el camino hacia la modernización del poder judicial a través de la digitalización y el uso
de las tecnologías de la información
y la comunicación*

Rosa Isabel Espinoza Córdova**

Universidad de Lima, Lima, Perú

Michelle Stefany López Ramírez***

Universidad de Lima, Lima, Perú

Recibido: 30 de setiembre del 2023 / Aceptado: 23 de octubre del 2023

doi: https://doi.org/10.26439/iusetpraxis2023.n057.6695

RESUMEN. La función principal del Poder Judicial es resolver los distintos conflictos de intereses e incertidumbres jurídicas que se presenten en la sociedad para lograr el objetivo final de alcanzar la anhelada paz social. No obstante, la administración de justicia en nuestro país está lejos de considerarse eficiente, oportuna y eficaz para lograrlo. En el presente artículo exponemos y describimos cuatro deficiencias que aquejan al sistema judicial peruano —la sobrecarga procesal y la demora en los procesos judiciales, la falta de predictibilidad de las decisiones judiciales, la falta de interoperabilidad en el sistema judicial y la falta de acceso a la información de los justiciables ante el Poder Judicial— y plantearemos de qué manera la digitalización y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las diferentes latitudes, y específicamente en el Perú, nos dotan de las herramientas necesarias para encaminarnos hacia la

* Es un artículo derivado de la tesis titulada “La limitación de derechos fundamentales y principios procesales en la tradicional impartición de justicia durante el proceso judicial en el Perú y la necesaria incorporación de la digitalización y las tecnologías de la información y las comunicaciones” realizada por Rosa Isabel Espinoza Córdova y Michelle Stefany López Ramírez para obtener el grado de Bachiller en Derecho por la Universidad de Lima. Obtuvieron la calificación summa cum laude.

** Abogada summa cum laude por la Universidad de Lima (Perú) con diploma en Solución de Controversias. Representó a la Universidad de Lima en la edición XIII de la Competencia Internacional de Arbitraje organizada por la Universidad del Rosario y la Universidad de Buenos Aires (2020) y de la edición VIII de la Competencia de Arbitraje Internacional de Inversión (2021). Especialista en derecho procesal civil. Contacto: riec.2797@gmail.com

*** Abogada summa cum laude por la Universidad de Lima (Perú). Jefe de prácticas de la Universidad de Lima de los cursos Procesal Civil I y III. Especialista en derecho procesal civil y seguros. Contacto: michellelopez240@gmail.com

esperada modernización de la administración de justicia y, con ello, solucionar las cuatro deficiencias mencionadas y poder aspirar a contar con un Poder Judicial célere, eficiente, eficaz, transparente y predecible.

PALABRAS CLAVE: Poder Judicial / proceso judicial / sobrecarga procesal / duración de los procesos / interoperabilidad / transparencia / predictibilidad / digitalización / tecnologías de la información y la comunicación

THE ROAD TO MODERNISATION OF THE JUDICIARY THROUGH DIGITISATION AND THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ABSTRACT. The main function of the Judiciary is to resolve the various conflicts of interest and legal uncertainties that arise in the society in order to achieve the desired social peace. However, the administration of justice in our country is far from being considered efficient, timely and effective. In this article we expose the deficiencies that afflict the Peruvian Judicial System and how the digitalization and development of Information and Communication Technologies (ICTs) in different latitudes, and specifically in Peru, provide us with the necessary tools to move towards the expected modernization of the administration of justice, and thus be able to aspire to have a celere, efficient, effective, transparent and predictable Judiciary.

KEYWORDS: judiciary / judicial process / procedural overload / duration of processes / interoperability / transparency / predictability / digitalization / information and communication technologies (ICT).

1. INTRODUCCIÓN

Es una realidad que al sistema judicial peruano le falta un camino largo por recorrer para cumplir con brindar tutela jurisdiccional efectiva a todos los ciudadanos. Los datos cuantitativos y cualitativos nos demuestran que lo que predomina en la administración de justicia es la lentitud en la resolución de los procesos, la sobrecarga procesal, los bajos niveles de interoperabilidad, la falta de predictibilidad y el poco acceso a la información. Todo ello tiene como consecuencia una administración de justicia ineficiente e ineficaz. Asimismo, encuestas realizadas a la población nos permiten concluir que esta es la percepción que tiene la mayoría de los peruanos. Aquella situación es perjudicial en tanto los derechos de los justiciables se ven limitados.

En dicho contexto es importante buscar la forma de recuperar la confianza en el sistema de justicia. De esta manera, aparecen la digitalización y la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como una posible solución a los problemas identificados en el Poder Judicial del Perú. El desarrollo de estas herramientas inició hace bastantes años, de manera progresiva, y ha alcanzado distintos niveles a nivel mundial. Los países más desarrollados, que han podido orientar más recursos para aprovechar la tecnología aplicada en el campo del derecho, han obtenido resultados bastante favorables en términos de eficiencia y eficacia.

En el caso de nuestro país, si bien es cierto que se han ido incorporando distintas herramientas digitales, tanto antes como después del surgimiento de la pandemia de la COVID-19, estas se configuran como los primeros pasos a recorrer para llegar a la meta caracterizada por una necesaria revolución de nuestro sistema judicial hacia una era de digitalización y modernización. Un tiempo en el que podamos ser testigos de que los procesos judiciales se resuelven con eficacia; donde exista interoperabilidad en distintos niveles, tanto al interior como al exterior del Poder Judicial; donde predomine la transparencia, seguridad y servicios digitales, ya que de esta manera los beneficiados serán los justiciables, quienes podrán tener acceso a la información que necesitan y además podrán contar con las herramientas necesarias para realizar todos los actos procesales, trámites o requerimientos en el desarrollo de un proceso judicial. Ello, al mismo tiempo, beneficiará también a las instituciones involucradas en la resolución de dichos problemas, las cuales podrán ofrecer un servicio judicial de calidad.

