018). Su lucha propugna comprensión y participación, y no solo tolerancia, cortesía y respeto.

RESULTADOS

Observación

La observación de los espacios urbanos, por sus propias características, queda restringida a lo tangible, que son las barreras físicas. Poco se puede percibir sobre las barreras actitudinales o institucionales.

El diseño de estos espacios urbanos, al no atender los requerimientos de las personas con diversidad funcional, deja excluidas a quienes utilizan sillas de ruedas. Los constantes cambios de nivel, las largas escalinatas, la ausencia de rampas, la presencia de texturas o alcantarillados en los pavimentos o los trazos laberínticos imposibilitan su uso por parte de quienes deben emplear ese dispositivo. Estas mismas barreras se acrecientan si se trata de una persona con discapacidad visual, ya que a las dificultades de circulación, se agrega la falta de elementos auxiliares, como guías podotáctiles, señalética en braille o recursos sonoros. Para el caso de las personas con discapacidad intelectual o cognitiva, los espacios complejos (de traza caprichosa o disposición confusa) o los materiales ambiguos (trasparentes o traslucidos) pueden ser un grave riesgo, al provocar pérdidas o choques. Esto se percibe en la Figura 3, donde se observa el acceso a un edificio restringido a una pronunciada escalera, unas rejillas que abarcan todo el ancho de la vereda, y un emplazamiento con formas y materiales poco pertinentes.

A este esquema se suma la falta de conocimiento sobre las necesidades de las personas con discapacidad, que se concretan en intervenciones poco útiles y poco acertadas, que en nada contribuyen a la mejora de condiciones de inclusión de estas personas en el entorno urbano.

En la Figura 4 es posible observar intervenciones que pretenden ser inclusivas, pero que acusan una falta de conocimiento y comprensión de los requerimientos de las personas con diversidad funcional: ello se aprecia en rampas colocadas sin continuidad, quiebres imposibles de realizar de una manera autónoma en una silla de ruedas por no considerar los radios de giro, o guías podotáctiles que privilegian cualquier mobiliario o infraestructura urbana.

Grupo focal

Con la intención de complementar este estudio, se conformó un grupo focal de seis personas con diversidad funcional, con las cuales se realizó un análisis doble de las barreras con las cuales se topan: barreras de actitud, físicas e institucionales. Estos conceptos serán considerados criterios de primer nivel.

De ello se desprende que, a pesar de ser evidentes e importantes las barreras físicas para las personas con diversidad, lo son más aún las actitudinales, quedando en primer lugar de entre los tres tipos de barreras evaluadas, las institucionales. La percepción del grupo claramente justifica el activismo político crip, que, si bien busca derribar las barreras físicas y actitudinales, evidentemente está visibilizando una raíz estructural que tiene más que ver con el Gobierno, manifestada en legislaciones y políticas públicas.

Por su parte, sobre la base de sus respuestas de primer nivel, en un segundo nivel se analizaron dos subcriterios para cada una de las tres barreras, con la intención de conocer a profundidad las necesidades y demandas vinculadas al espacio urbano. Estos subcriterios fueron los siguientes:

Sus respuestas fueron sistematizadas en gráficas representativas cuyos resultados se muestran a continuación:

Acerca de las barreras de actitud, se tomó en cuenta la participación e inclusión, entendiendo como participación el hecho de que todas las personas, independientemente de sus condiciones particulares, formen parte activa del entorno urbano y de las decisiones que se tomen en y para dicho entorno. Por inclusión se entiende la actitud en la cual impera de manera naturalizada la diversidad y heterogeneidad, como símbolo de riqueza y no de privilegio. Al respecto, un 83,3 % marcó como elemento más importante la inclusión, mientras que un 16,7 % señaló la participación (Figura 8).

Acerca de las barreras físicas, se consideraron las barreras estructurales y las de comunicación. Las barreras estructurales se refieren a aquellas generadas durante los procesos constructivos y de manera artificial: escaleras, desniveles, circulaciones, banquetas. Por comunicación se entiende la señalética en el entorno urbano. Al respecto, un
33,3 % marcó como elemento más importante las barreras estructurales, mientras que un 66,7 % se refirió a las de comunicación (Figura 9).

En lo que respecta a las barreras institucionales, se tomaron en consideración las políticas públicas y las legislaciones. Las políticas públicas enmarcan todas aquellas acciones del Gobierno que responden a un interés público con el fin de atender dificultades, y en donde participa la ciudadanía. Por legislaciones o leyes entendemos todas aquellas reglas o normas establecidas para regular las relaciones sociales, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción o pena. Al respecto, un 33,3 % marcó como el elemento más importante las políticas públicas, mientras que un ٦٧ ٪ se refirió a las leyes (Figura ١٠)

Los resultados dan cuenta de las barreras con las que se enfrentan las personas con diversidad funcional, las mismas que quedan evidenciadas en la investigación documental. El activismo disca y la teoría crip defienden la necesaria y justa inclusión de las personas con diversidad, como parte de sus derechos elementales, pero además teñida de dignidad y respeto, y no de tolerancia y cortesía. El espacio urbano ha sido escenario de exclusión como consecuencia de paradigmas capacitistas, que valoran y normalizan los cuerpos completos y perfectos, al tiempo que prescinden de aquellos que no se ajustan a ese esquema.

La observación directa demostró que en la medida en que el diseño del espacio urbano es configurado sin conceptos de diversidad, se convierte en autor de los procesos de exclusión que han dado pie al activismo que trasgrede y confronta dicha exclusión. Los lugares en los que impera la estética, el capricho, la indiferencia o la densificación vertical en aras de una optimización del espacio, han sido constantes muestras de exclusión en el espacio urbano.

Los resultados obtenidos con el grupo focal, si bien concuerdan con los que se obtuvieron en la revisión teórica y con lo observado de modo empírico, permiten conocer con mayor profundidad la fuente de dicha exclusión. Queda claro que las barreras más importantes con las que se enfrenta este grupo no son las físicas (que ciertamente existen), que lo que hay que atacar más fuertemente son las barreras actitudinales, y que el origen y la posible solución se encuentran en las barreras institucionales. De este modo, las barreras institucionales, sobre todo las legislaciones, son la raíz que genera, permite y perpetúa las diversas maneras de exclusión en el espacio urbano.

HALLAZGOS

Luego de este análisis sustentado en preceptos teóricos sobre accesibilidad, diversidad funcional, teoría crip y activismo, y en la revisión de los planteamientos espaciales en la arquitectura y la ciudad a través de un trabajo de campo (como observaciones directas y encuestas a grupos focales), podemos presentar los siguientes hallazgos:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Asegurar la accesibilidad e inclusión en los espacios urbanos de estos grupos vulnerados, si bien resulta fundamental, es solo la punta del iceberg para lograr un verdadero cambio en la sociedad, para que esta sea plural y se reconozca como diversa. La redención del espacio urbano no solo significa liberar a los grupos excluidos de una histórica e injusta situación impuesta por los paradigmas capacitistas, sino hacer de este espacio un escenario de todos, reivindicando los derechos de las personas con diversidad funcional.

Por todo ello, se recomienda promulgar una ley general de accesibilidad que impulse el camino hacia la inclusión, atendiendo las demandas del activismo.

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1 También definido como “capacitocentrismo”, alude a una forma de discriminación social que valora a las personas por su capacidad y las devalúa por su discapacidad.

2 Conocidas también como “tacto podales”, aprovechan las sensaciones y estímulos percibidos por los pies o al transitar por una superficie.