Es así como planteamos la modernización del Poder Judicial en diferentes ámbitos, señalando propuestas que implican mejorar lo que ya tenemos en nuestro país, pero que al mismo tiempo buscan innovar y aprovechar aquellas herramientas tecnológicas que nos permitirían maximizar resultados y brindar un servicio de justica óptimo y de calidad.

2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA TRADICIONAL IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA

Antes del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y de la transformación digital que hemos vivido en los últimos cinco años de manera progresiva, la forma en la que funcionaba el sistema judicial al momento de impartir justicia era totalmente distinta. La tradicional impartición de justicia se caracterizaba por la presencialidad y el soporte de papel, lo que evidentemente generaba distintas barreras de acceso a la justicia.

Hoy en día, pese a la existencia de la incorporación de las TIC a nivel global, en el Perú existen problemas rezagados de la impartición de justicia tradicional que continúan afectando tanto la eficiencia y celeridad de los procesos judiciales como los derechos de los justiciables. Entre los cuales están los siguientes:

2.1 La sobrecarga procesal y la demora en los procesos judiciales

El país ha registrado un aumento constante en la cantidad de casos pendientes en el sistema judicial, lo que ha llevado a una sobrecarga procesal. Dicho problema tiene un sinfín de razones; sin embargo, lo primordial es que afecta la eficacia y eficiencia del sistema para resolver los casos de manera oportuna, lo cual perjudica de manera directa a los justiciables al momento de acudir en busca de protección de sus intereses o derechos.

A pesar de que el Código Procesal Civil establece un plazo para los actos procesales que se dan durante el proceso, lo cual nos brinda una duración promedio del mismo, en la práctica los procesos judiciales en Perú suelen ser sumamente largos. Esto se evidencia en los retrasos en la notificación de decisiones, la demora en proveer escritos, la programación de audiencias y la emisión de sentencias, entre otros actos. Esta situación se ve agravada por la excesiva burocracia que existe una vez que un ciudadano acude al Poder Judicial.

2.2 La falta de predictibilidad de las decisiones judiciales

Otro de los problemas con los que carga el Poder Judicial es la falta de predictibilidad de las decisiones judiciales. Al encontrarnos en un Estado de derecho, es importante la existencia de criterios uniformizados al momento de que los jueces resuelvan las causas. Ello permite, a todas luces, que se respeten los principios del proceso judicial, entre los cuales está la seguridad jurídica al momento de buscar tutela jurisdiccional efectiva acudiendo a los órganos jurisdiccionales.

No obstante, resulta insuficiente que, actualmente, solo se cuenten con diez plenos casatorios civiles vinculantes a nivel nacional en más de una década (doce años). Al no existir conocimiento de cómo se resuelve determinada materia o causa, el justiciable es abandonado en un estado de indefensión y puesto en las manos de la discreción —arbitrariedad— de los jueces que no resuelven de manera uniforme casos símiles.

2.3 La falta de interoperabilidad en el sistema judicial

La falta de interoperabilidad en el Poder Judicial genera complicaciones en la tramitación de los procesos, lo que afecta el tiempo de duración del mismo y eleva los costos de transacción, los cuales son trasladados, lamentablemente, a los justiciables.

El mismo Poder Judicial ha identificado cuáles son los principales problemas que impiden que este logre ser una institución interoperable, entre los cuales está “el compromiso de las entidades del SAJ, la ausencia de sistemas informáticos entre las entidades del sistema, la falta de políticas eficaces, la falta de plataformas tecnológicas para lograr la interoperabilidad y la escaza coordinación con las entidades del sistema” (Poder Judicial del Perú, 2020, p. 116).

Cuando nos encontramos inmersos en un proceso judicial, distintas instituciones del Estado están involucradas para resolver el conflicto de interés o incertidumbre jurídica y, aún más importante, estas otras instituciones también tienen relevancia al momento de asegurar la eficacia de lo resuelto, por lo que está relacionado con la carga procesal en la ejecución. En razón a ello, el Poder Judicial requiere, de manera imperativa, interoperar con otras instituciones a fin de intercambiar información de manera oportuna y rápida.

2.4 Respecto al acceso a la información de los justiciables ante el Poder Judicial

El último problema que merece ser materia de análisis es la falta de información y transparencia en el Poder Judicial. La información es el medio por el cual los justiciables pueden tomar conocimiento de cómo tramitar un proceso judicial y cómo resolver una incertidumbre o problema jurídico.

No obstante, en el país, la disponibilidad de información es de difícil acceso y entendimiento para un ciudadano promedio. Además, el intercambio de información genera elevados costos de transacción debido a que no se han incorporado las políticas públicas necesarias para que los justiciables puedan conocer de manera simple y rápida los datos que requieren al encontrarse en un proceso judicial. En definitiva, dicha falta de información acarrea incertidumbre jurídica en las partes del proceso y genera que se abran las puertas a actos de corrupción.

3. LA MODERNIZACIÓN EN EL PODER JUDICIAL A NIVEL GLOBAL

Los mismos problemas descritos anteriormente ocurrieron en su momento en distintos aparatos judiciales del mundo. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, mediante la innovación y el desarrollo, se fue modernizando la forma en la que se impartía justicia en los sistemas judiciales. Además, el desarrollo y modernización de las instituciones de justicia varía en cada latitud. No obstante, la mayoría de ellas ha pasado necesariamente por las siguientes etapas:

3.1 Ofimática

Dicho concepto es definido como el grupo de aplicaciones informáticas que permiten optimizar y automatizar los procesos y el entorno en el que se dirige una oficina. Es por dicha razón que la palabra ofimática está compuesta por oficina e informática (Concepto, 2021).

Dicha etapa fue trascendental para la forma en la que se procesaba la información. En los años setenta, se reemplazaron las máquinas de escribir con herramientas informáticas que ayudaban al procesamiento de texto. Asimismo, este tipo de herramientas, que son conocidas en la cotidianidad como Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access), permitieron que se crearan, almacenaran e intercambiaran datos desde distintas computadoras entrelazadas con una red de internet en los años ochenta.

Este desarrollo, que se dio principalmente a nivel empresarial, también impactó de manera sustancial el campo del derecho. Ello en la medida en que se posibilitó la automatización de algunas tareas tales como la contabilidad, el registro, la base de datos, etcétera. Además, dada la cantidad de cuerpos normativos existentes en el campo jurídico, se permitió también que toda esta fuera mejor registrada, organizada y, al momento de ser utilizada o modificada, pudiera ser actualizada más fácilmente. Todo ello cambió, en definitiva, la forma de organización de los tribunales, notarías y estudios de abogados.

3.2 Sistema de gestión procesal

Posteriormente, la siguiente etapa permitió un mayor desarrollo a nivel de administración en los tribunales judiciales. El sistema de gestión procesal es definido como

un conjunto completo de acciones que un tribunal emprende para monitorear y controlar la evolución de los casos, desde el inicio hasta el juicio u otro fallo inicial hasta la finalización de toda la labor judicial posterior a la sentencia, para asegurarse de que se haga justicia con prontitud. (Steelman et al., 2000, p. XI)

Esta nueva etapa permitió al personal administrativo de los tribunales tener un mayor control respecto a los seguimientos del mismo proceso, a fin de identificar los datos de las partes, la materia controvertida, agendar los plazos procesales y las distintas audiencias para un mismo juez o jueza.

En definitiva, todo ello permitió que se tuviera un mayor control y seguimiento sobre el número de casos que existía en los juzgados, las materias más recurrentes e identificar cuáles podían tomar más tiempo en ser resueltas. Toda esta nueva infraestructura tecnológica le permitió al Poder Judicial dar un paso agigantado respecto a su organización interna y también en la forma en la que informaba a las partes o terceros respecto al estado de su proceso de manera más rápida y organizada.

3.3 Interoperabilidad en los sistemas

La interoperabilidad surge como una herramienta en el campo jurídico que permitió que la información sea compartida de manera más certera, rápida y veraz. Ello en la medida en que se deja de lado el soporte de papel, medio por el cual la información tenía que ser ingresada numerosas veces sin conocer su veracidad o al dejar en manos del funcionario público de turno la legitimidad de esta. Todo ello sin tomar en cuenta el tiempo que tomaba dicho intercambio de información al ser de forma manual.

Sin embargo, esta etapa permitió que las distintas áreas del Poder Judicial pudiesen estar entrelazadas gracias al intercambio de información mediante herramientas tecnológicas programadas en un mismo lenguaje, a fin de que pueda ser comprendida tanto por quien la enviaba como por quien la recibía. Además, en esta etapa también se empezó a abrir las bases de datos entre instituciones y compartir los sistemas de gestión que se utilizaban entre las distintas entidades públicas, a fin de mejorar y uniformizar las políticas públicas utilizadas (Cordella & Continio, 2020, p. 42).

De esta manera, se redujo la cantidad de procedimientos que se tenía que realizar para obtener información de una instancia a otra o entre instituciones con las que trabajaba el sistema de justicia. Esto redujo los costos de transacción tanto en el área administrativa como el diligenciamiento que, finalmente, era asumido por el justiciable.

3.4 Expediente judicial electrónico

El expediente judicial electrónico (EJE) es la etapa en la que se encuentra la mayoría de los países latinoamericanos después del confinamiento a causa del COVID-19. Esta herramienta digital toma en consideración la mayoría de los actos procesales que realizan, tanto las partes como el juez, al momento de encontrarse en un proceso judicial.

De esta manera, el EJE toma en cuenta la presentación de todo tipo de escritos de manera virtual durante las veinticuatro horas del día, los medios probatorios documentales que son presentados por las partes, las notificaciones de las resoluciones emitidas por los jueces, la visualización del expediente completo, la programación de audiencias y los plazos procesales de manera virtual.

Como se podrá advertir, esta nueva TIC cambia diametralmente la forma en la que se tramita el proceso judicial y, por tanto, la forma en cómo los justiciables acceden al sistema de justicia. En esta nueva etapa, se deja de lado no solo el soporte de papel, sino también la presencialidad en las sedes del sistema judicial y la deficiencia en la notificación física que, sin duda alguna, tomaba más tiempo de lo habitual al tener que acudir físicamente a la dirección procesal de las partes, lo cual transgredía los principios de celeridad y economía.

Asimismo, esta nueva etapa permite mayor transparencia en cuanto a cómo se lleva el proceso judicial, ya que las partes podrán conocer y acceder a todos los actuados de forma digital sin el recelo de que escritos o resoluciones físicas se extravíen.

3.5 Inteligencia artificial

Esta etapa es caracterizada por ser la más avanzada de todas y cuenta con el uso de sistemas informáticos que simulan determinados razonamientos a fin de asistir en la resolución de determinados conflictos. Dichos sistemas son denominados como inteligencia artificial (IA), la cual ha sido implementada en algunos países más desarrollados, a fin de automatizar razonamientos ante las mismas soluciones a determinados problemas.

En el campo jurídico, se encuentran los sistemas jurídicos expertos que “son una aplicación informática que procura captar conocimiento y luego utilizarlo para emular el mecanismo de raciocinio de un experto humano, para la resolución de problemas concretos” (Aspis, 2010, p. 337). En ese sentido, lo que se hace es crear un algoritmo mediante el cual este tipo de inteligencia pueda ser “alimentada” y brindar un tipo de solución determinada.

Esta nueva etapa brinda, sin duda alguna, una solución a la saturación laboral de casos que son comúnmente símiles o iguales respecto al problema y solución que se debe proporcionar. Un ejemplo de quien la ha utilizado es China, mediante la implementación de una reforma conocida como juez robot, quien analiza la solución de millones de datos a fin de elaborar un veredicto. Este sistema es producido por la Fiscalía Popular de Shanghai Pudong, donde se establece que “este juez [robot] dicta un 97 % de las decisiones correctas tras escuchar los argumentos verbales, y su uso masivo serviría para reducir la carga de trabajo” (Otero, 2022). Este nuevo sistema es utilizado específicamente para resolver determinados delitos menores, tales como dictar veredictos sobre robos y fraude de tarjetas de crédito, así como juzgar a conductores negligentes.

Como se podrá advertir, todas estas etapas interfieren de manera directa en el proceso judicial; sin embargo, la aplicación de estas es diversa. Sin perjuicio de ello, se ha establecido que son básicamente tres áreas de aplicación de las TIC en el sistema judicial.

3.5.1 Los sistemas de seguimiento de procesos

Estos sistemas se encargan principalmente de ser una plataforma que permite registrar información del proceso a fin de que tanto el juzgado como las partes tengan conocimiento de los datos y documentos que se van ingresando durante el desarrollo del mismo. Esto permite conocer cuál es el rol que cada parte tendrá durante la actividad procesal.

Asimismo, respecto a la recopilación de información existente, esto permite que se tenga una base de datos en torno a los distintos cuerpos normativos existentes y a lo establecido a nivel jurisprudencial como doctrinario. De esta manera, tanto los jueces como las partes pueden tener conocimiento sobre cómo aplicar el derecho en la solución de las controversias.

Finalmente, la última función permite “la extracción de información para generación de estadísticas, labor en que las instituciones del sector se han fortalecido durante la última década” (Florez, 2011, p. 59). De esta manera, se cuenta con información respecto a qué políticas públicas deben ser implementadas o modificadas a fin de mejorar el servicio de justicia.

3.5.2 Los sistemas de control y gestión de procesos

Por otro lado, esta segunda aplicación toma en cuenta tanto la información documentada en las bases de datos como los proyectos que se buscan implementar, gestionar y operar.

En base a ello, estos sistemas permiten una mejor gestión dentro de la administración interna del Poder Judicial. Un ejemplo de ello es el sistema integrado judicial (SIJ) en Perú, mediante el cual se realiza un registro digital de hitos estadísticos que cuantifica la labor jurisdiccional. Asimismo, se establece un control en el registro de información mediante el formulario estadístico electrónico, lo cual permite contar con una base de datos compartidas entre los distintos órganos jurisdiccionales.

Todo ello permite la simplificación y agilización de las tareas del personal administrativo del Poder Judicial. Asimismo, los sistemas de control y gestión también permiten la incorporación de interfaces estadísticas que monitorean las políticas públicas implementadas con el fin de conocer si brindan el resultado esperado.

3.5.3 Los sistemas expertos jurídicos

En concordancia con Martínez Bahena, existen tres tipos de problemas. Los primeros son los problemas convergentes tipo 1, donde desde el inicio conocemos cuál es el criterio de solución del mismo. Posteriormente, están los problemas convergentes tipo 2, donde la solución al problema no se conoce, pero ese puede determinar al igual que los problemas matemáticos. Finalmente, están los problemas divergentes en donde, para un mismo problema, existen distintas formas de solución, como las controversias judiciales (Martínez, 2012, p. 833). Estos últimos problemas son los que los sistemas expertos jurídicos pretenden solucionar.

Los sistemas expertos jurídicos “son un sistema computacional que puede plantear posibles soluciones a determinados asuntos jurídicos aplicando el conocimiento experto, así como explicar sus razonamientos” (Martínez, 2012, p. 833). De esta manera, el sistema informático es nutrido con información y patrones de razonamiento para que tomen una decisión a un problema con relevancia jurídica. Este tipo de sistemas expertos jurídicos contemplan la etapa de inteligencia artificial mencionada anteriormente.

Estas etapas y aplicaciones han sido implementadas tanto a nivel judicial en distintos países, como en sistemas de justicia privados y virtuales. En cuanto a la implementación de estos en distintos países, contamos con el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires (Argentina), donde, en el año 2017, se implementó un sistema predictivo de IA llamado Prometea. Este sistema se encarga de elaborar dictámenes judiciales después de haber sido alimentado mediante una base de datos con casos similares que tienen la soluciones en precedentes judiciales.

Prometea ha significado un importante avance en cuanto a la eficiencia, celeridad y eficacia de los tribunales:

La reducción de 90 minutos a 1 minuto (99 %) para la resolución de un pliego de contrataciones, de 167 días a 38 días (77 %) para procesos de requerimiento a juicio, de 190 días a 42 días (78 %) para amparos habitacionales con citación de terceros, y de 160 días a 38 días (76%) para amparos habitacionales no autosuficientes, entre otros. (Estevez et al., 2020, p. 10)

Estas cifras no demuestran más que una reducción de tiempos al momento de resolver determinados requerimientos judiciales, lo cual significa, a su vez, una reducción en el proceso per se, mediante la utilización de IA.

Por otro lado, existen sistemas privados y virtuales que también se encargan de resolver controversias con la implementación del online dispute resolution (ODR). Una de las empresas que ha optado por implementar este sistema virtual de resolución de conflictos es Paypal, que es una empresa americana que permite transferencias bancarias de manera virtual a nivel internacional. Al ser una empresa que brinda un servicio de millones de transferencias, se generan reclamos, por lo que el centro de resolución de Paypal interviene de manera virtual para investigar y resolver los problemas en un plazo de diez a catorce días (PayPal, ٢٠٢3). Es importante mencionar que este tipo de solución de disputas en líneas es gratuito y se realiza mediante la plataforma en línea de la empresa, donde se obtienen resultados en un menor tiempo y con menos costos que lo que involucraría asistir a un tribunal.

4. LA DIGITALIZACIÓN Y LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN EL SISTEMA JUDICIAL DEL PERÚ

Es una realidad que estamos en una era digital y nuestro país no ha sido ajeno a las innovaciones tecnológicas que se han dado en el mundo. Para adaptarse a las nuevas necesidades jurídicas, se ha considerado como asunto esencial implementar cambios en nuestro sistema judicial. En ese sentido, se han elaborado hasta doce documentos que han buscado lograr la reforma de justicia en los últimos treinta años (Decreto Supremo 12-2021-JUS). Paralelamente, sobre todo a partir de la pandemia del COVID-19, se ha incrementado el uso de distintas herramientas tecnológicas en el Poder Judicial que, obstaculizando el funcionamiento habitual de impartición de justicia, provocó una acelerada introducción de las TIC en él.

Con el uso de dichas tecnologías, se han podido apreciar claras mejorías en comparación a cómo se desarrollaba el proceso antes. Sin embargo, aún nos encontramos alejados de los países desarrollados que han podido innovar y aprovechar estas herramientas en mayor medida y, por tanto, han podido ofrecer un servicio de justicia más óptimo. En ese sentido, es importante analizar las principales innovaciones tecnológicas que se han dado en el Poder Judicial del Perú para poder plantear propuestas de mejora y así, dentro de nuestras posibilidades, acercarnos a dar ese salto tecnológico que tanto necesita nuestro país.

Estas innovaciones iniciaron en el 2008, con la incorporación de la herramienta Consulta de Expedientes Judiciales (CEJ). Luego de ello, se han ido implementando otras herramientas que han permitido que el proceso judicial se modernice y sea más célere, eficiente, eficaz, transparente y predecible. Por ello, se hará mención de las TIC que han contribuido a la evolución tecnológica dentro del sistema judicial, con las que se aspira a tener un sistema más accesible y que vele por el respeto de los derechos fundamentales de los justiciables.

4.1 Consulta de Expedientes Judiciales (CEJ)

Este aplicativo web fue creado en el 2008, pero empezó a operar en la página web del Poder Judicial en el año 2010. Su objetivo es que las partes o cualquier tercero puedan conocer el estado de los procesos judiciales, así como las resoluciones que se han emitido desde la interposición de la demanda y toda la información relevante respecto al proceso en tiempo real.

Asimismo, esta herramienta es totalmente gratuita y de libre acceso para el público en general. A través de ella se puede conocer el estado de todos los procesos judiciales, a excepción de los penales, pues son de carácter reservado.

La implementación de esta TIC ha sido notablemente beneficiosa. En lo que respecta a los justiciables, estos pueden tener la información necesaria de las distintas actuaciones procesales que se han llevado a cabo desde el inicio del proceso (con excepción del contenido de los escritos), lo que favorece a su derecho a la información, en tanto les permite contar con más herramientas para ejercer idóneamente su derecho a la defensa. Por otro lado, esto también permite economizar tiempo y dinero, ya que no es necesario acercarse al juzgado, dentro de un horario limitado, para consultar por el estado de procesos.

4.2 Sistema de Notificaciones Electrónicas (Sinoe)

La implementación del Sinoe ha sido progresiva y tiene como objetivo dejar atrás el engorroso, tardío y complejo modo físico de notificación. Es una alternativa que permite que los usuarios, a través de una casilla electrónica brindada por el Poder Judicial, puedan recibir las resoluciones judiciales y, con ello, empiece a correr el plazo para interponer los recursos o actos procesales pertinentes. Además, cada notificación puede ser descargada junto a la cédula, donde consta la fecha de notificación, la resolución y escritos de las partes o terceros que el juez haya adjuntado.

El Sinoe ha traído numerosos beneficios, como ahorrar los costos del Poder Judicial para que un notificador se acerque al domicilio de las partes, así como también evitar destinar dinero para la impresión y almacenamiento de las resoluciones. Asimismo, se evitan problemas como las notificaciones incompletas, extraviadas o adulteradas.

Sin embargo, no solo ha permitido ahorrar recursos, sino que también implica un ahorro de tiempo, ya que el acto de notificación de esta manera es automático y no toma el tiempo que toma la notificación física, lo que evita que el proceso se torne aún más lento y poco eficaz.

Esta herramienta ha sido bien acogida por el Poder Judicial, en tanto que en el 2009 solo hubo dos notificaciones electrónicas; no obstante, en el 2020 ya contábamos con 9 910 722 notificaciones de este tipo (Secretaria Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico del Poder Judicial, 2021).

4.3 Remate Electrónico Judicial (Remaju)

Esta herramienta ha sido implementada en el 2017, su objetivo es administrar de manera virtual los remates y las diversas operaciones electrónicas relacionadas a ellos, como la programación, el registro de los postores y la asignación de la sala de remate y sus resultados.

En la página web se puede revisar los remates publicados día a día. Los interesados se pueden inscribir como persona natural o jurídica, incluso se puede participar como postor. Los postores pueden realizar sus ofertas durante veinticuatro horas hasta que gane la más cuantiosa. Cuando se declara al postor ganador, el pago del inmueble debe realizarse en tres días a través de un depósito electrónico judicial. Luego, el juzgado lo valida y el Remaju genera el certificado digital del postor ganador, que se envía a su casilla electrónica.

Después se informa de ello al juzgado y este emite la resolución en la que lo declara como nuevo propietario del bien, así como también los partes para que se inscriba al nuevo titular del inmueble en Registros Públicos, lo que levanta los gravámenes existentes.

Esta plataforma genera no solo un ahorro de tiempo, sino de costos de transacción, al mismo tiempo que reduce actos de corrupción de grupos interesados en la manipulación de los remates judiciales.

4.4 Expediente Judicial Electrónico (EJE)

Esta TIC implica un cambio significativo respecto a la forma en que se lleva el proceso judicial, en tanto que comprende aplicaciones tecnológicas cuyo objetivo es convertirlo en un proceso célere, eficiente, eficaz, transparente y predecible. Los elementos que componen el EJE son los siguientes:

a. La mesa de partes electrónica (MPE), que permite que todo tipo de escrito sea presentado de manera virtual a cualquier órgano jurisdiccional en cualquier momento. Esta herramienta tomó mucha relevancia durante la pandemia del COVID-19, ya que, en mayo del 2020, el Poder Judicial estableció que todos los escritos podían ser presentados a través de ella, a fin de preservar el derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía. Para diciembre del 2020, se ingresaron 1 882 180 escritos no EJE (Secretaria Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico del Poder Judicial, 2021).

b. El Sinoe (ya explicado en un acápite anterior).

c. El visor de expediente, que permite visualizar todos los actuados presentados a lo largo del proceso, tanto por los miembros del juzgado como por las partes.

d. La firma digital, cuyo objetivo es validar la autentificación de los documentos y brindarles eficacia jurídica.

Gracias al EJE, el proceso se automatiza per se, lo que reduce costos operacionales y trámites burocráticos, facilita el acceso de la ciudadanía al sistema judicial de manera virtual las veinticuatro horas del día y genera ahorro de tiempos de traslado y esperas, propios de la presencialidad. En general, con esto se logra mayor eficiencia, transparencia y eficacia.

4.5 Jurisprudencia Nacional Sistematizada

Esta herramienta de acceso para el público en general contiene todos los tipos de preceptos jurídicos vigentes en el sistema legal, lo que permite que las partes de un proceso —abogados o cualquier persona— puedan tomar conocimiento de los lineamientos que siguen los jueces al momento de resolver conflictos. También permite acceder a ejecutorias, jurisprudencia uniforme, resoluciones relevantes, ejecutorias vinculantes, resoluciones sobre anulación y ejecución de laudos arbitrales, etcétera.

Esta plataforma permite que los ciudadanos conozcan las decisiones judiciales relevantes y así puedan tener en consideración la manera en que los magistrados resuelven ciertos litigios, lo que contribuye a la predictibilidad del sistema judicial. Consecuentemente, así los justiciables tienen mayor información para elaborar su estrategia jurídica al momento de ejercer su derecho a la defensa.

4.6 El Juez te Escucha

Se implementó este aplicativo web con el objetivo de ahorrar tiempo y que los ciudadanos no vean limitado su derecho de defensa durante la pandemia. En marzo del 2021, se dispuso su uso obligatorio en todos los órganos jurisdiccionales del país, con excepción de los penales. A través de esta herramienta, se puede agendar una cita por internet con el magistrado encargado de un proceso por las siguientes causas: demora en la sentencia, demora en la calificación de la demanda, demora en elevación de expedientes y advertencia de vicios procesales. Una vez programada la cita, el usuario debe ingresar a la plataforma, en la fecha y hora seleccionada, para tener una reunión virtual con el juez.

Hasta diciembre del 2021, se agendaron más de 278 293 citas a través de este aplicativo; sin embargo, del total de las citas solicitadas, solo se atendieron 181 067, lo que determina que su efectividad fue del 66 %, como manifestó Elvia Barrios Alvarado (Comisión de Integridad Judicial, 2022). Es por ello que es importante velar por el correcto funcionamiento de este aplicativo web, para que los ciudadanos puedan efectivamente comunicarse con el juez de manera virtual y rápida, y contribuir a que el trámite del proceso sea más eficiente y sin dilaciones innecesarias.

4.7 Plataformas virtuales para la realización de audiencias

En junio del 2020, se aprobó, a nivel nacional, el “Protocolo temporal para audiencias judiciales virtuales durante el periodo de emergencia sanitaria”, con el objetivo de ser la guía para la realización de audiencias virtuales a través de herramientas tecnológicas.

Para ello era necesario que el órgano jurisdiccional y las partes cuenten con una computadora o laptop, una conexión de banda ancha, una cámara y un micrófono integrado o conectado. Asimismo, los participantes deben ingresar a través del enlace web remitido en la resolución de fijación de la audiencia virtual, la misma que es grabada por el órgano jurisdiccional.

La virtualidad de las audiencias fue determinante porque permitió seguir impartiendo justicia en tiempos de pandemia. De marzo del 2020 a diciembre del mismo año, se realizaron 731 574 audiencias virtuales en el ámbito nacional (Decreto Supremo 012-2021-JUS, pp. 86-87). Esta forma de llevarse a cabo las audiencias ha generado grandes beneficios como permitir que las partes o sus abogados puedan asistir a las mismas desde cualquier lugar, solo contando con el equipo tecnológico requerido, sin necesidad de acercarse a los juzgados, lo que posibilitó también que participen aquellas personas que no se encuentren en la jurisdicción.

4.8 Módulo de Atención al Usuario (MAU)

A través de esta herramienta, implementada en febrero del 2020, los ciudadanos pueden realizar pedidos de mero trámite y solicitudes de impulso procesal de manera virtual. Así, se puede solicitar lectura de expedientes, devolución de anexos, entrega de endosos, oficios o partes, emisión de notificaciones, calificación de reclamos, prueba de escritos, entre otros. Solo se debe llenar los datos del solicitante, el número de expediente y el órgano jurisdiccional a cargo; luego, el sistema genera un número de ticket, y el solicitante es atendido y respondido a través de correo electrónico en máximo dos días.

Según diversos usuarios, las solicitudes no son respondidas en el tiempo indicado, sino que tardan mucho en ser atendidas; en tal sentido, la tarea pendiente es velar por el correcto funcionamiento de esta herramienta, para que los usuarios puedan contar con la información que les permita ejercer su derecho a la defensa y, también, llevar a cabo los actos necesarios para poder impulsar el proceso, para lograr así ahorrar tiempo y dinero.

4.9 Casilleros Digitales de Jueces y Juezas

A partir de junio del 2021, se determinó el uso obligatorio de esta herramienta en la Corte Suprema y las cortes superiores del país, con el objetivo de que los ciudadanos puedan conocer, en cualquier momento, las decisiones judiciales emitidas por los magistrados.

Gracias a esta herramienta, todas las resoluciones que emita cada juez o jueza se almacenan automáticamente en el casillero individual que le pertenece a cada uno. Acceder a dicha información les sirve a los ciudadanos para conocer en qué sentido resuelven los jueces, así como para analizar si se sigue una línea jurisprudencial uniforme.

Según varios usuarios, la búsqueda de algunas resoluciones resulta un tanto compleja, por lo que sería importante perfeccionar dicho aspecto. Esta herramienta incrementa los niveles de transparencia con los justiciables y, además, sirve como un mecanismo de control de los ciudadanos, no solo al incentivar a los jueces a seguir una línea jurisprudencial uniforme, sino también porque permite advertir si se dan situaciones irregulares en las resoluciones emitidas por aquellos jueces y juezas.

4.10 Módulo de Atención de Servicios Integrados (MASI)

Se implementó en septiembre del 2021, con el objetivo de que el personal del Poder Judicial brinde diversos servicios a los usuarios de los distritos de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, tales como consulta y seguimiento de expedientes judiciales, presentación de demanda de alimentos o filiación (contando con defensa pública), presentación de denuncias por violencia familiar, emisión de reportes de seguimientos de expedientes judiciales, generación de citas electrónicas y mesa de partes física, generación de casillas electrónicas, generación de citas y cabina para entrevista con el magistrado mediante el aplicativo El Juez te Escucha, acceso al módulo del sentido de las decisiones judiciales, acceso al casillero digital electrónico de jueces y juezas, cabina para participar de las audiencias en procesos de alimentos, cabina para participar de las audiencias en procesos penales y emisión de antecedentes penales.

Esta herramienta permite acercar la tecnología al ciudadano de escasos recursos, al que no tiene acceso a ella, e incluso al que carece de conocimiento sobre su uso y les otorga una respuesta pronta y oportuna, a través de una asistencia personalizada transparente y eficaz en aquellos aspectos tecnológicos que los ciudadanos requieren conocer para poder impulsar, seguir la tramitación y la resolución de sus procesos judiciales.

4.11 Chatbot PJ

Esta herramienta, implementada en enero del 2022, tiene como función brindar al ciudadano información o respuestas automáticas en relación a los servicios judiciales que brinda el Poder Judicial, a través de la mensajería instantánea de WhatsApp. La segunda versión, además, brinda oportunamente información de las actas de audiencias, resoluciones de los actos procesales emitidos por los despachos y otros documentos digitalizados de los procesos judiciales.

Gracias a esta innovación, los ciudadanos cuentan con una herramienta simple y ampliamente conocida, por medio de la que pueden acceder a la información necesaria para saber cómo y en qué situaciones pueden acceder al Poder Judicial en busca de tutela jurisdiccional, así como para conocer determinados documentos y actuaciones procesales.

5. PROPUESTAS INTEGRALES MEDIANTE EL USO DE LAS TIC Y DIGITALIZACIÓN A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

5.1 Propuestas para aliviar la sobrecarga procesal y la duración de los procesos

Sin duda alguna, la implementación adecuada y supervisada de las TIC en el proceso judicial permite la agilización de las actuaciones procesales, lo que incide de manera indirecta en aliviar dicha sobrecarga procesal. Si bien es cierto los miembros que conforman un tribunal aún tienen que calificar la demanda, emitir resoluciones y señalar cuáles son los siguientes actos procesales para emitirse, no es menos cierto que mediante la implementación de algunas TIC como el EJE, Sinoe y MAU se permite una mayor eficiencia y celeridad en los procesos, lo que de alguna manera permite contar con una justicia menos tardía.

Asimismo, es importante que exista una precisión de datos estadísticos respecto a la sobrecarga procesal. Ello en la medida en que la carga procesal solo toma en cuenta los procesos ingresados, resueltos y pendientes en un periodo anual. Sin embargo, no es posible que no se tomen en cuenta datos estadísticos como la vía procedimental (conocimiento, abreviado y sumarísimo) o las materias del proceso (nulidades, indemnizaciones, resoluciones, etcétera).

Ello en la medida de que no es lo mismo que un juzgado tenga pendiente una determinada cantidad de procesos de conocimiento a que tenga dicha misma cantidad de procesos sumarísimos. La complejidad de los procesos también debería ser un dato estadístico que se conozca al momento de tomar en cuenta la sobrecarga procesal que tenga un juzgado, ya que al conocer esta información se podría realizar mejores distribuciones de casos.

5.2 Respecto a los bajos niveles de interoperabilidad

Si bien es cierto, han existido avances respecto a la interoperabilidad, tales como la implementación de marcos normativos y la obligatoriedad de las instituciones de implementar sistemas que sean compatibles con otros a fin de compartir información, es importante que se tome en cuenta también que estos sistemas deben ser constantemente actualizados, a fin de no devenir en obsoletos.

Asimismo, en concordancia con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733), se debe dar una capacitación adecuada a los funcionarios públicos con el fin de que conozcan cuáles son las responsabilidades legales a las que se enfrentan en el supuesto de que utilicen la información personal de los ciudadanos para fines que no corresponden al proceso judicial.

Finalmente, no se debe dejar de lado la necesaria implementación de convenios marco interinstitucionales, con el fin de que las entidades públicas se comprometan a cooperar activamente para crear un gobierno electrónico entrelazado que permita la eficiencia y transparencia en lo referente a su aplicación a nivel judicial. Asimismo, también es trascendental la celebración de convenios específicos mediante los cuales se establece cuál es el proyecto que se busca implementar, los objetivos y de qué manera beneficia a las entidades involucradas.

Mediante este tipo de convenios se ha logrado distintos avances: este año se celebró el convenio 2 de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, mediante el cual ambas entidades establecen objetivos para “lograr la interoperabilidad de expedientes y la transferencia de metadatos digitalizados tanto del Sistema Integrado Judicial (SIJ) del PJ con el Sistema Integrado de Gestión de Expedientes- SIGE del TC” (Tribunal Constitucional, 2023).

5.3 Propuestas para garantizar un mayor acceso a la información

Se han analizado diversas herramientas tecnológicas que se han implementado en nuestro país con el objeto de favorecer el acceso a la información. Es imperante seguir mejorando en este aspecto, por lo que el siguiente paso debería ser optimizar el funcionamiento de la página web institucional del Poder Judicial. Por ejemplo, implementar un buscador que permita realizar búsquedas sencillas y no exhaustivas de los datos que se requieran, asimismo garantizar que efectivamente se pueda acceder a los servicios de intranet. Otro aspecto importante sería que, tomando en cuenta que la página funciona a nivel nacional, se considere el funcionamiento de la misma en otros idiomas oficiales, a fin de que no se limite el acceso a la justicia de quienes no tienen al castellano como lengua predominante.

Por otro lado, resulta sumamente importante buscar formas para que los beneficios de estas herramientas sean aprovechadas por gran parte de la población. En ese sentido, se propone la creación de módulos de atención al usuario en cada corte, en los cuales el personal capacitado del Poder Judicial brinde información a los ciudadanos respecto a variados trámites procesales, así como instruirlos en el uso de la página web del Poder Judicial y de las distintas herramientas digitales, para así no dejar atrás a quienes aún no cuenten con acceso a internet o no sepan utilizarlo.

5.4 Propuestas para incrementar la predictibilidad de las decisiones judiciales

La predictibilidad de las resoluciones judiciales es importante en tanto genera seguridad jurídica. Para contribuir a ella, por un lado, tenemos a los plenos casatorios (decisiones de la Corte Suprema que generan precedente vinculante) que nos indican el sentido en que se resolverán las materias. No obstante, como se ha mencionado previamente, hasta ahora solo contamos con diez plenos casatorios civiles. En ese sentido, es necesario contar con otras herramientas que nos permitan tener un sistema judicial predecible.

Siguiendo esa línea, contamos con los Casilleros Digitales de Jueces y Juezas, los que permiten que los ciudadanos conozcan las resoluciones emitidas por los jueces. Sin embargo, lo que se necesita es implementar una mejora para que, efectivamente, cumpla su función. Sería provechoso poder realizar una búsqueda por “sumilla” y “por aplicación normativa”, para que así los usuarios coloquen palabras clave y accedan solo a ciertas resoluciones emitidas por dicho juez o jueza, relacionadas con la materia o las normas aplicables a su caso, y así conocer cómo resuelven los jueces en casos similares.

De esta manera, los justiciables que ingresen al casillero digital ya no tendrían acceso a la totalidad de resoluciones emitidas por el juez, sino solo a aquellas que le interesan. Asimismo, los casilleros podrían contener actuaciones no escritas, como el desenvolvimiento del juez en las audiencias, y así tener una idea de cómo el juez guía las actuaciones orales.

5.5 Otras consideraciones a fin de materializar la modernización del Poder Judicial

Si buscamos una modernización global del Poder Judicial, es evidente que hay otros asuntos transversales que también merecen atención. Los problemas subyacentes que impiden que la administración de justicia sea óptima incluyen la corrupción, la rápida rotación de trabajadores, los bajos salarios al personal jurisdiccional y administrativo, retraso en la adecuación normativa, etcétera. Son varios obstáculos por superar; sin embargo, hay algunas acciones que pueden llevarse a cabo para que la implementación de tecnología al campo de derecho genere resultados positivos.

REFERENCIAS

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Comisión de Integridad Judicial. (2022, 5 de enero). Discurso de apertura del año judicial 2022 parte 3 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=OdHDaEhTn6o

Concepto. (2021). Ofimática. https://concepto.de/ofimatica/

Cordella, A., & Continio, F. (2020). Tecnologías digitales para mejorar los sistemas de justicia. Un conjunto de herramientas para la acción. Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Tecnologias-digitales-para-mejorar-los-sistemas-de-justicia-un-conjunto-de-herramientas-para-la-accion.pdf

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